El año 2000 ha sido últimamente significativo en balances sobre acuerdos internacionales en educación y para el seguimiento de los compromisos asumidos por nuestros países respectos a los derechos de la niñez y la adolescencia.

A iniciativa de la UNESCO se realizó una evaluación de los 20 años del Proyecto Principal de Educación en América Latina y El Caribe. El documento de la evaluación de los tres objetivos que inspiraron el Proyecto Principal –asegurar la escolarización de los niños en edad escolar; mejorar la calidad y eficiencia de los sistemas educativos; y, eliminar el analfabetismo antes del fin de siglo- será una referencia necesaria para las recomendaciones que elaboren los Ministerios de Educación de la Región reunidos en Cochabamba a principios de 2001.

Otros dos eventos importantes se han producido este año. El primero fue el Foro Mundial de Educación de Dakar (Senegal) realizado en abril. Después de diez años de la Declaración Mundial de Educación para Todos, este Foro concluyo que la promesa de una educación de calidad para los millones de niños, niñas y adolescentes pobres de nuestro continente quedaba aplazada hasta el año 2015.

Lograr esta meta exige una gran cruzada que comprometa a los organismos multilaterales, a los estados nacionales, a las instituciones no gubernamentales y a la sociedad en su conjunto en cada uno de los países.

Asimismo, demanda una disposición profesional, moral y ética para una acción prospectiva que implique reducir, de la manera más rápida posible, la exclusión en la que están inmersos nuestros niños, niñas y adolescentes.

En setiembre del 2000 la Reunión Ministerial sobre Niñez y Política Social, realizada en Kingston (Jamaica), inicio la evaluación del Plan de Acción adoptado en la Cumbre Mundial por la Infancia de 1990. Esta evaluación, que también se realiza a diez años de la vigencia de la Convención sobre los Derechos del Niño, culminará en setiembre del 2001 en Nueva York.

Es clave que desde la UNESCO y del recientemente constituido Grupo de Trabajo sobre Educación para Todos, surjan iniciativas destinadas a realizar el seguimiento a los Acuerdos del Foro de Dakar, así como reuniones para movilizar voluntades nacionales, concertaciones y el financiamiento que hagan posible el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

Este clima de balances, acuerdos y prospectivas es también urgente en nuestro país. Exige el doble esfuerzo de democratizar el Estado peruano y la política educativa, en el entendido de que existe una indisoluble relación entre sociedad educadora y educación pública, tal como se ha manifestado en anteriores editoriales.

Esto se señala a propósito del complejo proceso político que estamos dejando atrás. Hemos asistido al espectáculo indignante y doloroso causado por el estilo autoritario de un régimen –el del ex presidente Fujimori-, implicado además en un sistema de corrupción que finaliza vergonzosamente.

Para gran satisfacción de los peruanos se ha abierto un proceso político que deseamos ayude a la construcción de la nueva institucionalidad democrática que el Perú exige. La elección del gobierno transitorio del presidente Valentín Paniagua y la constitución del nuevo gabinete son cambios positivos y alentadores. La reconstrucción y reinstitucionalización democrática, con reivindicación de la ética, es una tarea fundamental.

El clima democrático favorecerá a los fines de la educación. Hemos constatado que cuando no es así la política educativa se trastoca, así como nuestro imaginario, nuestra conciencia y convivencia. Se vulnera la construcción de la sociedad a la que aspiramos, donde la educación aporte a la construcción del bien común y a la emancipación de las personas.

Si bien reconocemos que se han realizado esfuerzos puntuales para el mejoramiento de la calidad educativa, estos son insuficientes. Aun no se cumplen las sustantivas promesas que hagan posibles la vivencia y vigencia del derecho a una educación de contenido liberador.

Sabemos que los problemas de la educación no son atribuibles solamente al financiamiento inadecuado. Hay causas y factores múltiples. Sin embargo, el presupuesto asignado a educación es insuficiente para el mejoramiento de la calidad educativa y la vigencia de los derechos del niño. Mas aun, es insignificante frente al mayor presupuesto destinado a defensa nacional y al pago de la deuda externa.

Es preciso revertir esta situación con políticas y programas de renovación global. No es de esta manera como podremos asegurar que nuestros niños, niñas y adolescentes se sientan afectivamente comprometidos a aportar a la construcción de un país más justo y humano.

Esta constatación es fundamental para levantar una agenda prospectiva con amplia participación social y, de esta manera, democratizar la educación y diseñar una reforma educativa culturalmente coherente, significativa y e integral, que enfrente la exclusión y la inequidad.

Si bien todos estamos convocados porque la educación es tarea de todos, son los maestros y las maestras los primeros que deberían tomar parte en esta tarea. En la actualidad hay voces críticas respecto a estos fundamentales actores de la sociedad. Sin embargo, urge reivindicar su rol como profesionales de la educación y su contribución necesaria para plasmar políticas educativas nacionales con significación local, identidad y posibilitadoras de una pedagogía emancipadora.

Con este número de la revista queremos insistir en la reflexión y las propuestas para la educación peruana, de carácter urgente, unas, y de mediano y largo plazo, otras.

La evaluación de los aprendizajes es parte primordial de estas propuestas. Dar cuenta de lo que aprenden nuestros niños es una cuestión de ética y eficacia en la política educativa.

En esta nueva fase de la política educativa, aunque breve y con un nuevo Ministerio de Educación, presentamos estas propuestas para que contribuyan a cambiar el rumbo de la educación peruana.

Es preciso tomar en cuenta los aportes de Foro Educativo y otras entidades para llegar a un Acuerdo Nacional de mediano plazo que marque grandes derroteros para la educación peruana y el cambio social.

Los procesos político-educativos con perspectiva global son una invitación a movilizar ideas, actitudes y colectivos y, de este modo, a sentir que en este país podemos, y hay condiciones, construir nuestras utopías.

Nélida Céspedes Rossel, directora