En la coyuntura nacional hay dos temas de trascendencia que están exigiendo respuestas rápidas y serias. Entre estos problemas está el de la crisis de la educación peruana, frente a la que se ha planteado el programa de emergencia en educación. Sabemos que esta crisis es producto de progresiva y prolongada desatención del sector. Hoy está por decidirse si afrontarla constituye una prioridad. La descentralización es otra política frente a la cual se esperan medidas para su concreción, como parte de la democratización del país y de la educación.

Otro tema de gran importancia lo constituye las recomendaciones incluidas en el Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que ha tenido el mérito de mostrar al país un análisis exhaustivo y doloroso en los factores que originaron la violencia política que asoló al país durante 20 años. Saldar heridas personales, sociales económicas, culturales y políticas, es la mejor contribución al campo educativo, ya que la educación se construye en su interrelación con la sociedad.

La emergencia en educación planteada desde el ejecutivo y el legislativo, desde agosto del presente año, puede ser una buena oportunidad para mejorar los niveles de equidad y calidad en la educación peruana. Pero existe cierta lentitud y dificultades para pasar los decretos y directivas a los hechos.

Por otro lado la emergencia requiere de un claro liderazgo del Gobierno Nacional y del Ministerio de Educación, estimando la participación del conjunto de la sociedad.

En términos del sector de Educación se cuenta con la Resolución Ministerial n.º 0853-2003-ED, la Directiva 063-2003 VMGP, el Decreto Supremo n.º 023-2003 ED, que plantea la conformación de los consejos participativos regionales de educación. Estos tienen como responsabilidad participar en los respectivos proyectos y programas de emergencia y de reforma educativa de su ámbito. El mismo Decreto faculta al Ministerio de Educación para utilizar y focalizar los fondos del FONDEP con la finalidad de dar prioridad a la atención de las zonas de pobreza y a la reconstrucción de las aulas. Últimamente se ha lanzado la Directiva n.º 93-2003 del Vice Ministerio de Gestión Pedagógica, para planificar las actividades de mejoramiento de la infraestructura educativa en lugares de alto riesgo. Se cuenta a su vez con las orientaciones y actividades pedagógicas para atender la Emergencia en Educación. Una convocatoria amplia para recoger enfoques y prácticas en el campo de las competencias comunicacionales, el pensamiento lógico y los valores democráticos hubieran dado mejores pistas y oportunidad para una mejor movilización y comprensión del sentido de la emergencia.

Consideramos importante que la Emergencia en Educación cuente con un marco normativo que le de sostenibilidad y viabilidad. Pero nos preocupa que estando por finalizar el 2003, es aún poco lo que se ha avanzado en el mejoramiento de la calidad de los aprendizajes de las y los estudiantes. En el campo de gestión inquieta el cambio de la gestión inquieto el cambio de 11 directores de UGRS en Lima Metropolitana y Regiones de Lima, que debilita la sostenibilidad de los programas que se están desarrollando como por ejemplo el de emergencia.

Otro aspecto sustantivo se refiere a los pocos esfuerzos de la sociedad en torno a la emergencia. Si la entendemos como una responsabilidad que compete también a la sociedad y que implica un gran cambio cultural, son pocas las iniciativas que hasta el momento se han desarrollado para generar mayores adhesiones de empresarios, medios de comunicación, intelectuales, organismos culturales, artistas. Se esperaría por ejemplo, un mayor compromiso de universidades y el de las municipalidades. Solo así se podría lograr una mayor movilización para colocar la emergencia en educación en la agenda social. Es cierto que hay una responsabilidad de los maestros en los aprendizajes, pero una visión ampliada de la educación requiere de la concurrencia de toda la ciudadanía.

La manera como se gestiona la economía en el país afecta a la educación. Tanto la política macroeconómica como la ausencia de una reforma institucional impactan en el deterioro de la calidad educativa y empuja a que los y las estudiantes no culminen la escuela, que incursionen tempranamente en el trabajo infantil; e impacta a su vez en los bajos salarios del magisterio, etc. Estas son algunas muestras de como aumenta la inequidad, se ahonda la pobreza y aumenta la desigualdad de acceso a la oferta educativa. Por lo tanto, la emergencia en educación requiere de recursos específicos y de un presupuesto concreto para enfrentarla. Hasta el momento no ha sido expuesto con claridad el monto del presupuesto del 2004 y el porcentaje de la nueva recaudación que se destinara a la emergencia, ya que sin presupuesto no podrán alcanzarse los objetivos planteados.

La emergencia debería constituirse en una oportunidad para pensar y actuar sobre los problemas estructurales que nos han llevado y nos mantienen en esta situación de crisis; una oportunidad para colocar como prioridad la educación en la política de gobierno y el rol que se le asigna en el modelo de desarrollo del país. Por ello consideramos que la emergencia educativa no es un asunto solo de los educadores¸ ni de del sector Educación, sino un asunto de política de Estado.

Por ello, es que en este número entregaremos propuestas como la de canje de deuda por educación, impulsada por ministros de educación de América Latina con el fin de garantizar la equidad, calidad y pertenencia de la educación. En la misma línea de preocupación se analizan los componentes de los cambios que requiere la educación nacional.

En la perspectiva de articular esfuerzos por una educación de calidad a la construcción de la vida democrática, presentamos los aportes de la Comisión de la Verdad y los retos que le plantea a la educación como componente de la construcción de la paz y la justicia en el país.

Compartimos reflexiones y experiencias en el campo de los aprendizajes comunicaciones y de razonamiento lógico, los cuales entendemos están al servicio de la formación de personas como ciudadanos comprometidos en la construcción de sus localidades y el país.

Nélida Céspedes Rossel, directora