Revista TAREA

EDITORIAL TAREA N° 71

Al comenzar a escribir el editorial, no puedo dejar de reflexionar sobre dos hechos tan importantes como son la condena por la violación de los derechos humanos al ex presidente Alberto Fujimori y la vejación racista a la congresista quechuablante Hilaria Supa de parte del diario Correo. Estos dos acontecimientos ponen en tensión una tendencia inversa a la construcción de la democracia y la convivencia de respeto a las diferencias en un país multicultural, y la escuela no puede estar aislada de esta reflexión. Por consiguiente, estos temas, que muchas veces son parte del currículo oculto, no pueden ser ajenos a la calidad de los aprendizajes y al desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes.

Por otro lado, las iniciativas del Gobierno con el nuevo Diseño Curricular Nacional para la Educación Básica Regular, a decir de la directora general de Educación Básica Regular, Miriam Ponce Vértiz, han recuperado los esfuerzos de lo trabajado años anteriores y los avances más significativos. Sin embargo, su publicación ha generado opiniones encontradas sobre la atención pertinente de la diversidad del país, el enfoque que privilegia la construcción de conocimiento occidental hegemónico y subordina al conocimiento étnico. Desde esta perspectiva, los gobiernos regionales y locales se movilizan en torno a sus proyectos curriculares, buscando articular las necesidades de aprendizaje con los proyectos educativos locales y regionales.

En el tema del contrato de 40 000 docentes que este año ha estado a cargo de los gobiernos regionales, a través de las direcciones regionales de educación, se ha insistido en un procedimiento que no permite evaluar y elegir con pertinencia a los mejores docentes para que respondan a las necesidades de niñas y niños, como es aprender en su idioma materno con el enfoque de Educación Intercultural Bilingüe. Y, asimismo, garantizar que los docentes estén en el aula el primer día del año escolar.

En la política de municipalización, se insiste en una propuesta para que los gobiernos distritales participen directamente en la gestión de las instituciones educativas, tomando decisiones en el ámbito pedagógico, institucional y administrativo. En estos dos años se ha avanzado muy poco en ese sentido, y son más las incertidumbres que los aciertos en este proceso. Consiguientemente, la nueva Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Educación, que tendrá que aprobar el Congreso, podrá precisar el rol de los gobiernos distritales en la gestión educativa.

Finalmente, sobre la Carrera Pública Magisterial (CPM), el Gobierno ha iniciado un Programa de Incorporación a la Carrera Pública Magisterial y se está valiendo de todos los medios de comunicación para anunciar los nuevos sueldos que obtendrían los docentes que ingresen en la CPM. Actualmente, más de 220 000 docentes estarían aptos para participar del concurso. La Ley de CPM, anunciada para mejorar la vida laboral y profesional del docente y los aprendizajes de niñas, niños y adolescentes, está todavía muy distante de estos propósitos, y se sigue insistiendo en la centralidad de la evaluación del desempeño; a decir del ex consejero Sigfredo Chiroque: “son más los desencuentros que los encuentros con el Proyecto Educativo Nacional”.

José Luis Carbajo