Revista TAREA

EDITORIAL TAREA Nº 72

Vivimos coyunturas inciertas para las libertades y derechos de las ciudadanas y los ciudadanos del Perú. La movilización y la protesta social de las comunidades andinas y amazónicas son percibidas por el Estado como reclamos de personas que no quieren el “desarrollo y crecimiento” del país: le cuesta aceptar que son demandas por una inclusión real en el progreso y el bienestar. Frente a los pedidos de las comunidades, quienes se autoproclaman defensores de la paz, el mercado y el crecimiento económico han adoptado una postura férrea, y desarrollan una lógica cultural asimétrica y racista que se expresa en las relaciones de poder político. Como lo advierte Sylvia Schmelkes es esta edición de Tarea: “El racismo se incrusta en nuestras leyes, en las estructuras de nuestras instituciones, en la forma cómo éstas operan en lo cotidiano, en las relaciones humanas que ellas favorecen”, círculo que debemos romper si queremos un país democrático, diverso e intercultural.

En el ámbito económico, la crisis internacional ha impactado en el Perú: después de un crecimiento de entre 7% y 8% en el 2008, el 2009 el PBI no se incrementará en más de 1%. Esto significa que el Gobierno Central, las regiones y los gobiernos locales recibirán menos recursos públicos y que se continuará postergando la inversión en el desarrollo de las personas. Es muy posible, además, que el 2010 el Gobierno vuelva a incumplir el Acuerdo Nacional, que fijaba un incremento anual del presupuesto para la Educación hasta llegar al 6% del PBI. También estarían en riesgo los fondos públicos destinados a los presupuestos participativos y a la inversión pública por resultados, utilizados por los gobiernos regionales y locales para desarrollar proyectos concertados con líderes locales en sus comunidades, lo que incide en las condiciones de vida de la población.

Avanzar en el proceso de descentralización de la educación demanda reestructurar el Ministerio de Educación estableciendo las competencias exclusivas y compartidas entre los distintos niveles de gobierno. Asimismo, la elaboración de un anteproyecto de Ley de Organización y Funciones del Sector Educativo debiera ser fruto de un proceso de consulta antes de su presentación en el Congreso de la República, que tiene la responsabilidad de debatirlo y aprobarlo. La actual administración del Ministerio deberá aceptar que es vital fortalecer la gestión de las regiones, lo que supondrá que programas nacionales como el de Formación y Capacitación Permanente (PRONAFCAP) sean reestructurados y se abra paso a una real descentralización.

Es preocupante el anuncio de extender la municipalización de la educación a los 1 832 municipios distritales del país, pese al poco éxito mostrado por la mayoría de las experiencias piloto. Se requiere revisar rigurosamente los límites de esta iniciativa, y no seguir considerando que todos los municipios del país tienen iguales condiciones, porque de ese modo, lejos de mejorar la calidad de la educación, corremos el riesgo de profundizar las brechas de inequidad. Así ha sucedido en Chile, que aplicó este modelo desde la década de 1980, incluso con más recursos que los que se brindan hoy en el Perú.

Por otro lado, los resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes 2008 en comprensión de textos escritos y uso de números y operaciones en matemática expresan las brechas entre la zona urbana y la rural, que se profundizan en el caso de estudiantes con lenguas maternas distintas del castellano, una muestra más de la histórica postergación en que el Estado mantiene a esas poblaciones. Estos indicadores hacen urgente la implementación de políticas intersectoriales diferenciadas, sobre todo a favor de estos grupos, para incidir en los logros de aprendizaje y la mejora de la calidad de vida de las  familias.

Los cambios de rumbo de las políticas educativas sobre inclusión de la diversidad, presupuesto y descentralización se deben sustentar en los consensos ya alcanzados e incluso oficializados por el Estado: el Plan Nacional de Educación para Todos 2005-2015 y el Proyecto Educativo Nacional al 2021, considerados “una propuesta de cambio, de ruptura con un pacto implícito de discriminación y mediocridad”.

José Luis Carbajo