Nuestra Asociación, TAREA, celebra 20 años de trabajo educativo y de producción editorial. Veinte años de experiencias educativas diversas con adultos, jóvenes y niños, principalmente de distritos urbano-populares de Lima. Animados siempre por el propósito de encontrar con los participantes, actores políticos y sociales; estrategias para producir, en democracia, formas de vida dignas para todos.

En estos años nuestra preocupación por la situación del Perú y su gente, ha sido constante. Y no podía ser de otro modo ya que la educación está inexorablemente ligada a proyectos de sociedad y de hombre, a utopías sobre la mejor manera de convivir y ser peruano. Nos percibimos no como espectadores sino comp. Protagonistas de la educación y, como tales, hemos tomado posición respecto a los hechos socio-educativos que consideramos más relevantes, fuesen estos producidos desde el Estado o la sociedad en sus múltiples y plurales expresiones. Continuaremos haciéndolo porque entendemos que la educación supone siempre una propuesta ética, política y pedagógica para las nuevas generaciones.

La educación pública peruana continúa sumida en una crisis profunda. El gobierno desperdició hasta la fecha la oportunidad de enfrentar con decisión las causas de muchos de los problemas de la educación peruana: pobreza, desigualdad de acceso y trato en la escuela, maltrato a los maestros… Por el contrario, las políticas educativas y sociales fueron postergadas dentro de la política general de gobierno. No se demostró un real interés por mejorar condiciones básicas como la alimentación, salud, empleo de las familias, salario magisterial; cuya atención era necesaria para lograr que la igualdad de oportunidades educativas deje de ser un discurso.

Recientemente, sin embargo, se ha anunciado un viraje en la política educativa del gobierno. Jorge Trelles, sexto Ministro de Educación de régimen, ha sostenido que le corresponde al Estado asumir su responsabilidad en la educación pública y garantizar su gratuidad y calidad. Queda por demostrar esta perspectiva en la acción. Deberá demostrarlo en un año pre-electoral, momento poco propicio para que actores sociales y políticos se comprometan en acciones de largo plazo, por estar más preocupados en confrontarse entre sí y renovar promesas de cambio a la población. Este proceso electoral inflará decisivamente en las iniciativas del gobierno si, además, el propio Jefe de Estado se decide a postular a la reelección. Esperamos que el Ministro Trelles, logre mantener esta perspectiva y busque concertar con políticos y maestros, para preservar el rol responsable del Estado en la educación del futuro.

Para la sociedad civil, este año pre-electoral será de balance crítico y de clarificación de sus demandas a futuro. Es de esta doble reflexión —evaluativa y prospectiva— que se irán formando las opiniones y tomando las decisiones electorales de la ciudadanía.

Pero ¿cuál fue o es la apuesta educativa del gobierno? ¿Cuáles las apuestas actuales de la ciudadanía y a qué sectores de nuestra atomizada sociedad representan?

Resulta más fácil reconocer las apuestas del gobierno en la economía y la defensa nacional que lo es reconocerla en la educación. Si bien el Presidente Fujimori se comprometió a “modernizar la ecuación”, los objetivos y contenidos de ese proceso modernizador permanecieron en la penumbra. La ausencia de un plan o proyecto global para modernizar la educación, fue reemplazada por decisiones parciales, contradictorias y cambiantes, por vaivenes en la política educativa. En estos cuatro años nos acostumbramos a introducir la estrategia del sector, a partir del seguimiento y análisis de medidas y declaraciones públicas de los Ministros o del Presidente de la República, muchas de las cuales no fueron jamás llevadas a la práctica.

De lo actuado se puede deducir que la modernización educativa tiene hasta el presente, por lo menos, dos significados para el gobierno: 1) reducir la responsabilidad del Estado en la regulación de la educación y 2) construir nuevas escuelas. Poco o nada tiene el sistema educativo público que mostrar respecto a avances en calidad de los aprendizajes, inventiva pedagógica, formación profesional de sus maestros y acceso masivo a materiales educativos de calidad. El Ministerio de Educación ha dado a conocer algunas iniciativas, aún poco difundidas y débilmente respaldadas por una estrategia de implantación. Entre ellas, el programa de articulación inicial-primaria, analizado en este número, el sistema de formación profesional técnica, y una reforma de la gestión de los centros educativos, cuyo plan piloto se iniciaría con el próximo año escolar.

El gobierno no es, sin embargo, el único actor con iniciativa en educación. En los últimos meses hemos conocido tres propuesta de Ley General de Educación, formuladas por el SUTEP, Rafael Rey Rey (congresista de Renovación) y Gloria Helfer (congresista del MDI) respectivamente. Propuestas que expresan enfoques y estrategias distintas, consideraciones diversas sobre la educación nacional y sobre las que habrá que formarse un juicio. El análisis crítico de estas y otras iniciativas nos ayudarán a clarificar nuestras apuestas y demandas educativas para los próximos cinco años de gobierno.

Algunas observaciones respecto a lo sucedido en el campo de la sociedad civil. Si a cambio de lograr el control de la inflación y de la guerra interna, la ciudadanía aceptó un orden autoritario, en educación esta lógica impositiva encontró limitaciones. Ello, quizás, porque en el sistema educativo existe una práctica participativa a través de las asociaciones de padres de familia, bases del SUTEP y organizaciones de alumnos, que mal que bien han ido creando una cierta conciencia de responsabilidad compartida (concepto de comunidad educativa) y una creciente demanda por un proyecto educativo nacional que incluya los aportes de las diversas cultura y reconozca las heterogéneas necesidades de desarrollo de las regiones en el Perú.

Las iniciativas del Ejecutivo en educación no fueron, entonces, aceptadas estoicamente por la población, como si lo fueron las medidas de ajuste económico. Es el caso de los tres decretos leyes promulgados por el Ejecutivo a fines de 1992, y derogadas por el CCD el 25 de mayo de 1994. Las propuestas de transferencia de los centros educativos a promotores privados y de asignación mensual por alumno, fueron rechazadas por el riesgo que suponían para la educación de los más pobres. Se empezó a constituir una suerte de opinión pública en educación, aunque puede resultar excesivo denominarlo así, ya que los protagonistas del debate público continuamos siendo, los incluidos en los procesos de modernización del país y no los excluidos de sus beneficios.

La población sigue depositando sus esperanzas de progreso en la ecuación, aunque no sabemos en qué grado la situación crítica de la educación pública ha mellado la confianza popular en ella. La escuela pública tiene que demostrar a las mayorías nacionales que es capaz de responder a sus necesidades de aprendizaje y facilitar el logro de uno de sus más caros anhelos: ser incluidos en las estructuras productivas y políticas del país, ser reconocidos por su personalidad cultural; ser capaces de acceder a los “códigos de la modernidad” y producir creativas síntesis entre el conocimiento tradicional y el moderno.

Es creciente la conciencia de que la participación de todos es necesaria para la transformación de la educación. Es un derecho el participar en estas definiciones. Des respeto a los consensos sobre las metas de la educación nacional y, de la calidad del proceso pedagógico que se diseñe para lograrlas, depende la recuperación de la confianza de la ciudadanía en el sistema educativo y en sus dirigentes políticos. No olvidemos que el gobierno perdió confianza de la ciudadanía, cuando puso en peligro derechos o principios considerados inalienables por ella (gratuidad de la enseñanza, acceso a la educación postsecundaria, propiedad pública de las escuelas).

Es necesario una apuesta común en educación y alianzas de largo plazo. Reconocerlo, está cambiando la práctica de varios movimientos educativos en el país, antes más centrados en sus propias propuestas y corrientes de reflexión y ahora más abiertos al intercambio con otros actores, incluso con apuestas educativas ideológicamente distintas a las propias. La confluencia no impide, más bien supones diferentes puntos de vista e intereses entre los que dialogan. No es pues casual que sean educadores los primeros en constituir una asociación políticamente plural y multidisciplinaria, como Foro Educativo. Es parte de una apuesta por encontrar consensos al interior de la sociedad civil y con el Estado que hagan viable una educación de calidad para todos.

María Amelia Palacios