El 17 de diciembre del año pasado en el país y el mudo entero se miraba con asombro cómo la fiesta de celebración del cumpleaños del emperador de Japón se convertía en escenario de una espectacular acción terrorista, con el secuestro de centenares de personas en la residencia del embajador de Japón en el Perú.

En el país, uno de los efectos perjudiciales de la toma de la residencia es la distorsión de la agenda pública, de los asuntos políticos atendidos por el gobierno y la sociedad. Un ejemplo es la práctica desaparición, hasta ahora, de los temas concernientes a la educación escolar. Sin embargo no ha desaparecido la agenda real. Lo que ocurre es que algunos aspectos circunstanciales resaltan por sobre otros también importantes. La pacificación del país se recoloca y la educación informal se vuelve importantísima en el escenario de la política.

Como otras veces en nuestra última década, el momento político es espectacularmente educativo. Todos estamos involucrados. El MRTA, el gobierno, la prensa, la iglesia, los rehenes, los ex-rehenes, los padres de familia, las organizaciones de ciudadanos somos, a la vez, enseñantes y aprendices en estas vacaciones escolares que no son vacaciones educativas.

Es tanto lo que se juega como educación cívica, como valores, que sólo podemos empezar por hacernos algunas preguntas: ¿hasta cuándo los vanguardismos armados se justificarán usando el nombre de los pobres? Una vez más, ¿es la privación del derechos de otros un medio legítimo para llamar la atención sobre un actor y sus mensajes? Nos gustaría autoengañarnos y decir “¡es evidente que no!”, consolarnos con declarar “¡el MRTA debe liberar inmediatamente a los rehenes¡” Pero sabemos que lo real no es sólo lo racional, y que la sociedad es testigo de hechos sociales con puntos de contacto con esta acción aberrante del MRTA. La vida social está cargada de ambigüedades y conflictos nada simples.

La toma de la casa del embajador japonés ha puesto en evidencia las potencialidades de unidad nacional. De igual manera, la voluntad de servicio de personas como el sacerdote Juan Julio Wicht y muchos otros rehenes. Valores como éste –que pueden integrase redobladamente a la vida política- se han expresado con toda claridad. Y sólo desde estos valores se dejará de repetir el drama de nuestra niñez, más sensibilizada por los aprendizajes del abandono, tal como lo demuestran los sucesos recientes del Centro de Rehabilitación de Menores de Maranga.

También hemos sido testigos, en los últimos meses, de las presiones del gobierno sobre entidades claves de la institucionalidad democrática: la Fiscalía de la Nación y el Tribunal de Garantías Constitucionales. Así se ponen en el escenario modos pocos educativos para forjar una nueva ciudadanía. Ciudadanía alerta a diferenciar las múltiples maneras de justificar la incapacidad de profundizar la justicia y la tolerancia.

Para que la ruptura cultural y moral que los peruanos procesamos frente al MRTA y SL sea definitiva, se requiere una democracia convertida en reglas y estilo de vida. ¿Cuánto se hubiera ganado con un sistema de consulta a la ciudadanía en la definición de las políticas? ¿Cuánto más de reacción ciudadana tendríamos ante el secuestro del MRTA si en nuestro estilo político nacional fuera hábito el escuchar y concertar? ¿Cuánto más de rechazo si las demandas legítimas tuvieran acogida efectiva por parte de la autoridad?

Pero incluso desde el estricto campo de la educación formal –que se evidencia no es el único a considerar en la política educativa-, mucho se puede hacer. Reiteramos algo ya trillado pero no por ello menos importante: hay que hacer un asunto político la definición de las bases curriculares de la educación; definir los valores democráticos que queremos las personas del Perú en la escuela es un asunto público; son también asunto público las aspiraciones que deben expresarse en la escuela. Es fundamental conversas sobre las competencias que se requieren para la maduración personal y para la contribución a una vida colectiva con justicia.

Los avances sobre la currícula elaborados en el Ministerio de Educación, por ejemplo, deberían salir a consulta sin demora. Discutirlos sería ya un estímulo para la comunidad educativa en el ejercicio del año 97. Muchas disposiciones recientes ratifican que los peruanos y las peruanas no somos tratados como actores legítimos en la educación. Junto con la convocatoria a instituciones privadas para que con autonomía contribuyan a la educación pública, es tarea del Estado convocar a todos para que la educación de calidad esté al alcance de cada uno y se Extenda durante toda la vida.

En asuntos públicos, la política de hechos consumados no sólo no educa a una ciudadanía en la responsabilidad y la deliberación, sino que da lugar a medidas efímeras y a no poco desorden en la gestión pública. En este contexto, estamos convencidos de que hoy es ya reconocible una política educativa: junto a esfuerzos positivos, marchas y contramarchas en medidas específicas y un Estado muy ineficiente, vemos que se va consolidando un modelo educativo que afirma la autonomía institucional sin consolidar la cohesión nacional.

La Resolución Ministerial 016 es una norma menor para los asuntos que aborda; pero además es una medida unilateral, porque afirma la diversidad curricular sin construir la base cultural común. Se ha respaldado la iniciativa de sectores privados –con mucho de valioso-, creando una especie de extraterritorialidad cultura, sin convocar las élites económicas y culturales a una acción común por el país. Las leyes sobre educación privada y sobre inversión son expresiones definidas de ello.

En fin, se valora crecientemente la autonomía y la iniciativa privadas, sin transformar la gestión pública. El Estado no aparece como garante de la equidad, a pesar de que en Latinoamérica se ha comprobado reiteradas veces que sin políticas claras de igualdad de oportunidades, las desigualdades de profundizan. Sn un papel activo del Estado con funciones diferentes a las del modelo centralista tradicional es imposible que las escuelas cumplan su función. En particular, la condición docente no puede seguir siendo un eje secundario: se requiere iniciar un firme proceso de profesionalización, motivación y reparación económica.

La diferenciación con el MRTA y con toda política que no respete la libertad ni valore al otro como legítimo interlocutor serán mayores si camban las actitudes en la propia cultura cívica educativa y escolar. El aislamiento del MRTA –producto del ejemplo cívico de los actores públicos- hará más viable la eliminación de esas y otras brutales maneras de encarar conflictos en la sociedad peruana, sociedad cargada de factores conflictivos por las profundas fracturas sociales y culturales, sociedad que exige radicalizar los hábitos y los valores democráticos.

María Amelia Palacios, directora