Hacer un balance de la educación peruana en la década 1990-2000 constituye uno de los principales objetivos del momento, porque urge evaluar en qué estado se encuentran las promesas por una educación de calidad para todos y todas. Y lo impulsamos porque asumimos que la educación es un factor clave del desarrollo que expresa justicia social y voluntad democratizadora.

En un país donde cunde el secretismo y la rendición de cuentas está ausente de las prácticas de los funcionarios públicos y de nuestros gobernantes, es preciso mantener una tribuna de diversas voces y representaciones para conocer cuán sustantivos han sido los logros planteados, cuál ha sido el impacto de tales logros y cuáles los problemas centrales, así como los vacíos, los desafíos y el compromiso que tal balance plantea a la ciudadanía. Consideramos que una educación con bases sólidas y políticas coherentes puede contribuir a la conquista de la felicidad que merecen los millones de niños, niñas y adolescentes peruanos.

La promesa de una educación para todos emana de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y está enmarcada y promovida con la Convención sobre los derechos del niño y la Conferencia Mundial de Educación para Todos, que propuso como objetivo central satisfacer las necesidades de aprendizaje de las personas. Éstas debieron servir de marco al Estado y al gobierno peruano, cuya responsabilidad consistía en plasmar políticas de calidad y equidad sustentadas en los derechos, las necesidades y aspiraciones de nuestro país y las personas, orientadas a acortar las grandes brechas educativas ya existentes desde los años ochenta.

En este número de la revista pretendemos aportar a tal balance, que es preciso realizar desde una mirada articuladora, y que toma en cuenta el contexto político, económico, social y cultural con el educativo de los años noventa al 2000, década en la que se propusieron cambios y la tan anunciada “modernización de la educación”. No puede estar ausente del balance de lo nefasto que fue para el país el terrorismo hasta mediados de los noventa, y las secuelas que afectaron a las personas, debilitaron el tejido social e incidieron negativamente en el desarrollo y la paz en todo el Perú, todo lo cual ahondo los graves problemas ya existentes en a educación peruana.

Para procesar tal balance hemos invitado a educadoras, educadores y profesionales comprometidos con el quehacer educativo. Esta presencia diversa y de distintos sectores es la estrategia en la que debe y debió sustentarse el diseño de las políticas, el seguimiento, desarrollo y evaluación de las mismas, para suscitar un compromiso re novado por la educación.

En las secciones de “Políticas educativas”, “Pensamiento pedagógico” y “Experiencias educativas” presentamos diversos balances, unos desde una mirada integral y otros desde aspectos particulares que confluyen y enriquecen la visión general.

Los autores señalan que en el Perú, a pesar de los avances, la educación se enfrenta hoy con el grave problema de ser asistemática. Desde los años sesenta no experimentamos una reforma integral y pertinente del sistema educativo. Esto se refleja tanto en la mala calidad de los servicios como en los contenidos curriculares inadecuados y la precaria situación docente a nivel laboral y profesional, entre otros importantes aspectos.

A pesar de haber un ligero crecimiento en el gasto público en educación, subsisten grandes inequidades educativas, tales como brechas regionales y de inversión, la deserción y repitencia escolar de los más pobres, la situación de la niña y la de los sectores rurales de la selva y sierra peruana, la falta de políticas para la atención de los menores de tres años, la lentitud en universalizar el acceso a los niños menores de seis años, la marginación de loa educación especial, el atraso escolar de los adolescentes y la deserción escolar motivada por la temprana incursión al trabajo infantil. Todas ellas muestran el desarrollo de una política que no pone atención a la calidad del sistema educativo que involucra a los sectores más pobres del país.

Con énfasis propio y con mayor profundidad presentamos los aportes de Patricia Arregui, Manuel Iguíñiz, León Trahtemberg y Olmedo Auris, quienes en la sección “Políticas educativas” abordan el balance de la última década en la educación peruana y nos plantean perspectivas que pasan por resolver las tensiones entre democracia y autoritarismo; entre expansión de cobertura y expansión de presupuesto; entre implementar un modelo educativo homogéneo u otro que responda a los requerimientos de la pluriculturalidad peruana; entre una mayor autonomía en la gestión del financiamiento y depender de las prioridades establecidas por la cooperación técnica y financiera internacionales; entre un modelo que no compromete a la sociedad y a sus docentes y otro que busca lograr el Acuerdo Nacional por la Educación. Se plantea también que el país necesita un sistema educativo nuevo, que promueva el cambio en la sociedad, con sentido democrático y científico; que fomente valores como la solidaridad, la igualdad, la libertad y el culto al trabajo creador.

En la sección “Pensamiento pedagógico” contamos con aportes como el de Luis Guerrero, quien realiza un agudo análisis de la educación primaria en el Perú y nos plantea el complejo fenómeno de avances y resistencias que caracteriza a este nivel.

En relación con las políticas de formación para el docente, María Amelia Palacios, desde el sugestivo título “La levedad de las políticas magisteriales de los 90”, reconoce algunas acciones a favor del maestro al lado de factores que no han permitido elevarlo a la categoría de profesional de la educación: la formación inicial, los currículos de los centros de educación superior y el detrimento del salario actúan contra su desarrollo personal, profesional y ciudadano y muestran la precariedad de las políticas para este importante sector. Por su parte, Nery Escobar plantea los caminos seguidos y a seguir para renovar la formación del docente peruano, sus logros, problemas y retos, desde las perspectiva de los aportes realizados a favor de los cambios en los institutos pedagógicos.

Un componente esencial de este número son los acuerdos procesados en Dakar en abril del presente año a propósito del balance sobre Educación para Todos. El aplazamiento de las metas del 2000 al 2015 constituye uno de los principales problemas y retos. De estos nuevos acuerdos nos habla Francisco Basili. Él plantea para el Perú nuevos desafíos y relaciona la vigencia de los derechos con las oportunidades educativas y el desarrollo de las personas.

Aspectos cruciales como los de la educación bilingüe intercultural, largamente desatendida y fundamental para la superación de la exclusión, son trabajados por Juan Carlos Godessi. En relación con la educación secundaria, Walter Twanama nos plantea un balance crítico, en la medida en que actualmente solo el 55% de los jóvenes entre 12 y 16 años están cursando la secundaria.

El balance de la educación debe asumirse como un asunto de bien público; es decir teniendo en cuenta que estamos hablando de una educación como promotora de dignidad, como una cuestión de derecho para todos y con criterios de equidad, calidad, exigibilidad y compromiso. Tal como señala Martin Vegas, un aspecto fundamental es la participación en la construcción y seguimiento de las políticas educativas. Manuel Iguíñiz, confluyendo en esta perspectiva, afirma que hay una relación entre calidad y participación: no hay calidad cuando otros deciden sobre la totalidad de la educación que se recibe, cuando no se involucra a más personas en el proyecto, de distintas maneras, pero en deliberación pública. Esto supone trabajar simultáneamente por la vigencia del derecho a la educación, la democratización social permanente, la ampliación de la justicia social, la interculturalidad y el desarrollo sustentable.

La Revista sale en un contexto de profunda crisis como resultado de la tercera reelección del ingeniero Fujimori. Exigimos junto a millones de peruanos y peruanas que la democracia, la transparencia en la función pública abran paso a la arbitrariedad y que la política y la ética se articulen como una nueva manera de convivencia social.

Para una política educativa renovada se requiere un país renovado que contemple una reforma profunda de la administración de justicia, fortalecimiento del estado de derecho y separación de los poderes; el equilibrio entre los derechos humanos y la seguridad; libertad de expresión y medios de comunicación que asuman el compromiso por la democratización del país. La participación de la sociedad civil en todos los asuntos públicos fiscalizando y proponiendo ser la mejor manera de transformar el país que merecemos todos los peruanos y peruanas.

Nélida Céspedes Rossel, directora