En la sociedad peruana se hacen los esfuerzos para firmar la democracia retomada hace algo mas de un año y medio. La Ley de bases de Regionalización para descentralizar el país y las últimas elecciones regionales y municipalidades se inscriben en esa orientación. Sin embargo el Congreso ha excluido de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales el establecimiento del Consejo de Coordinación Regional. Esta arbitraria decisión es un retroceso que significa el recorte de la participación ciudadana y la de los alcaldes en los ámbitos referidos a elaboración de políticas y presupuestos, así como en el necesario seguimiento a los gobiernos regionales. Además esta medida contraría la constitución, y constituye un hecho inadmisible cuando se requieren las mejores energías y capacidades ciudadanas para impulsar el proceso de la descentralización.

Recordemos que gracias a la participación ciudadana fue posible enfrentar la violencia política y derrotar el fujimontesinismo. Esta participación se expresa en la formación de las instancias como la Comisión de la Verdad, el Consejo Nacional de Educación y la Mesa de Lucha contra la Pobreza, entre otras de importancia, así como en la organización de la sociedad civil en todas las regiones del país, por lo que la omisión debe ser corregida con urgencia.

Desde el enfoque de la educación ampliada, recordemos que la democracia se aprende sobre todo en el ejercicio cotidiano, en la relación entre los ciudadanos, y entre estos y sus instituciones. En esta relación entre sociedad y educación va configurándose una sociedad educadora o des-educadora.

En momentos en que se realizan esfuerzos por regular y normar la vida del país, esperaríamos transparencia de funciones. En esta materia es importante asumir las propuestas que plantea el Proyecto de la Ley General de Educación. Aspiramos y exigimos planteamientos claros, conducentes a mejorar la educación promoviendo que los actores educativos participen en la gestión, la planificación y el seguimiento. Necesitamos también un presupuesto que haga posible revertir las graves brechas educativas existentes en cada región del país.

La descentralización supondrá un cambio en el papel de Ministerio de Educación; su perfil rector y de propuestas tendrá que expresarse con nitidez, así como una exigencia de profesionalismo para enfrentar decididamente el reto de lograr la calidad y la equidad en un país como el nuestro, caracterizado por la diversidad. Así ha quedado planteado en el Proyecto de la Ley Marco de Educación.

En el marco internacional los vientos son favorables a la mejora e la calidad de la educación. En La Habana de 14 al 16 de noviembre, los ministros de educación de América Latina y el Caribe, convocados por la UNESCO, reconocieron que el proyecto Regional para la América Latina y el Caribe, PRELAC, constituye uno de los retos mas importantes pues su concreción permitirá a nuestros pueblos lograr altos niveles de desarrollo humano, de justicia y dignidad.

Sin embargo, un estudio internacional conducido por el profesor británico Chistropher Colclough, señala la preocupación, que el “logro de los objetivos de Dakar, sigue siendo una quimera”. Este reto estará en la base de la elaboración y gestión del Plan Nacional de Acción de Educación para Todos en el Perú; y es, por otro lado, una oportunidad para enfrentar los núcleos fundamentales de la inequidad y la calidad de la educación peruana.

Para el Foro Nacional de Educación, instancia formado por representantes de las principales organizaciones y asociaciones educativas de la sociedad civil, así como de los sectores gubernamentales involucrados en problemática educativa, un abordaje intersectorial es fundamental. Únicamente desde el sector no será posible resolver los problemas educativos.

En este sentido, saludamos las iniciativas del Consejo Nacional de Educación y de Foro Educativo por pronunciarse a favor del cumplimiento de los compromisos del Acuerdo Nacional, que prometió “garantizar recursos para la reforma educativa otorgando un incremento mínimo anual en el presupuesto del sector educación equivalente al 6 % del PBI”.

También es necesario garantizar la continuidad de las mejores políticas o propuestas educativas del sector. Hay planteamientos que señalan la necesidad de realizar cambios en los enfoques pedagógicos sustentados en los últimos años. En todo caso, se requiere evaluar la pertenencia o no de las propuestas, y debatirlas ampliamente incorporando a los maestros para recoger las mejores conclusiones. Recordemos que existen en el país múltiples iniciativas de innovación educativa, sustentadas principalmente en las corrientes constructivistas, en el currículo por competencias y en el aprendizaje globalizado, así como experiencias de gestión escolar, entre las más importantes. No cometamos los mismos errores en otros momentos: echar por la borda lo avanzado. Para consolidarse, las innovaciones requieren tiempo, estrategias permanentes y sistemáticas, y un claro estimulo de parte de las autoridades locales y nacionales.

A escala internacional apreciamos la elección democrática del presidente Lula. En el programa educativo plantea una apuesta por mejorar de manera articulada la calidad social junto a la educación de calidad. La importancia radica en que propone construir la educación de calidad social, transformadora y liberadora, convocando a todos los sectores de la sociedad a participar en las diversas instancias de decisión sobre las políticas publicas para el sector.

Nélida Céspedes Rossel, directora