Así como sucede con el advenimiento de un nuevo año, el inicio de un nuevo período de gobierno suele alentar esperanzas. En educación, sin embargo, no es fácil hacer pronósticos favorables. La política educativa errática del primer quinquenio recomienda más bien esperar evidencias confiables o sumarnos a los que vaticinan “más de lo mismo”, esto es, construcción de escuelas, débil vocación de concertación con la sociedad civil, maltrato a los docentes a nivel salarial y de sus condiciones laborales.

Pero mientras autoridades y profesionales de la educación sabemos que nuestro sistema educativo público no resistiría una evaluación de calidad, la mayoría de la población peruana tiene una valoración positiva de la política educacional. Parece ser que el deterioro de la educación pública es en tal grado profunda que cualquier signo de mejoría es celebrado por la ciudadanía como un logro.

Esta evaluación poco exigente no beneficia a la educación peruana. De allí la importancia de promover discusiones que nos lleven a construir y difundir criterios de calidad y equidad para evaluar el servicio educativo, tanto público como privado. De lo contrario puede perpetuarse, sin mayores reclamos de la ciudadanía, en insuficiente esfuerzo del Estado por influir sobre factores cruciales en los resultados de la educación como son la formación docente, la calidad pedagógica de los materiales educativos, la descentralización de la gestión educativa, la reforma del currículo y su diversificación, la atención preferencial a las necesidades educativa de los más pobres.

Sin olvidar la situación crítica de la que partimos, se puede hacer mucho más por la educación pública si otorgamos un peso distinto a los factores que intervienen en su desarrollo y lo hacemos en función de un interés genuino por el desarrollo humano. El desarrollo requiere ser construido con la participación activa de los ciudadanos en sistemas democráticos estables. Y si bien debe sostenerse en las competencias de sus ciudadanos, para desarrollarse plenamente éstas requieren un entorno en el que prime la equidad educacional y sociopolítica.

Sobre el papel que le compete al Estado y a la sociedad para lograr la meta de mejorar la calidad de la educación peruana existen diferencias de opinión Unos queremos un Ministerio de Educación que formule políticas en educación para todos, fije prioridades nacionales, asigne recursos de acuerdo a ellas y coordine esfuerzos interinstitucionales. Un Ministerio que anime las fuerzas del cambio latentes entre los que trabajan cotidianamente en escuelas, instituciones académicas, centro de trabajo y comunidades locales. Un Estado garante, promotor y proveedor del derecho a la educación.

De otro lado están lo que insisten en que el Ministerio de Educación se limite a coordina o facilitar la iniciativa privada, oponiéndose a que ejerza una función rectora. El diario Expreso, principal vocero de la libertad de empresa en educación, viene desarrollando un suerte de campa en ese sentido con propuestas tan radicales como pasar el Ministerio de Educación al régimen laboral privado o cerrarlo y crear un Instituto de Desarrollo Educativo, entidad de derecho privado con todos los poderes para gestionar la educación pública (editorial del 26 de setiembre).

En este contexto, esperamos que las decisiones de las nuevas autoridades del sector educación no se inclinen por abandonar su responsabilidad rectora en la educación nacional. De ser así los sectores pobres que concentran las mayores carencias educativas, serán los más afectados. Ojala se decidan también por un reordenamiento de las prioridades y diseñen, sin precipitaciones, estrategias viables para promover cambios educativos durables.

Es prematuro aún predecir si las decisiones o promesas gubernamentales que a continuación mencionamos permanecerán, tendrán impacto en las principales variables de una educación de calidad o favorecerán los intereses educativos de los pobres. Ojala sean anuncio de mejores tiempos para la educación pública.

Se designa a la educación como un factor importante en la lucha contra la pobreza y “vía maestra” para alcanzar el desarrollo social. El gobierno, dice el presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Educación Dante Córdova, convertirá al sector educación en el eje del desarrollo del país y redoblará esfuerzos para mejorar sustancialmente la calidad de la educación. Posteriormente, en su exposición ante el Congreso de la República fija prioridades: mejorar especialmente la educación básica. Esta prioridad deberá reflejarse en la asignación de recursos y en las políticas multisectoriales, aunque sabemos que la autonomía del sector educación para la asignación de recursos es relativa.

Se reconoce de manera explícita que en educación no funcionan las soluciones parciales sino los planes de mediano y largo plazo. Los lineamiento generales del Plan 1995-2000 se presentan ante el Congreso del a República el 22 de agosto, siendo hoy de conocimiento público. Este es un paso adelante después de 5 años de manejo secreto de los planes y estrategias educativas del gobierno.

La propuesta educativa presente en el Plan quinquenal 1995-2000 se sustenta en cinco principios: el primero de ellos, una educación ética. Sin duda la formación ética tiene una importancia de primer orden y por ello es necesario no olvidar lo que los resultados de investigaciones indican: la influencia de los valores impartidos en la escuela será insignificante sino guardan cierta coherencia con los modelos de conducta imperante en la familia, la política y la sociedad. Los métodos de clarificación de valores tienen limitaciones si no se complementan con auténticas vivencias del pluralismo o la democracia, por ejemplo, para aprender el valor del respeto al otro.

Otro principio de la propuesta educativa gubernamental es la educación para el trabajo. El presidente Fujimori ya había anunciado el 28 de julio su propósito de “convertir a cada egresado de la secundaria en un técnico titulado”. Este es un tema polémico que debería dar pie a un debate público, sobre todo cuando la eficacia de la secundaria técnica no está comprobada y muchos jóvenes piensan que ella los aleja de sus planes de acceder a la educación superior. Una reciente encuesta nacional de Rädda Barnen aplicada a escolares de ambos sexos entre 11 y 17 años de edad revela que un promedio de 47.6% adolescentes quiere estudiar en la universidad, mientras que sólo un 20.6% en Lima y 16.7% en provincias piensa seguir una carrera técnica. Preocupa también que este énfasis en la formación de competencias técnico-productivas termine por dejar en segundo plano a otras igualmente importantes para el desarrollo humano como la participación política o la protección del medio ambiente.

Podemos identificar una suerte de programa mínimo en educación: a) capacitación docente; b) introducción en la currícula de los últimos avances tecnológicos (currículos diversos, más prácticos, técnicos y vinculados al mundo del trabajo y mejor articulados entre niveles); c) una educación secundaria altamente competitiva; y d) directores que administren los centros educativos con “un matriz empresarial”.

Esta última política es la más publicitada y ha sido acompañada de resoluciones que devuelven a los directores algunas decisiones administrativas muy específicas: autorizar excursiones, permisos al personal docente, administras los recursos propios.

Sobre la autonomía de los directores abundan sugerencias. Una de ellas es asignar presupuestos a las escuelas según el número de alumnos, y que cada colegio determine el sueldo de sus maestros. Puede así volver al escenario público la preocupación por la pérdida de gratuidad de la enseñanza. La Comisión de Educación del Congreso ha aprobado un proyecto de Estatuto de los Centros Educativos Privados que los autoriza a elaborar “de manera autónoma sus planes y programa educativos sujetos únicamente a los lineamientos generales que establece la Ley General de Educación”. De este modo ninguna disposición menor que la Ley General de Educación regiría para las escuelas privadas. Esto expresa los intereses de un sector de empresarios de la educación que buscan la mayor desregulación posible de la educación privada.

La estructura orgánica del Ministerio de Educación ha sido reorganizada nuevamente, esta vez en función de niveles educativos articulados entre sí. Esta propuesta es más adecuada que la anterior que organizaba al Ministerio por procesos.

No se observan variaciones en la política magisterial. El ministro ha anunciado una política salarial basada en méritos magisteriales “que premie la eficiencia y el esfuerzo docente”. Una expresión de ello podría ser el concurso ”Hacia la Excelencia en Educación” que anuncia incentivos a los maestros. Convocado muy cerca del término del año escolar y con un plazo muy corto para una tarea tan compleja como es elaborar un proyecto institucional, no asegurará la participación de todo el personal de centro educativo, como es deseable y necesario para el éxito del proyecto.

La búsqueda de consensos puede recibir aliento con el ministro Córdova, quien viene demostrando interés por escuchar a diversos agentes de la educación, en particular a los directores de centros educativos. Pero al igual que sus más cercanos predecesores, el ministro excluye de estos diálogos al sindicato magisterial. El ministro ha sugerido que la identidad nacional sea el eje de la construcción de consensos. Siendo ésta una responsabilidad pública y básica para lograr la integración nacional, es necesario buscar bases de acuerdo para ello. ¿Somos capaces de coincidir distintos agentes de la educación en la lucha contra la pobreza? ¿Tal vez en la búsqueda del a modernización y democratización del sistema educativo público? Estos puntos de unidad pueden ser fundamentales para impulsar el desarrollo de la identidad nacional.

El interlocutor más claro de la política educativa actual es el empresariado, no el magisterio. El empresariado organizado está convencido de que una educación de calidad inducirá la transformación productiva; las discusiones en la última Conferencia Anual de Empresarios (CADE) así lo demuestran. Una política de consensos en educación, sin embargo, no puede excluir al magisterio organizado. El Ministerio de Educación lo sigue haciendo, a pesar de expresiones del ministro como “el maestro no es el problema; es la solución”.

El presupuesto del sector educación para 1996 se ha incrementado en 296 millones respecto al de este año, pero estamos lejos de contar con recursos en la medida de las necesidades y los compromisos internacionales adquiridos. Los jefes de Estado reunidos en la Cumbre Iberoamericana (Bariloche, Argentina) se comprometieron a dar una mayor atención a la educación y a destinar en el futuro del 5 al 7% de su producto bruto interno (PBI) a mejorar la calidad de la enseñanza. El gasto educativo público en el Perú bordea el 4% del PBI.

Por último, diremos que las medidas mencionadas no cuestionan aspectos medulares de la política educativa del quinquenio pasado: reducción del aparato estatal del sector, promoción de la iniciativa privada, desconocimiento de la organización magisterial y cambios orientados a atender las demandas de la producción entendidas fundamentalmente como demandas de la empresa privada.

María Amelia Palacios, directora