¿Reforma educativa sin política de estado?
En el año 2011 entrevistamos para la Revista Tarea al sociólogo Nicolás Linch, quien entonces era uno de los voceados para asumir la cartera de educación en el gobierno de Ollanta Humala. Dos afirmaciones destacan en la entrevista: 1) que la agenda de la revolución educativa anunciada en el programa de la gran transformación no era otra que los mandatos del Proyecto Educativo Nacional, y 2) el convencimiento de un necesario incremento dramático del presupuesto educativo (un aproximado de 4,500 millones anuales) para financiar la prometida revolución.
Una vez en el gobierno, Humala nombró ministra de Educación a la socióloga y profesora universitaria Patricia Salas, quien anteriormente ocupó el cargo de presidenta del Consejo Nacional de Educación (CNE) liderando la experiencia de construcción del Proyecto Educativo Nacional (PEN). Esta designación se entendía como la señal de que efectivamente el nuevo gobierno asumiría el PEN como política de estado.
Hay que recordar que el PEN fue aprobado durante el gobierno de García en el 2007, en el contexto de un fuerte conflicto entre gobierno y el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP), y después de tres años de un proceso participativo iniciado por el CNE a nivel nacional. Sin embargo, el PEN fue desconocido por el gobierno que lo aprobó. Por una parte, García expresó equivocadamente que se trataba de un documento de veintitantas páginas de enunciados políticamente correctos, pero la política educativa de su gobierno tenía sus propias prioridades. Así, García Pérez puso en marcha un programa piloto de municipalización educativa, implementó un programa centralizado de capacitación docente, creó el Colegio Mayor, invirtió en los denominados colegios emblemáticos ubicados principalmente en el espacio urbano tradicional de Lima. Estas acciones no eran parte de las políticas del PEN, por el contrario, eran contradictorias con su orientación de equidad educativa y de gestión educativa descentralizada.
De modo que, encargar la cartera de educación a quien presidió el esfuerzo del CNE para dotar al país de una política de estado en educación, daba la señal de que se retomaría el rumbo estratégico. Sin embargo, una golondrina no hace verano. Se dieron pasos de suma importancia. Los más importantes, a nuestro ver, son de naturaleza estructural: la ley de reforma magisterial, la ley universitaria, el sostenido esfuerzo en materia de educación intercultural bilingüe.
La política de desarrollo docente fue un fenómeno político de gran complejidad. El Ejecutivo optó por crear un régimen único para todos los maestros del país, el Congreso asumió el concepto de carrera meritocrática hasta el exceso: evaluar el desempeño cada tres años a todos los maestros y maestras del país —en promedio, once veces durante su vida profesional— como requisito para ascender no solo es excesivo sino impracticable.
Por otra parte, el proceso se dio en un marco de movimientos huelguísticos de docentes, principalmente en algunas regiones que, contra lo esperado por sus promotores, devino en desgaste y debilitamiento político de los sectores que cercando, literalmente, la actuación del Ministerio de Educación buscaban también ganar el control del sindicato.
Hay que considerar en esta escena, a los operadores del gobierno de García que sosteniendo la validez de la Ley Nº 29062, Ley de Carrera Pública Magisterial, pugnaba porque la nueva ley no se hiciera realidad. Es decir, lograr que el país tuviera una política que ordenara el régimen laboral de la profesión docente en el servicio público implicó superar fuerzas tradicionales muy fuertes. La Ley de Reforma Magisterial, sin embargo, requiere ajuste para garantizar la dignificación del magisterio nacional y la promoción de un cuerpo profesional dotado de autonomía intelectual. Sin un magisterio que pueda ejercer su creatividad para el desarrollo de pedagogías que atiendan la diversidad de sujetos y contextos, nuestras escuelas se mantendrán en la mediocridad.
La ley universitaria ha tenido un proceso similar, en tanto se ha enfrentado a poderes fácticos que se le oponían —y se le oponen— no solo en el ámbito de una oferta privada preocupada por el lucro en desmedro de la calidad y el compromiso con el desarrollo nacional, sino en el campo de la universidad pública, convertida en feudo de grupos de interés que han mermado su función pública, su prestigio y su aporte al desarrollo científico y tecnológico del país.
Un feliz avance a favor de la equidad y la recreación de la educación peruana desde esa fortaleza que es nuestra diversidad de pueblos, culturas y lenguas es que hoy podemos decir que la EIB existe, se ha instalado y ocupa lugar en la política educativa peruana. Hoy no podemos hacer política educativa sin interculturalidad y sin reconocer el derecho de los pueblos a su propia educación. Esto ha sido resultado de una sinergia. De una parte, la actoría de pueblos andinos, amazónicos y afroperuanos, de otra, autoridades y funcionarios con una voluntad política que los ha reconocido como interlocutores válidos. Esperamos que este proceso se corone con la aprobación de la política nacional en EIB resultado de la consulta previa.
Hay otros aspectos en la política educativa de este quinquenio donde se pudo y se debió avanzar más: en la política curricular, la descentralización educativa, la educación para el trabajo, las modalidades EBA, EBE y los CETPRO. Por razones de espacio solo los mencionamos. Pero como podemos apreciar, se han dado avances importantísimos, aunque no del todo irreversibles. Se requerirán nuevas mayorías —cuando no consensos— en torno a ajustes de estas políticas para mejorarlas, hacerlas más realistas, más eficaces y más legítimas en el sentir de los actores educativos.
Un punto clave en esta historia, es tomar conciencia de que en educación los cambios son resultado de la interacción de diversos actores, a veces en condición de adversarios, otras en alianza. No son obra de tal o cual autoridad. Todos ponen su granito de arena. Por esa constatación y por vocación propia, nosotros apostamos por la construcción democrática de la política educativa, como el camino que permite generar efectivamente políticas de Estado.
Por esto, nos ha extrañado la declaración del actual Ministro que, al enfatizar la necesidad de que la educación sea política de estado, sostiene que esta consiste en dar continuidad a la decisión caprichosa e improvisada que significó el Colegio Mayor. Un especialista en política pública no puede sostener esto seriamente. Hay una política de estado para la educación en el Perú, está escrita y aprobada, es el Proyecto Educativo Nacional. Se afirma allí un sentido de equidad en el derecho a la educación, una apuesta descentralista que incluye la autonomía de las escuelas para generar sus proyectos curriculares, un sistema descentralizado de formación docente continua, entre otras.
Necesitamos que el conjunto del sector educación, con el Minedu a la cabeza, desarrollen efectivamente una política de estado en educación e implementen el PEN al 2021 y no se soslaye su cumplimiento. El PEN es normativamente vinculante y es un compromiso político ineludible. Claro, si en verdad queremos hacer política de estado.
Escribe: Severo Cuba, asociado a TAREA
