Hace diez años, las protestas y movilizaciones de la sociedad civil y de los partidos políticos para defender el estado de derecho lograron el fin de la dictadura fujimorista y la instalación de un gobierno de transición. En julio del 2002, en el marco del Acuerdo Nacional, los partidos suscriben las primeras 29 políticas de Estado, siendo una de ellas la “Descentralización política, económica y administrativa para propiciar el desarrollo integral armónico y sostenido en el Perú”, retomándose una vez más la descentralización en el país, interrumpida por el autogolpe de Estado de 1992. En estos 8 años, se han dado pasos importantes para avanzar en la descentralización, como la construcción de un Marco Institucional Normativo —quizás todavía imperfecto— que permite orientar y debatir el proceso, elegir a las autoridades regionales, transferir algunas de las funciones y ampliar el ámbito para que ciudadanos y ciudadanas participen y ejerzan sus derechos en el desarrollo regional y local. Sin embargo, la descentralización está todavía lejos de ser una oportunidad para acortar las brechas de la pobreza, democratizar el Estado, mejorar la calidad y lograr la equidad en la educación. El nivel central conserva aún gran parte poder, y la mayoría de los gobiernos regionales están en el proceso de asumir funciones antes no ejercidas, lo cual supone esfuerzos como el resolver el componente técnico y administrativo de su gestión. Interesa revisar brevemente importantes iniciativas de los gobiernos regionales, en el marco de la descentralización educativa, sabemos que algunos de ellos han buscado constituirse en gobierno educativo trascendiendo el rol de administradores de la educación e iniciando el desarrollo de las políticas educativas a nivel de las regiones. De esta manera, por ejemplo se han elaborado proyectos de inversión pública para implementar el Proyecto Educativo Regional, se ha reconocido a través de ordenanzas el Quechua, Aimara, Awajún y el Wampis como lenguas oficiales a ser utilizadas en la escuela, se han elaborado proyectos curriculares para la región y desarrollado acciones de formación docente para mejorar los aprendizajes. Pero no podemos decir lo mismo de Lima Metropolitana, una ciudad con más de 7 millones y medio de habitantes, está muy lejos de constituirse en gobierno educativo regional. Si bien la descentralización es un proceso permanente en construcción, debemos colocar el debate en los temas políticos, en las relaciones de poder, mencionar por ejemplo, como la transferencia de funciones tienen que ir de la mano con la reforma del Estado, con roles y funciones claras en cada nivel de gobierno, con recursos suficientes y un plan de fortalecimiento de capacidades. La descentralización, como señala Fernando Tiana en su artículo en este número de la revista Tarea, puede ser una oportunidad para ampliar los derechos ciudadanos y acortar las brechas de pobreza, porque no es solo un proceso técnico y administrativo, es sobre todo una propuesta política ligada a un modelo de gestión del Estado. Nosotros mantenemos la apuesta por la descentralización, pero planteamos que se reoriente de forma concertada entre los tres niveles de gobierno que nos permita profundizar la democracia representativa y social.

José Luis Carbajo