Revista TAREA

EDITORIAL TAREA N° 69

En nuestro país julio es un mes de celebraciones patrias y de balances necesarios para enrumbar las políticas públicas con el objetivo de superar la exclusión social, política, económica y cultural de más del 50% de peruanos y peruanas; quienes a pesar de la bonanza económica, experimentan que sus legítimos derechos no son garantizados. No es casual que días antes del discurso presidencial, el 65% de la población considerara que Alan García gobierna para los ricos y no para los pobres. Una percepción que se ahonda, por una inflación que este año llegaría a 7% a nivel nacional, pero que sería mayor en las regiones más pobres.

Celebramos con gozo que en julio, dos estudiantes, los hermanos Tello, lograran participar y triunfar en el Campeonato Panamericano de la Juventud de Ajedrez realizado en la ciudad de Medellín, Colombia. Estos resultados son doblemente merecidos gracias al aliento de sus padres, al apoyo de su centro educativo y el de la Municipalidad de Villa El Salvador, que con grandes esfuerzos suplieron la ausencia de políticas estatales sostenibles para la adolescencia y la juventud. Ellos, que como otros peruanos y peruanas merecen la frase ¡vale un Perú! pues dan cuenta de los esfuerzos de nuestra emprendedora población ¡Eso celebramos!

Este ejemplo alentador, motivo de orgullo y base del desarrollo de los pueblos, se empaña con la conducta de una clase política alejada de los valores arriba mencionados. Veamos sino las componendas de partidos políticos y autoridades que justifican cualquier medio para conservar la presidencia del Congreso. La alianza entre el APRA y el fujimorismo, sin importar que su líder Alberto Fujimori esté siendo juzgado como el responsable de una organización criminal. La evidencia es que gracias a esta alianza el reo tiene el privilegio de una cárcel dorada. Esto opaca la celebración patria, no es lo que nos merecemos los peruanos y nos indigna.

El discurso presidencial del 28 de julio nos ha llevado a recordar el informe de la Defensoría del Pueblo acerca de la gratuidad de la enseñanza de febrero último. Allí se establece que se estaría violando el derecho a la educación gratuita de tres millones 200 mil estudiantes, pues las familias pagan cobros no contemplados en la ley, concluyendo que un país donde existe desigualdad al interior de la escuela pública y no todos tienen igualdad de condiciones para acceder, permanecer y concluir con éxito la educación básica, es un país donde no se ha logrado incorporar la noción de educación como un derecho fundamental.

De otro lado, la Contraloría General de la República, a través de su Gerencia de Estudios y Control de Gestión evaluó la Política Pública de Educación al 2007 utilizando criterios de efectividad, eficiencia, suficiencia, equidad, sensibilidad y conveniencia, señalando que el grave déficit en la educación peruana tiene que ver con financiamiento, inclusión, calidad y con la imposibilidad de cerrar brechas educativas.

Por ello, se esperaba un balance que señalara lo avanzado, con rigor, así como propuestas para superar las brechas en educación, especialmente con niños y adolescentes pobres de las zonas urbanas y rurales.

Si bien se señaló la existencia del Proyecto Educativo Nacional (PEN), no encontramos signos de su cumplimiento, por ejemplo, de un financiamiento que exprese la voluntad política de concretarlo. El Proyecto Educativo Nacional contó con la participación de miles de peruanos y peruanas, de experiencias educativas valiosas, de elaboración concertada de lineamientos de política educativa en los espacios local y regional. Aspiramos a que la puesta en marcha del PEN tenga también este signo participativo.

Por ello desde Tarea, Revista de Educación y Cultura, difundimos experiencias que muestran que es posible avanzar en política educativa porque estudiantes, maestros, autoridades educativas, municipales y regionales tienen disposición de hacer realidad el derecho a la educación. Esto exige una real descentralización, en educación más presupuesto y mejor distribuido, transparencia, voluntad política que se exprese en que los planes y compromisos firmados se cumplen. ¡Eso quisiéramos celebrar!

Este número entrega en la sección de políticas educativas una necesaria reflexión sobre la última evaluación a los maestros, que lamentablemente ha sido utilizada como factor de enfrentamiento con el magisterio y no en su legítima función de mejoramiento de la calidad educativa y de rendición de cuentas. En la experiencia regional, tenemos la participación de maestros, padres de familia y autoridades que apuestan por una reforma educativa regional autónoma en Apurímac, así también presentamos la valoración del quechua y el asháninka como culturas y lenguas reconocidas por el Estado en la Región Ayacucho para superar la discriminación de la que son objeto sus hablantes.

En la sección pensamiento pedagógico se presenta una propuesta que coloca el enfoque de comunicación para el desarrollo, el cual permite a los actores sociales llevar a cabo un proceso de empoderamiento para que de manera personal y colectiva transformen sus vidas y entornos en espacios democráticos y de dignificación de las personas.

La pobreza es un impedimento para los derechos de millones de estudiantes y los lanza al trabajo riesgoso y prematuro. En este número presentamos la experiencia de diagnóstico y formulación de políticas locales hacia la infancia que trabaja.

Concluimos presentando la experiencia de liderazgo de niños y adolescentes quienes, ejerciendo su derecho a la participación ciudadana, aportan a la construcción de políticas públicas locales a través de su participación en el Presupuesto Participativo. A través de ella, los adultos aprenden a valorar a la infancia, a escuchar su voz y su participación.

¡Sí tenemos motivos de celebración! Así mismo, estamos comprometidos en seguir contribuyendo a la concreción del derecho a la educación y a la construcción de un Perú más justo, humano e inclusivo.

Nélida Céspedes Rossel