Las estadísticas nacionales de los resultados de aprendizaje presentadas últimamente muestran al terminar el año 2005 que la educación es aún un navío a la deriva. Hay ciertos cambios, pero la profundidad y el rumbo de éstos, no constituyen una expresión de la educación como derecho humano que asegura calidad, equidad, inclusión; es todavía una aspiración. Ligada a esta realidad, requerimos de un mejor y mayor financiamiento que asegure el derecho humano a la educación.

Urge la concreción de este derecho que, a su vez promueve ciudadanía, porque requerimos lograr aprendizajes que enfrenten la corrupción y la falta de ética, que en los últimos días se ha visto agudiza por los intentos de reedición del fujimorato; que desde todo punto de vista atenta contra el derecho a la educación ciudadana. Recordemos que la ruptura moral y ética, a propósito del gobierno de Fujimori, produjo a su vez, una ruptura en la moral y ética del pueblo, aceptando como legítimo el que todo vale si hizo algo por el pueblo. Esto implica que desde todo espacio de socialización y especialmente en el campo de la educación, es imprescindible poner como fundamento la educación para la ciudadanía, para el respeto irrestricto de los derechos humanos traducido en un saber, saber hacer y una manera de convivir entre peruanos donde prevalezca la defensa del respeto por uno mismo y por el otro, el respeto a la dignidad e integridad de las personas, y sea cotidianidad la solidaridad y la justicia.

En este marco es sustantivo y esperanzador que el Consejo Nacional de Educación esté presentando a lo largo y ancho del país una propuesta de Proyecto Educativo Nacional (PEN). Su estrategia se basa en una relación directa con todo tipo de organización para provocar una amplia discusión a nivel nacional y así recoger las necesidades y aspiraciones específicas de cada una de las zonas. La amplia acogida del PEN expresa que los peruanos y las peruanas anhelamos un nuevo horizonte de país y de educación, aspiramos a una visión renovada de la educación que: a) cierre las graves brechas educativas; b) ejerza una gestión ética y transparente en las instituciones educativas para asegurar aprendizajes interculturales y efectivos en la infancia y adolescencia, y en la población adulta; c) garantice la mejor preparación de los maestros dentro de una carrera pública que exprese que el maestro es un profesional de la educación; d) cuente con un financiamiento acorde a las brechas existentes y los retos que presenta la educación; y e) asegure una educación ciudadana basada en valores donde la gente aprecie su territorio, su identidad y su cultura, las diferencias para construir espacios democráticos en una nación democrática y con desarrollo sustentable.

Este número de la revista está centrado en promover el debate del Proyecto Educativo Nacional, articulado al Plan de Educación para Todos. Existe la exigencia de no duplicar acciones y juntos aportar a la construcción de un proyecto educativo que nos abarque a todos y cuyo carácter sea incluyente. Así también está planteado en el Plan Nacional de la Infancia.

De igual forma, actualmente se promueve un debate acerca del sentido del Colegio de Profesores del Perú. Una agremiación de esta naturaleza debería basar su accionar en la promoción de la Convención sobre los Derechos de la Infancia, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, El Código de los niños y adolescentes, la promoción de la Carrera Pública Magisterial, así como otros derechos de los agremiados. El Colegio puede y deberá incentivar en los maestros el desarrollo de un movimiento renovador, alternativo, en la perspectiva de construir una nueva realidad educativa. Sin embargo, este proceso deberá enfrentar el problema de la autonomía de la organización frente a la acción del Ministerio de Educación. Hecho que deberá superarse porque lo fundamental es la forja de un Colegio inclusivo, amplio y renovado.

Hay temas pendientes para avanzar hacia el derecho a la educación: a) La Ley de Carrera Pública Magisterial deberá recoger antes de su aprobación los aportes de cientos de maestros; b) un mejor y mayor presupuesto para la educación es urgente; c) el proceso de descentralización deberá definir con mayor precisión las competencias de las regiones, de las direcciones regionales, y de las municipalidades que contribuyan a concretar el derecho a la educación. d) determinar los programas y las políticas que aseguren aprendizajes efectivos en miles de niños, niñas y adolescentes, es un asunto de ética. Allí se estará jugando en desarrollo personal y social de nuestras localidades y el país. Hagamos posible que el derecho a la educación se constituya en la llave que abre las puertas al logro de otros derechos. (Nélida Céspedes Rossel, directora)