Revista TAREA

EDITORIAL TAREA N° 32

Tarea Colectiva

Se ha realizado el Referéndum Constitucional y el resultado que ofrecen las proyecciones extraoficiales es de un triunfo del Sí con un escaso margen sobre el No. Las consecuencias de estas cifras sobre diversas dimensiones de la vida nacional, tanto en el corto como en el mediano plazo, son de gran envergadura.

Focalizando nuestro interés en la educación, señalemos que hay varios aspectos en juego. Destaca el referido a los procesos de formación de opinión política. En el Perú podemos encontrar diferentes procesos electorales que concluyen con resultados inesperados para los especialistas. Desde la reelección de Belaúnde en 1980, pasando por el triunfo de Fujimori sobre Vargas Llosa en 1990, y el actual referéndum, hemos sido testitos de cómo se ha ido construyendo una opinión política que maneja criterios y circuitos propios. Con estos últimos resultados nuevamente queda demostrada la necesidad de reconocer el pensamiento, opciones y sanciones que elaboran amplios sectores del pueblo, para que las iniciativas que podamos impulsar sobre formación ciudadana tengan sentido. Cómo incidirá este resultado en el campo de la educación cívica en los próximos meses y años, es un tema que está ya en discusión y análisis y es de altísima prioridad.

Los resultados han puesto en evidencia lo que el proceso de debate constitucional mostró, el país vive un momento político marcado por la necesidad de llegar a consensos básicos sobre asuntos nacionales claves pero los sujetos políticos, especialmente el gobierno, presentan serias limitaciones para impulsarlos. Es país y principalmente gran parte de la población de sus provincias más abandonadas estarían expresando su deseo de que los problemas de la pobreza sean asumidos de manera más definida como política de Estado y no sólo como donaciones.

Comentemos ahora los aspectos más circunscritos al sistema educativo en su forma escolarizada. El proceso ha mostrado el interés público por la educación en los dos planos en los que se movió el debate: sobre el texto constitucional y sobre la actuación del gobierno en esta materia. Entre los temas constitucionales, el derecho a la educación y la gratuidad de la misma han sido de los que más atención suscitaron. Las propias declaraciones gubernamentales post-referéndum han ofrecido colocar la educación en el centro de la preocupación nacional. Junto con este tema, otros derechos sociales con el de la estabilidad laboral, así como el modelo político y la pena de muerte han sido también motivo de múltiples discusiones y comentarios.

Es sustrato sobre el cual se ha producido el debate constitucional en educación es el crónico deterioro del sector. Irónicamente las últimas iniciativas gubernamentales han evidenciado nítidamente no sólo el colapso de la educación pública, sino también la dependencia popular de este servicio. En los últimos tiempo se han anunciado reformas modernizadoras de la educación y se han promulgado leyes, pocas de las cuales se han operativizado justamente por esta situación de colapso del Estado que se expresa en una conducción educativa, en la pérdida de personal calificado, en la normatividad e institucionalidad operantes, las reorganizaciones permanentes, la ausencia de transparencia y de rendición de resultados.

Dados los antecedentes de política educativa del gobierno, los pocos y recortado anuncios de lo que vendrá en adelante, la manera cómo se han producido los ocho artículos sobre educación en la Constitución y la actuación del gobierno en el debate nacional realizado, es necesario reconocer que, a pesar del interés ciudadano sobre el tema, se tiene aún un débil grado de consenso en torno a la educación formal.

Hay suficientes evidencias para afirmar que uno de los temas en que la opinión pública es más crítica respecto a la Constitución es el de la educación. Es difícil sostener que las reglas básicas para las políticas educativas nacionales estén hoy claras y sean compartidas por amplios sectores del país.

A nuestro entender lo que platea la Constitución es un conjunto de enunciados que intentan facilitar la huida del Estado hacia la quimera de una educación particular, total o parcialmente subvencionada, que resuelva los grandes problemas educativos del país. De ahí que pensamos que no basta decir que el pueblo ha sido engañado (por la oposición) respecto a la gratuidad. Se impone una revisión del modelo y no sólo una reiteración de que se garantizará en el futuro la gratuidad de la enseñanza. El reconocimiento de algunos derechos y deberes públicos fueron incluidos al final de la elaboración constitucional para atender preocupaciones de la ciudadanía, como la relativa a gratuidad. Por nuestra parte nos reafirmamos que los enunciados constitucionales son un logro, pero ingresaron al texto por razones de coyuntura. Es así que están subordinados a la lógica de la privatización de la educación pública, con el riesgo de ampliar la atomización cultural y educativa del país.

La fatiga con que el Estado encara la transformación educativa no está acorde con el interés, convocatoria y movilización que es posible impulsar en la ciudadanía por la educación.

Mucho del devenir de la educación peruana tendrá que definirse en los próximos meses. Definiciones que creemos no son principalmente normativas sino políticas, y que remiten principalmente al proyecto educativo que el país requieres y a la participación social que lo sustente.

Revertir la exclusión de la ciudadanía en la definición de las grandes políticas es el punto de partida. Concertar democráticamente con sectores sociales y políticos para arribar a punto de acuerdo nacional es un segundo paso.

Asegurar el adecuado cumplimiento de las responsabilidades del Estado, con un Ministerio que cuente con equipos e instancias profesionales que le den un sentido y proyección de futuro. Revisar públicamente la política diseñada de transferencia de centros educativos públicos a promotores privados, es una demanda expresada por diversos sectores. Llama la atención que se oferte centros educativos a entidades religiosas, como si la educación no fuera una función pública es otra tarea urgente. Revisar el anunciado financiamiento por alumno y la decisión sobre sueldos que discrimina a los maestros que permanezcan en el sector público, así como consultar el proyecto existente de Ley General de Educación son, entre otros, desafíos principales que han aumentado su vigencia con los resultados del referéndum constitucional.

Por lo tanto, el campo de la iniciativa educativa sigue abierto, no se ha cerrado y sigue siendo, como de ser una tarea colectiva.

Manuel Iguiñiz