Defensoría del Pueblo. Urge atender desafíos educativos pendientes
A pocas semanas de iniciarse el año escolar conversamos con Renzo Deza, comisionado responsable de la línea temática Derecho a la Educación de la adjuntía para la administración estatal de la Defensoría del Pueblo. Al ser consultado sobre las condiciones para el buen inicio del año escolar, señala que los temas que se deben priorizar son la reinserción de estudiantes, la recuperación de aprendizajes, la infraestructura y la violencia escolar. A continuación, sus declaraciones.
La Defensoría del Pueblo en el mes de enero ha realizado una supervisión a diferentes centros de educación a nivel nacional. En comparación con años anteriores, los problemas identificados, ¿son iguales, mayores? ¿En qué se diferencian? ¿En qué aspectos han encontrado la mayor deficiencia?
La Defensoría, del 18 de enero al 6 de febrero hizo una supervisión a 214 colegios públicos a nivel nacional, con excepción de Ica por el tema de la conflictividad social. En comparación con otros años, hemos advertido problemas vinculados al acceso a la educación y al derecho a la gratuidad de la educación pública, son problemas que todos los años se evidencian a través de las supervisiones de la Defensoría y las quejas presentadas por la ciudadanía a nuestras 40 oficinas y módulos defensoriales. Este año, uno de los aspectos más resaltantes es lo referido a la gratuidad de la educación pública. Al respecto ya se ha cursado al ministro de Educación las recomendaciones respectivas. De 214 colegios, 93 efectuaron el proceso de matrícula en paralelo con el cobro de la cuota de la Asociación de Padres de Familia (APAFA), algo que no debería darse, toda vez que la cuota ordinaria debería establecerse en la primera asamblea de la APAFA, que es en el mes de abril, de acuerdo con el artículo 17 del reglamento de APAFA. De estos 93 colegios que efectuaban estos cobros paralelos, hemos identificado que 30 realizan cobros por encima del límite legal del 1,5 de valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), que este año es S/ 74,25, hemos identificado colegios que cobran por cuota de APAFA de 80, 90, 120, 150, 250 y hasta 300 soles. El otro aspecto que también nos llama la atención es que de los 214 colegios hay 79 que requieren documentos en el proceso de matrícula que no están establecidos en el marco normativo. Específicamente son dos los que nos llaman la atención, por ejemplo, si tienen la constancia del Seguro Integral de Salud (SIS) o de EsSalud y los otros documentos son la boleta de notas, certificados de estudios, es decir, documentos que el propio personal directivo de los colegios pueden conseguirlos a través de la plataforma del Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa (SIAGIE), en vez de ello trasladan la carga de obtener estos documentos a los padres de familia, situación que, evidentemente, podría afectar el acceso libre al servicio educativo.
¿Han identificado alguna previsión que ha tomado el Ministerio de Educación para garantizar el buen inicio del año escolar?
En medios de comunicación el ministro y también el Ministerio de Educación (Minedu), a través de sus comunicados, ha señalado que están trabajando para que se dé el buen inicio del año escolar. En particular, nosotros, en enero, trasladamos un oficio al Minedu, directamente al ministro, señalando algunos aspectos que a consideración de la Defensoría del Pueblo deberían ser prioritarios en la agenda de la política pública a nivel nacional. Por ejemplo, en la necesidad o falta de vacantes que se reportan en algunas regiones. Durante la pandemia, aunque me atrevería a decir del año 2020 al año 2022, hubo un traspaso de más de 443 mil estudiantes del servicio educativo privado al público, eso implica que desde el año pasado y, obviamente, este año, en la modalidad presencial va a tener un impacto, que ya se está dando. Otro aspecto, derivado de ello, es el tema de la disponibilidad de personal docente y material educativo, infraestructura y mobiliario. Estos fueron algunos temas que nosotros pedimos información al ministerio. El ministerio nos ha respondido que está adoptando algunas medidas en el tema de las capacitaciones que ha brindado al personal docente y digamos, la programación para el año 2023, el tema de la contratación de servicios de internet básicamente, el acceso de planes y datos para atender al grupo de estudiantes y docentes que han sido beneficiarios con las compras de tablets por el Minedu en el contexto de la pandemia, por si no me equivoco, es el Decreto Legislativo 1465.
La Defensoría ¿está haciendo seguimiento al proceso de mejoras iniciado por el Minedu a partir del informe alcanzado por ustedes?
La Defensoría del Pueblo hace un seguimiento continuo del servicio educativo, a la política educativa en general, a través de reuniones con el Minedu, con el Programa Nacional de Infraestructura, a fin de atender algunos aspectos de manera macro, de alcance nacional. También hace seguimiento vía supervisiones, con visitas inopinadas en colegios públicos, esto lo efectúa la Defensoría del Pueblo a través de sus oficinas y módulos defensoriales. Entonces, en ambos frentes la institución hace una supervisión a la política educativa de manera general.
¿Cuentan con información sobre la entrega de materiales? ¿Considera que se logrará entregar al 100 % de instituciones antes del inicio del año escolar?
La información que tenemos sobre los materiales educativos es la que ha declarado el ministro de Educación a través de los medios, que aproximadamente al 60 % de los materiales ya se encuentra en las unidades de gestión educativa local (UGEL) para el traslado final a los colegios públicos. Hemos buscado en información sobre los recursos públicos destinados a los gobiernos regionales, a sus unidades ejecutoras, es decir, las UGEL para contratar el servicio de transporte de los materiales educativos, hemos evidenciado que este año se ha destinado un poco más de 13 millones para los gobiernos regionales. Es decir, las UGEL ya deben contar con presupuesto para contratar el servicio de transporte. Ahora, en ningún año se logra atender al 100 %, dentro del seguimiento que la Defensoría del Pueblo hace al Minedu. Respecto del año 2022, el ministerio nos ha informado que aproximadamente 488 colegios públicos no recibieron los materiales educativos previstos. Siempre hay un grupo que no llega a recibir los materiales u otro grupo de colegios que los recibe de manera incompleta o con algunos problemas. Respecto del seguimiento del servicio educativo la Defensoría del Pueblo está programando una segunda supervisión a colegios públicos sobre la ejecución del programa de mantenimiento de la infraestructura, la distribución completa y oportuna de los materiales educativos, así como la culminación del proceso de contratación docente. Todos estos elementos deben garantizarse por parte del personal directivo con miras de asegurar el buen inicio y el desarrollo del año escolar.
¿No hay forma de garantizar la entrega de materiales a todos los colegios?
Justamente por eso requerimos información a fin de identificar qué problemas se han advertido y hacer las recomendaciones que correspondan, la idea es, justamente, hacer el seguimiento de las recomendaciones y de las acciones que viene desplegando el Minedu y obviamente, también, las UGEL, porque la acción final de contratar el servicio de transporte para asegurar que los materiales lleguen a los colegios le corresponde a las UGEL.
Son las UGEL las que deben garantizar la llegada a las escuelas, no es el Ministerio.
Hay una norma del 2013 que regula el proceso de distribución de materiales educativos, ha sido objeto de diversas modificaciones, sin embargo, el esquema central no ha variado, los materiales educativos deben llegar el 15 de marzo, como fecha máxima. La norma establece el primero de abril, pero ese supuesto en aquellas zonas de difícil accesibilidad. Ahora, la cadena de responsabilidades pasa por el Minedu, que debe distribuir o entregar los materiales a los almacenes de las UGEL a nivel nacional, cada UGEL debe contratar el servicio de transporte para asegurar que este material llegue a cada colegio de manera individual.
Y en lo referente a la contratación docente, ¿qué medidas se están implementando para que la mayoría de las escuelas cuenten con maestros al inicio del año escolar, especialmente las de EIB? ¿Tienen algún tipo de información ustedes?
Sí, pero esta información la maneja el programa de Pueblos Indígenas, específicamente la Política de Educación Intercultural Bilingüe (EIB), de manera general, lo que debemos señalar es que el ministerio ha establecido una serie de recursos destinados a elaborar y entregar material educativo para estudiantes con lenguas originarias. Como le digo, la Defensoría del Pueblo va a hacer el seguimiento del proceso de distribución de materiales y eso incluye también el material destinado para la EIB.
Y a nivel de infraestructura, ¿conocen ustedes las medidas de emergencia que está tomando el Minedu para atender este problema? ¿también se han considerado los servicios sanitarios?
Empiezo por la última pregunta. El tema de los servicios sanitarios es una de las dos áreas priorizadas en la norma que regula la ejecución del programa de mantenimiento, la otra es el aula propiamente dicha. Respecto del nivel de infraestructura, ha salido en medios de comunicación que el ministro de Educación ha expresado la intención de plantear un decreto supremo a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para declarar en estado de emergencia la infraestructura educativa. De acuerdo con la información brindada por la Dirección General de Infraestructura Educativa, en el mes de setiembre del 2022, la brecha de infraestructura habría llegado a ser de 130 mil millones de soles. Cabe recordar que la brecha de infraestructura al 2025, establecida en el Plan Nacional de Infraestructura aprobada en el 2017, señalaba que era de 100 mil millones, ese año se produjo el fenómeno del Niño Costero, algunas regiones fueron objeto de emergencias, desastres y también de sismos. Entonces, del 2017 al 2022, en un período de 5 años, se ha incrementado en 30 mil millones. Ahora, en las declaraciones del ministro en estos días ha señado que la brecha actual se ha incrementado a 158 mil millones de soles. En las comunicaciones que la Defensoría del Pueblo ha cursado al ministro de Educación, se plantea que deben adoptarse medidas urgentes y necesarias para que este tema se solucione o se avance en el cierre de la brecha. Una de las principales medidas que la Defensoría del Pueblo plantea es que se evalúe cuál ha sido el real impacto del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied), que fue creado en el año 2014 y ya tiene 9 años de existencia. La idea es ver qué tan eficiente y efectivo ha sido este programa para atender la brecha de infraestructura. La Defensoría del Pueblo considera que, a fin de establecer una buena política educativa sobre este tema, es importante que se evalúen las políticas que ha implementado y aprender de los errores y los problemas no atendidos y a partir de ahí hacer una retroalimentación y determinar si es necesario que se declare o no en emergencia la infraestructura educativa y se defina o no la continuidad del Pronied, se mejore, se potencia, etcétera. Pero ello pasa por hacer una evaluación del real impacto que ha tenido el programa en el cierre de brecha de la infraestructura.
Ustedes ¿tienen información sobre los nudos que deberían de desatarse en Pronied para que sea más eficiente?
No. Lo que la Defensoría del Pueblo está trabajando es un reporte de un informe sobre obras que tienen algún retraso, obras paralizadas. Esperamos que pronto pueda ser publicado y posteriormente sea de conocimiento de la ciudadanía y de las autoridades, este tema de las obras públicas paralizadas o con demora.
Y con respecto a la alimentación complementaria, es decir, el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, ¿qué sabe la Defensoría sobre su implementación para este año escolar?
En el mes de enero tuvimos una reunión con una funcionaria del Minedu, es la coordinadora intersectorial del ministerio con otros sectores, ahí hemos requerido información, específicamente sobre las acciones que se está dando para que este año se garantice la alimentación complementaria a los estudiantes, nos ha brindado la información y bueno, en principio se ha programado que se apruebe la alimentación, no hay por ahí avisos de una demora, sin embargo, se ha informado que la Defensoría del Pueblo hará seguimiento de la adecuada implementación de este programa.
Para la Defensoría del Pueblo, ¿cuáles son los principales desafíos que tienen para este año las autoridades de educación?
La Defensoría del Pueblo trasladó al ministro de Educación y a los 26 gobernadores y gobernadoras regionales entrantes algunos temas que, a consideración de la Defensoría del Pueblo, deben ser parte de la agenda prioritaria en la política educativa: La reinserción de estudiantes al sistema educativo, entre el 2020-2022, producto de la pandemia, hay un grupo de estudiantes que salió del sistema educativo, tanto gobiernos regionales como el Minedu deben adoptar medidas para que se reincorporen todos aquellos estudiantes que no lograron matricularse en el año 2022 que de acuerdo con la data oficial del Minedu son un poco más de 62 mil estudiantes. El otro tema prioritario que ha planteado la Defensoría del Pueblo, es el logro de los aprendizajes. De acuerdo con información del Minedu a fines del año 2021 uno de cada cuatro estudiantes del nivel primaria no había alcanzado los aprendizajes esperados y en el nivel de secundaria la cifra de proporción es de cuatro de cada 10. La Defensoría del Pueblo ha pedido información al ministerio y la ha reiterado hace algunos días, respecto de la data sobre el año 2022. El otro tema que también hemos puesto en agenda de los gobernadores y del ministro es la brecha de infraestructura, que ya lo hemos abordado en la pregunta anterior. Y finalmente, el tema de la salud mental y emocional y la lucha contra la violencia ejercida contra estudiantes en el servicio educativo. Sobre esos cuatro temas la Defensoría del Pueblo se ha expresado de manera formal, a través de comunicaciones dirigidas al ministro de Educación, y a los gobernadores regionales.
La supervisión de la defensoría, solo se hace a nivel de escuelas públicas, ¿no hay ningún tipo de supervisión a las escuelas privadas?
La Defensoría, en el año 2019 hizo una supervisión a 116 colegios privados de nivel primario en siete regiones del país. Durante la emergencia sanitaria se hizo una supervisión a las UGEL y parte de la información implicaba algunos aspectos del servicio educativo a distancia brindado en colegios privados. Ciertamente es un tema que es también complejo y la Defensoría del Pueblo hace seguimiento del servicio educativo privado brindado a niños y niñas, pero directamente a través de nuestras oficinas defensoriales vía las quejas o pedidos de intervención. Ciertamente, parte de la política educativa pasa por la atención al servicio educativo privado, pero al menos en lo inmediato, la programación de las intervenciones está focalizadas en el tema del servicio educativo público, específicamente en las zonas donde hay mayor presencia de poblaciones vulnerables, sobre todo zonas rurales y de mayor pobreza.
Hay algo más que usted quisiera agregar.
Recalcar que la Defensoría del Pueblo este año va a seguir supervisando la política educativa, ya vamos a iniciar una nueva supervisión en colegios públicos sobre las comisiones operativas: el mantenimiento, el personal docente y la distribución de los materiales educativos y bueno, vamos a hacer seguimiento de las respuestas y recomendaciones efectuadas a los gobernadores regionales respecto a los temas que le mencionaba: reinserción de estudiantes, aprendizajes, infraestructura y violencia escolar. Cuando tengamos la información de estas actividades, evidentemente, la ciudadanía tomará conocimiento vía las comunicaciones que la institución formule para que tengan conocimiento de los resultados de estas actividades y supervisiones de la Defensoría.
