Ha terminado el primer período de gobierno del ingeniero Fujimori y una mayoría de ciudadanos mira con optimismo su segundo gobierno. Nosotros confiamos en que, suprimidas las consecuencia más crueles y visibles del terrorismo y la hiperinflación, la atención ciudadana se re-centre en políticas destinadas a solucionar problemas como el desempleo, la pobreza urbana y rural, el acceso a servicios públicos de calidad, un trato justo e igualitario a los ciudadanos y canales de participación democrática en la vida política nacional.

En este primer período el gobierno desarrolló su gestión dentro de un contexto de políticas internacionales explícitamente favorables al desarrollo de esfuerzos de mejoramiento de la calidad y equidad de la educación. Sin embargo, acuerdos como los de Educación para Todos (Jomtien 1990) no fueron asumidos como compromisos efectivos por el Estado y al cabo de cinco años el país no tiene logros que mostrar respecto a la universalización del acceso a la educación primaria y secundaria de menores y adultos, la promoción de la equidad, la superación de los índices de fracaso escolar o la concertación de acciones por la educación. La evolución del gasto educativo público y lo actuado durante el quinquenio 1990-1995, revelan un desencuentro entre el discurso y la práctica gubernamental en educación.

La política educativa del gobierno fue resumida con la frase Modernización de la educación” y expuesta por el Presidente el 28 de julio de 1992. Tres años después, la construcción y remodelación de cerca de 1,000 locales escolares –que no beneficiaron en la proporción requerida a las provincias más pobres del país- aparece como solitario indicador de búsqueda de calidad y modernización del servicio educativo público.

Entendemos que las brechas educativas que existen el Perú son tan profundas que reclaman un inmenso esfuerzo nacional. Remontarlas en cinco años es imposible y por ello el país requiere de un acuerdo nacional de largo plazo que defina el nuevo rumbo de la educación peruana y bajo esos propósitos reúna las acciones de diversos organismos del Estado y la sociedad civil. Lamentablemente durante los cinco años transcurridos se ha rehuido el acuerdo nacional e ignorado la responsabilidad de presentar al país un plan de desarrollo educativo de largo plazo.

Uno de los primeros cambios que el país necesita concretar en el segundo gobierno del ingeniero Fujimori es ver a la educación convertida en una verdadera prioridad nacional. Ello significa no sólo atraer mayores recursos para la educación, sino aplicar políticas orientadas a cerrar las enormes brechas educacionales que existen entre peruano, a la vez que poner a la educación a la altura de las necesidades de desarrollo, progreso y democratización del país.

Estado y sociedad tenemos que cambiar para estar en condiciones de responder a estos desafíos. Un primer cambio necesario será ponernos de acuerdo alrededor de un proyecto para la educación peruana que otorgue cierta estabilidad a las políticas educativas. El país no debe deja de dialogar sobre el sentido y contenido que queremos darle a la modernización educativa. La ciudadanía y las instituciones y personas más vinculadas a la educación tenemos derecho a estar informadas sobre cómo se pretende reconstruir un servicio público que en opinión de muchos estuvo cerca de colapsar. En el período que termina hubo una estrategia implícita: la modernización por etapas. Empezó con la modernización de locales escolares, seguida por la modernización de la gestión escolar y, según declaraciones del biministro Córdoba, estaríamos iniciado la etapa de modernización de los contenidos curriculares para vincularlos más al aspecto laboral.

La gestión del sector ha sido la más inestable de la administración pública y también lo han sido sus políticas. Hemos vivido cambios constantes de ministros, sorpresivos y sin explicaciones. Otro rasgo del manejo público de la educación fue dar a conocer decisiones de manera aislada, sin que la ciudadanía conociera de qué proyecto de reforma formaban parte. El manejo reservado de la política educativa llegó también a los programas específicos; por declaraciones ocasionales de los ministros de Educación o resoluciones ministeriales publicadas en el “El Peruano” conocimos de las actividades de programas tan importantes como el Mejoramiento de la Calidad de la Educación Primaria (MECEP) o de los avances en l negociación de un crédito de aproximadamente 300 millones de dólares con el Banco Mundial, por mencionar dos ejemplos.

Otro desafío será impulsar la descentralización y demostrar vocación democrática. La intención descentralista del gobierno no se ha hecho evidente ni en educación ni en otros sectores de vida nacional. Por el contrario, es bastante conocida su tendencia a recurrir a formas autoritarias. Ejemplos recientes en educación son el intento de aprobar la Ley General de Educción sin mayores discusiones, y la promulgación sorpresiva de la ley que autoriza la intervención de universidades públicas, violando así la autonomía universitaria que establece la Constitución. Estas decisiones tienen un importante efecto educativo; sin embargo, el gobierno parece olvidar que desde la política también se educa y se dan ejemplos de sociedad superior, de respeto a la vida o de conducta democrática.

En el curso de estos años el tema de la descentralización educativa estuvo presente. Se conocieron hasta dos propuestas de gobierno que luego fueron desestimadas por el Presidente. Actualmente, en el marco del MECEP, se deberían estar ensayando dos modelos de gestión escolar en centros educativos de Lima y Cusco. Si bien una propuesta descentralizadora debe incluir a las escuelas que, no puede ni debe ignorar el rol decisivo de instancias intermedias de gobierno, como los gobiernos locales y regionales. Sabemos que este proceso de descentralización de las decisiones resulta un problema político difícil de manejar, pero no es posible alcanzar metas de calidad educativa en un país pluricultural y desigual en necesidades económicas y sociales, sin que las propias comunidades locales y regionales tengan la prerrogativa de expresar en sus políticas curriculares y educativas esa diversidad, asunto clave además para el logro de una educación impulsora de desarrollos locales.

Para que la descentralización vaya de la mano con un proceso de integración nacional es fundamental además el diálogo entre los actores educativos de la sociedad y el Estado a diferentes niveles. Un gobierno intolerante a la crítica no estará en condiciones de avanzar hacia los consensos necesarios para garantizar la integración nacional.

Otro campo impostergable deberá ser poner en marcha una política magisterial que preste atención preferente a la formación profesional y remuneración de los maestros. Probablemente no haya demanda más constante que se le haya hecho al gobierno de ésta. Los maestros siguen siendo maltratado y desoídos. Si bien es año pasado hubo incrementos en sus salarios; éstos son totalmente insuficientes. Un Plan de Capacitación Docente con participación de instituciones estatales y no estatales acaba de iniciarse en varias ciudades del país; no obstante, predomina el desconcierto entre los responsables de aplicar la nueva propuesta curricular de articulación inicial-primer grado. No conocemos tampoco de una política estatal concentrada en mejorar la formación inicial de los maestros. Urge adecuar el currículo de formación docente a las demandas de una sociedad que busca alcanzar la modernidad pero desde bases de desigualdad y pobreza.

Los desafíos mencionados no podrán enfrentarse sin una mayor inversión pública en educación que sea además sostenida. Es un signo alentador que el presupuesto de este año para el sector se haya incrementado respecto al de 1994, pero estamos aún muy lejos de repetir las inversiones de 1983 o el 85. Mientras que el aumento de remuneraciones en educación siga sujeto de transferencias decididas exclusivamente por el Ministerio de Economía, el sector tendrá recortado un derecho indispensable para hacerse responsable de los resultados de su gestión, el derecho a participar en las decisiones de financiamiento. Contradictoriamente se recorta el poder de decisión del Ministerio de Educación y de las universidades públicas, al tiempo que se insiste en la propuesta de autonomía escolar.

Estos son algunos de los retos en los que debemos comprometernos. Ellos requieren de un Estado convocador de voluntades en torno a políticas que garanticen mayor calidad y equidad en la educación. Implica aprender a dialogar entre sociedad y estado, aprender a discrepar y a ponerse de acuerdo en torno a intereses comunes, puesto que todos queremos una educación que desarrollo capacidades y valores para vivir en una sociedad moderna, productiva y democrática que respete nuestra identidad como nación. También implica que el Estado haga suyos principios fundamentales de una sociedad democrática, principios que se han vulnerado con la ley de amnistía a los militares encausados por crímenes contra los derechos humanos y con la intervención en las universidades estatales, violentando de manera inaceptable el derecho a la vida y a la libertad de pensamiento.

Lima, 15 junio de 1995