En los últimos tres meses el país ha sido testigo de decisiones gubernamentales que no terminan de sorprendernos. A la criticada destitución de los tres magistrados del Tribunal Constitucional siguieron otros hechos, cada cual más grave en cuanto violentaban derechos fundamentales de las personas y ponían en cuestión el Estado de Derecho en el país. El asesinato de una agente de inteligencia y la tortura de otra por miembros de su misma institución, causaron un repudio general. A ello se sumaron las siguientes arbitrariedades: la escalada contra los medios de prensa expresada en una campaña en televisión, maltratos físicos y amenazas a periodistas; el tosco intento por despojar de la nacionalidad peruana al propietario de un canal de televisión el mismo día que periodistas de dicha empresa habían mostrado evidencia de espionaje telefónico contra personajes de política, la prensa, el empresariado e incluso, miembros del gobierno.

Todos estos hechos provocaron una reacción masiva de rechazo, no vista en los últimos años. A la movilización de jóvenes de universidades públicas y privadas siguieron las de gremios de trabajadores, periodistas, organizaciones de de derechos humanos y público en general. La popularidad del presidente Alberto Fujimori ha descendido a su nivel más bajo. Según una encuesta de Apoyo aplicada el 15 de julio del presente, sólo un 23% de los ciudadanos encuestados aprobaba la gestión del presidente Fujimori. Esta caída ha sido corroborada por otras empresas de opinión (Imasen, CPI). La indignación general que provocó la destitución de los magistrados se extendió y profundizó rápidamente debido a estos otros desaciertos del gobierno pero también debido a otros problemas más estructurales que la ciudadanía esperaba ver en algún grado resueltos después de seis años de una política de ajuste y que, por el contrario, parecen haberse profundizado o permanecido inalterables: el desempleo, la pobreza, los bajos sueldos, la inseguridad, la corrupción.

El ambiente político está movido, las protestas contra la destitución de los magistrados se multiplicaron en las más importantes ciudades del país y la televisión dio cuenta de ellas. Mientras tanto el oficialismo y el Presidente de la República no reconocen error en estas decisiones y por el contrario dan lecciones de intransigencia y arrogancia.

Estos acontecimientos han dado a muchos peruanos una lección inesperada y acelerada de educación ciudadana. Los resultados se observan en las calles. Y es que las decisiones, una tras otra, han incidido sobre asuntos muy sensible a la mayoría de ciudadanos peruanos: la libertad de expresión, la violencia contra las personas, el abuso y la prepotencia. En una evidente muestra de ceguera política el gobierno no ha dejado asomo de duda sobre su autoritarismo, un autoritarismo que hasta hace poco tiempo algunos consideraban conveniente o, por lo menos, llevadero y que ahora resulta inadmisible para las mayorías. El mensaje de los jóvenes es claro y debe ser escuchado: basta ya de arbitrariedades.

Lo vivido en los últimos meses constituye un excelente ejemplo de cómo la vida política puede convertirse en fuente de aprendizajes significativos. En este caso, esperamos que lo aprendido nos ayude a avanzar –de manera duradera- en el proceso de democratización de la sociedad peruana. El oficialismo ha atribuido este despertar de la protesta social a una campaña orquestada por los medios de comunicación masiva, pero si uno escucha y lee con detenimiento a la opinión pública descubrirá su consistencia; y si bien siempre existirán los que “siguen la corriente”, son cada vez más lo que sustentan con voz propia las razones de su indignación.

Los maestros no han permanecido ajenos a estos hechos. Muchos se ha movilizado y participado en protestas; otros han trabajado la coyuntura con sus alumnos, se han pronunciado sobre los hechos a través de sus órganos de expresión (boletines y revistas) o han celebrado el Día del Maestro y los 25 años del SUTEP con eventos en los que se reflexionó sobre su rol en estos acontecimientos. El Movimiento Pedagógico, por ejemplo, celebro a los maestros con una reflexión sobre ética y democracia y los nuevos roles del maestro.

En el mes del maestro, Tarea se aúna a las celebraciones no sólo participando de ellas sino renovando su compromiso de buscar junto con otros, soluciones que nos permitan sumar a las exigencias de mejora de la calidad del trabajo pedagógico, retribuciones y condiciones de trabajo justas para los maestros. Lamentablemente el magisterio peruano sigue olvidado en esa dimensión. Entre 1990 y 1995 el gobierno dio prioridad a la mejora de algunos factores que si bien modificaron el entorno del trabajo docente (nuevas aulas, material didáctico y textos escolares) no se orientaron a la mejora del desempeño profesional ni de las remuneraciones del profesor. Los factores antes mencionados han contribuido sin duda a mejora la infraestructura de muchas escuelas públicas, pero han logrado menos impacto sobre la calidad de los aprendizajes que si la inversión se hubiera destinado a la formación y la acción pedagógica del maestro. Sólo en 1996 se ha dado inicio a un importante esfuerzo de capacitación en servicio de profesores y profesoras de primer grado de primaria, a través del PLANCAD, y se ha puesto en marcha el Plan Piloto de reforma de la formación magisterial en la especialidad de educación primaria en quince institutos pedagógicos del país. Aún es muy temprano para exigir resultados a estos dos esfuerzos, en particular cuando se trata de transformar prácticas tradicionales muy consolidadas. Por el contrario, las condiciones salariales del maestro se mantienen estacionarias.

El profesorado necesita de una política de atención integral a su problemática. La postergación vivida por los profesores al servicio del Estado sigue generando frustraciones que algunos maestros logran resolver constructivamente en el trabajo educativo con sus alumnos, pero que en otros genera comportamientos negativos que afectan a sus estudiantes, le restan legitimidad y empobrecen la visión que sobre su rol tienen los padres de familia y la sociedad en general. No resulta fácil salir de esta compleja problemática si la política educativa continúa abiertamente subordinada a la política económica. La atención de la problemática docente exige actuar desde varios frentes dato que hacerlo sólo desde el Sector Educación es insuficiente.

Tarea continuará trabajando, como muchos otros, en la capacitación y educación permanente de maestros urbanos en actual servicio en la educación pública y por la creación de condiciones o políticas nacionales que otorguen prioridad al magisterio público y vayan mejorando continua y sostenidamente sus condiciones de trabajo.

Este número de la revista ha elegido como tema central la capacitación y formación docente, tratada a través de tres artículos en la sección Propuestas Educativas. Rendimos asimismo un breve homenaje al gran educador brasileño recientemente desaparecido, Paulo Freire, cuyas ideas y prácticas fueran tan influyentes en el surgimiento y la expansión del movimiento de educación popular en América Latina. El pensamiento de Paulo Freire influyó sobre la vocación de muchos educadores peruanos en la década de los setenta; su propuesta de educación liberadora alentó el desarrollo de prácticas educativas ligadas a prácticas sociales transformadoras que hicieran realidad uno de sus mensajes más poderosos: nadie educa a nadie, así como tampoco nadie se educa a sí mismo; los hombres se educan en comunión y en el mundo es el mediador.

María Amelia Palacios, directora.