Revista TAREA

EDITORIAL TAREA Nº 95

El gobierno actual y diversos documentos de política pública como el Acuerdo Nacional (2002), la Ley General de Educación (2003), el Proyecto Educativo Nacional al 2021 (2007) y el PELA (2008), entre otros, han reconocido reiteradamente que las brechas de oportunidad educativa entre las poblaciones rurales y las urbanas son de larga data, profundas y persistentes, y que cerrarlas es un objetivo prioritario en nuestro país. El Proyecto Educativo Nacional al 2021 planteó que las poblaciones de áreas rurales y en extrema pobreza no solo debían ser atendidas con prioridad sino con estrategias diferenciadas según sus necesidades y características. Prácticamente no hay política social en el país que no reconozca el cierre de brechas de acceso a servicios públicos en ámbito rural (la educación entre ellos) como una tarea urgente. Un reciente informe de Oxfam (2017) indica que los avances en la reducción de brechas han sido insuficientes y en gran medida resultado inercial de un entorno económico favorable más que de políticas públicas efectivas. Tomar medidas en favor de la población rural y atenderla preferentemente para compensar las desigualdades que afectan su derecho a la educación continua siendo una prioridad del Estado peruano.

Si bien la brecha de desempeño satisfactorio en comprensión lectora medida por la ECE entre estudiantes de segundo grado de primaria de escuelas urbanas y rurales se ha reducido en los últimos diez años, la desigualdad en los aprendizajes por lugar de residencia (urbano-rural) sigue siendo alarmante. De allí la persistente demanda de la comunidad educativa por dar efectiva prioridad, política y financiera, a la educación de poblaciones rurales y a su articulación con la política sectorial de Educación Intercultural para Todos y Educación Intercultural Bilingüe. En medio de este panorama, el anuncio, a mediados de este año, de la constitución de una Comisión Sectorial en el Minedu encargada de formular una política específica de Atención Educativa para la Población de Ámbito Rural, con urgencia, generó expectativa social. Sin embargo, hasta la fecha no se aprueba tal política ni se ha informado públicamente sobre el estado del proceso. Aprobar, financiar e implementar dicha política con la participación de los gobiernos regionales es un imperativo ético para el país y una responsabilidad ineludible del gobierno nacional.

La presente edición de la revista Tarea incluye contribuciones de diversos autores al proceso de deliberación de una política educativa para las poblaciones rurales. Contiene un análisis de los principales cambios ocurridos en la sociedad rural en los últimos diez años en el Perú, un anuncio de las medidas que el Minedu estaba formulando para mejorar el logro de aprendizajes en la población rural y garantizar su derecho a acceder a todos los niveles del sistema educativo; y la opinión y recomendaciones de actores educativos regionales sobre algunas de estas medidas de política. También una revisión de experiencias e innovaciones en la secundaria rural en América Latina que contrastan con las condiciones en que operan los Centros de Educación en Alternancia en Apurímac. La formación docente para responder a nuestros diversos contextos rurales es abordada por autores que han sido parte de experiencias y propuestas de formación docente para poblaciones rurales desde distintos tipos de instituciones, nacionales e internacionales. Finalmente; innovaciones en la gestión territorial de políticas educativas en ámbitos rurales y experiencias que integran la cultura local en la escuela, completan el número.