Los adolescentes no esperan
Foto: Andina
Diversas aproximaciones (UNESCO, 2017; IEP, 2018) reportan mejoras en los indicadores de acceso y permanencia de los estudiantes adolescentes en el sistema educativo. Comparativamente, el Perú es uno de los tres países con las trayectorias más sólidas de la región, es decir, combina un alto nivel de acceso y una alta retención de los estudiantes (UNESCO, 2017).
Sin embargo, al mismo tiempo son enfáticas en reconocer que existen importantes grupos excluidos entre los adolescentes más pobres, del área rural y de poblaciones originarias. A ello habría que agregar que la calidad de la educación que reciben muestra déficits. Si consideramos la Evaluación Censal de Estudiantes como proxy de la calidad educativa que reciben, esta indica que menos del 17 % de los estudiantes de 2do de Secundaria se ubicó en el nivel satisfactorio de todas las áreas evaluadas (Minedu, ECE 2018). Ello implica que el sistema educativo tiene dificultades para incluir y escolarizar a poblaciones cuyas realidades son más complejas y desafiantes (UNESCO, 2017).
La educación de adolescentes ha formado parte de la agenda política del país desde la segunda mitad del siglo XX (SITEAL, a través del Atlas de las desigualdades educativas de América Latina, muestra cómo evolucionó la culminación de la secundaria desde 1955). Las demandas sobre ella han sido atendidas, principalmente, mediante la implementación de medidas como la Jornada Escolar Completa, la Secundaria Rural Mejorada o las formas de atención diversificada para el área rural, conocidas como Alternancia, Tutorial y Residencia.
En 2018, el Ministerio de Educación, con la asistencia técnica de UNICEF y UNESCO y participación de organizaciones de la sociedad civil, otros sectores del Estado y las direcciones de línea vinculadas a la educación de adolescentes, inició un proceso de reflexión y diálogo orientado a la construcción de una política de educación de adolescentes. La inestabilidad política del país hizo que este proceso deviniera en la construcción de un Marco Orientador que guiara las decisiones de gobierno en la materia. En 2019, la nueva gestión ministerial tomó, además, la decisión de formular la Política Nacional de Educación y Bienestar de Adolescentes (RM N° 357-2019-MINEDU), siguiendo las directivas de CEPLAN.
Para los actores implicados, participar en esta tarea constituye una oportunidad para avanzar hacia el cumplimiento de los derechos que se desprenden del mandato de la obligatoriedad y universalización de la educación de adolescentes (UNESCO, 2017). Ello implica colocar al centro de la política a la diversidad de sujetos adolescentes del país –y no solo ni primero a los servicios que los atienden–; responder al imperativo de construir ciudadanía y cohesión social desde la experiencia escolar; adoptar enfoques y rutas de solución al problema que enfrenta el sistema educativo para garantizar con pertinencia y calidad trayectorias escolares y educativas; construir una cultura escolar tolerante con la identidad y culturas adolescentes y proclive a sus diversas formas de participación; identificar las articulaciones estratégicas que desde el sector se deben fomentar para garantizar las condiciones básicas que el desarrollo educativo de los adolescentes requiere (salud, protección, alimentación, entre otras).
En este proceso, a los educadores del país les corresponde identificar los factores académicos, curriculares, pedagógicos e institucionales que impiden o facilitan el acceso de los adolescentes a la educación, promover oportunidades que promuevan a su vez el desarrollo de sus potencialidades.
Al mismo tiempo, es imperioso considerar a los adolescentes como actores participantes en el proceso de construcción de la política educativa, para acortar las distancias entre ellos, el sistema educativo y una sociedad más amplia (UNESCO, 2017). Los adolescentes demandan, entre otras cosas, que sus docentes les brinden un buen trato y acompañen su proceso de desarrollo y aprendizaje, que este aprendizaje sea significativo para ellos y le dé sentido a su experiencia educativa, y que su trayectoria escolar se articule con sus trayectorias educativas; es, decir con las experiencias y aprendizajes que adquieren en el hogar y otros espacios comunitarios y aquellos generados por las tecnologías de la información y las comunicaciones (UNESCO, 2019; Foro Educativo, 2019; UNICEF, 2019).
El Estado, y en él los educadores del país, y la sociedad civil, en tanto cogarantes de los derechos de los adolescentes, deben converger para ofrecerles la oportunidad de adquirir las capacidades y competencias que requieren para ser lo que quieren ser. Es decir, para encausar un proyecto de vida que corresponda a sus intereses, aspiraciones, recorridos de vida y trayectorias educativas. Solo así, los adolescentes verán con satisfacción que el sistema educativo los acoge y los protege con respeto y un genuino interés por su desarrollo y su desenvolvimiento como ciudadanos activos en su contexto.
Escribe: José Luis Vargas Dávila, miembro del Consejo Directivo de Foro Educativo, consultor de UNICEF
