Hasta hace poco la opinión pública no incluía a la educación entre los derechos constitucionales menos respetados en el país, quizás porque las múltiples violaciones del derechos a la vida ocupaban la atención nacional e internacional. Este año sin embargo, la huelga magisterial –como lo hizo en su momento el cólera con los servicios de salud pública- ha puesto en evidencia como nunca antes la situación caótica del servicio de educción pública y ha marcado el ingreso de la educción al repertorio de derechos fundamentales atropellados en nuestro país.

Durante los tres meses y medio que duró la huelga ¿qué nos enseñaron sus protagonistas? El Ministro de Educación y autoridades del sector dieron lecciones de peligrosa intransigencia. Todos conocemos de las restricciones fiscales pero el Ejecutivo provocó una prolongación del conflicto al negarse a atender, en la última etapa, las exigencias moderadas del gremio, dejar en suspenso a directores y subdirectores de los centros educativos que no se reintegraban a sus actividades, crear los comités de gobierno y declarar ilegal la huelga. Esta intransigencia del gobierno favoreció también a posiciones como las de Sendero Luminoso que agitan la lucha gremial sólo en cuanto es funciona a su confrontación político-militar. De otro lado en el Parlamento, la alianza Cambio 90-APRA, evitó la censura al Ministro de Educación propuesta por un grupo multipartidario.

La lucha del SUTEP ganó la adhesión de casi la totalidad de sectores sociales y corrientes políticas. La protesta tenía bases reales para producirse: el promedio del salario de los maestros peruanos era de 50 dólares mensuales. La adhesión se fue perdiendo sólo cuando lo prolongado de la huelga empezó a poner en peligro inminente el año escolar para millones de niños y jóvenes. La continuación de la huelga fue respaldada por bases del sindicato. No sólo por las más radicales sino por un sector significativo de maestros decididos a defender su dignidad profesional, duramente maltratada por el Ejecutivo y algunos medios de comunicación masiva. La principal lección para el magisterio consiste en definir más claramente las circunstancias en las que su protesta empieza a vulnerar el derecho a educase de las mayorías. El gremio debió buscar distintas salidas al conflicto llegado este momento.

La huelga movilizó a los padres de familia y la opinión pública tras una pronta solución. Figuras políticas, eclesiales y profesionales de la educación alcanzaron diversas sugerencias a las partes en conflicto: desde un mayor aporte económico de los padres de familia, hasta el incremento del Impuesto General a la Ventas, la mejora sustantiva de la capacidad de recaudación tributaria del Estado, entre otras. Los padres de familias buscaron sus propias salidas: aquellos con recursos trasladaron a sus hijos a escuelas privadas, otros promovieron asambleas para presionar por el reinicio de clases. Los maestros por su parte complementaron ingresos a través del comercio ambulatorio, clases particulares o formas informales de educación llamada “huelga sucia”.

Hoy la población sabe que la elevación de los salarios magisteriales es imprescindible pero a su vez insuficiente para resolver el crítico estado de la educación pública. La huelga de los maestros ha puesto sobre el tapete problemas más de fondo que la propia protesta y la forma de resolverla. Algunos de estos problemas son:

La deserción escolar, muy alta antes de la huelga y que ahora puede ser mayor. Deserción que de no atenderse tendrá graves repercusiones a largo plazo.

La deserción de los maestros más calificados del sistema escolar que también debe haberse incrementado después de la huelga. Para nadie es un secreto que cerca del 50% de maestros del sector público son intitulados. La crisis del sistema educativo estatal está provocando la migración del personal docente y técnico-administrativo más capacitado hacia otras actividades económicas o hacia la actividad educativa en el sector privado.

El financiamiento de la educación estatal, el rol del Estado y el derecho a la educación gratuita que algunos han puesto en cuestión, es otro tema. Vinculado a este se encuentra también el de la municipalización de la educación primaria ya anunciada por el Primer Ministro.

La búsqueda de nuevas formas de lucha sindical que involucren a los usuarios del servicio cuando este sea el caso para decidir conjuntamente las formas de protesta. Estas alianzas nos parecen necesarias para el caso de los servicios públicos, cuya paralización o mala calidad afecta a aquellos a los que debemos servir.

Estos temas junto con otros, deben empezar a ser discutidos por todos los interesados en contribuir a salvar la educación nacional de la situación en la que hoy se encuentra. La Revista Tarea aspira a contribuir desde sus páginas a este debate.

Este número incluye dos temas que pueden aportar en este sentido: la reflexión de Manuel Iguiñiz sobre los desafíos de la educación peruana en la situación actual del país y la posición crítica de dos investigadores colombianos, frente a los procesos de privatización y municipalización de la educación puestos en marcha por el gobierno del Presidente Gaviria en Colombia.

María Amelia Palacios