Espacios ciudadanos. Experiencias de participación en la gestión concertada para el desarrollo local y regional. Javier Díaz-Albertini Figueras; Humberto Lozada Castro (colaborador). Lima. Escuela para el Desarroll. 2006.
Política educativa escolar en el Perú. Historia (1933 al 2005), aspectos teóricos, temas centrales, propuestas, ha fracasado en el Perú? Eduardo Palomino Thompson. Lima. 2006.
Desempeño profesional y evaluación de los docentes del Instituto Superior
Pedagógico: Propósitos y perspectivas. La Habana. Editorial Academia. 2006
Propuesta de Paulo Freire para una renovación educativa. Carlos Núñez (comp.). México. CEAAL; ITESO; CREFAL. 2005
Educación del pensamiento y de las emociones. Psicología de la educación. Pedro Hernández “Guanir”. Madrid: Narcea. 2005
Foro público. La Educación popular hoy: Avances y desafíos. CEAAL. Lima: CEAAL, 2005

Notas

EDITORIAL TAREA N° 64

En el escenario de un nuevo gobierno nos preocupa el lugar de la educación en las prioridades de la gestión que se inicia. Aunque todos concuerden en reconocer que la crisis de la educación peruana es multidimensional, que la inequidad y la baja calidad existentes en ella, visibilizan que el derecho a la educación constituye el reto principal, frente al cual, habitualmente los responsables de la política educativa no han tenido reflejos rápidos y pertinentes.

En la pasada contienda electoral se hicieron muchas promesas. Es fundamental recordar que el APRA ofreció políticas integrales para mejorar la educación. Sin embargo, con preocupación hemos escuchado en el discurso presidencial del 28 de julio, así como en la presentación del primer Ministro ante el Congreso, medidas mas bien desarticuladas e inconsistentes. Ante éstas surgen algunas interrogantes, tales como: ¿qué viabilidad tiene el aumento de una hora de clase en un servicio educativo en el que las escuelas y colegios trabajan en doble turno?; ¿mejorar la calidad y equidad de la educación pasa por la Municipalización de la administración educativa?; ¿cómo se articularía esta medida con el proceso de descentralización en curso?; ¿qué futuro tendrán los planes regionales que ya están en marcha?; ¿bastará para mejorar los aprendizajes de los estudiantes indicadores que midan sólo la velocidad en la lectura?.

La calidad y equidad demandan políticas de fondo. En el país se han dado procesos y normativas que requieren profundizarse y darles continuidad: la promulgación de una nueva Ley General de Educación; el Pacto Social de Compromisos Recíprocos por la Educación, aprobado por el Foro del Acuerdo Nacional; el Proyecto Educativo Nacional, a propuesta del Consejo Nacional de Educación, que ameritó una amplia consulta; el proyecto de Ley de la Carrera Pública Magisterial que deberá ser debatido en la actual legislatura; los procesos de descentralización incipientes; la elaboración participativa de los proyectos educativos regionales; los avances en el reconocimiento de la Educación Bilingüe Intercultural. Es decir, hay un camino andado que es preciso reconocer y ahondar. Mal se haría en tener una actitud de “borrón y cuenta nueva”.

De ahí que, es esencial, atender prioritariamente a la primera infancia ampliando los servicios y fortaleciendo la educación inicial; y enfrentar las graves brechas educativas de los estudiantes de la escuela rural, reduciendo la deserción y la extraedad. También constituyen parte de un itinerario de políticas prioritarias, el desarrollo democrático de la descentralización educativa y la dignificación del magisterio, en la apuesta de ir cerrando las brechas educativas existentes en el sistema. Y, por supuesto, un aspecto sustantivo en esta ruta, es que se “garantizará recursos para la reforma educativa otorgando un incremento mínimo anual en el presupuesto del sector educación equivalente al 0,25% del PBI, hasta que éste alcance un monto global equivalente a 6% del PBI”, aprobado como décimo segunda política de Estado en el Acuerdo Nacional.

Exigimos y estamos comprometidos en asegurar procesos que hagan viables el derecho a una educación de calidad. La atención a este derecho está asociada a otros; lo cual significa, por un lado, políticas y programas que articulen en forma coherente los diversos sectores del Estado, a través de una estrategia intersectorial. De otro lado, la participación de la ciudadanía en la vigilancia, la concertación y el aporte cultural y profesional, desde los cuales avancemos en constituirnos como sociedad educadora.

En este número de la revista queremos recoger algunas de estas preocupaciones y, por ello, les ofrecemos experiencias que intentan ser una respuesta a los problemas existentes; por ejemplo, la ampliación del tiempo de aprendizaje. Y, especialmente, para pensar mejor la agenda pendiente en educación: descentralización y derecho a la educación; proyectos educativos regionales; la apuesta por un Proyecto Educativo Nacional; el desarrollo profesional de la docencia y la Carrera Pública Magisterial. Así mismo, presentamos experiencias de innovación, reflexión e investigación, que expresan formas en las que docentes y comunidad responden a estos retos. Esperamos que esta entrega les aporte ideas, e incentive la participación y el compromiso de la ciudadanía en la educación, como condición sustantiva en todo cambio educativo.

Nélida Céspedes Rossel