El destino del presupuesto olvidado: Logros de aprendizaje que duelen

Vincular aprendizajes y presupuestos hoy, nos hace pensar en un trastoque de sentidos y tenemos que ayudar a recuperarlos. Resucita Perú Ahora (RPA), nació el 2020 para articular y levantar acciones fraternas frente a la pandemia del Covid 19. La Comisión de Educación de RPA hizo lo propio en relación a la difícil situación de la población estudiantil vulnerable y el confinamiento que obligó a la virtualidad. Como continuaron las diversas emergencias: alimentación, salud, educación y política del país, seguimos nuestra labor en relación a la situación de nuestros estudiantes centrados en temas como: anemia, desnutrición, deterioro de la salud mental, entre otros, que afectan la vida de niñas y niños, especialmente amazónicos, altoandinos y de las periferias de Lima. ¿Cómo aprender con hambre?, ¿Cómo aprender en un entorno de violencia e inseguridad? La crisis política se agrava y quienes nos gobiernan no tienen el foco en esto sino en su propia agenda, dedicada a garantizar su continuidad en el poder.

Queremos llamar la atención sobre un tema, de esos que no están en el foco de la noticia, pero que es gravísimo: los logros de aprendizaje. Al poner el termómetro sobre esta grave situación, nos grita el 40° de fiebre de los últimos resultados de la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje (ENLA) 2023, con lo limitada que pueda ser pues sólo mide matemática y comprensión lectora. Pues bien, ¡han tenido que inventar una nueva categoría, el “Previo al Inicio”! para ubicar a los estudiantes que todavía ni comenzaron a aprender. Y en algunas zonas amazónicas o andinas el ¡“Previo al inicio A y previo al inicio B”! ¿Cómo no sentir indignación, por ejemplo, frente al 11 % de Previo al Inicio A de niñas y niños amazónicos del 4to grado que vivieron su inicial y primer grado en modalidad a distancia? A lo que hay que sumar el 15 % de solo “Previo al Inicio B”. Y el “Satisfactorio”, es decir, los que lograron los aprendizajes esperados: ¡Sólo 21 %! Es muy doloroso saber que niñas, niños y adolescentes que más lo requieren, están condenando para siempre su futuro y, con ellas y ellos, el de sus comunidades. Esto es la más clara expresión de la exclusión. Es la cadena perversa de pobreza que impide que nos encontremos y reconozcamos como peruanos iguales. Esos resultados también traicionan el esfuerzo de las familias y atentan contra su derecho a tener educación de calidad y la obligación del Estado de garantizarla.

Es imposible sondear este panorama sin ir al tema de los presupuestos destinados a revertir esta situación. ¿Cómo se vincula gasto con aprendizaje? Como escuché hace poco en la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza (MCLCP), a la que nos hemos incorporado: “Sin presupuesto no hay Derechos” y por ello las reivindicaciones de incrementos presupuestales son muy legítimos. En este grupo de trabajo se está revisando el financiamiento de la Educación, entre una de sus prioridades. El presupuesto para Educación en el 2023 es de S/ 41 mil 966 millones, monto que representa el 19,5 % del presupuesto total.

Hemos sabido a través de reportes del Grupo de Seguimiento al Gasto Público en Niñas, Niños y Adolescentes que el presupuesto destinado al Sector Educación ha crecido alrededor de 5 % cada año; que se ejecuta casi todo (80 %); que la distribución de estos fondos es pareja entre primera infancia, infancia y adolescencia; que se ejecuta en un 50 % a través de las regiones… Entonces, si eso es así, la pregunta cae por sí sola, ¿por qué no hay mejoras y sí más bien retrocesos?, ¿qué relación hay entre lo que se gasta y los resultados? Como ya se señaló ¿cómo se vincula gasto, calidad del gasto, con logros de aprendizaje?

Seguramente a nuestra mente viene a modo de grito esta palabra: ¡INEFICIENCIA!, con una larga lista de hechos para sustentarla. Por ejemplo, presupuestos inerciales que copian lo del año anterior con sus secuelas de no atender la diversidad y los problemas identificados, ¿este año habrá una propuesta para las niñas awajun y estudiantes de nuestra Amazonía?; presupuestos que llegan con gran atraso en términos de oportunidad de su ejecución; corrupción, con cifras del 12 % del presupuesto general perdido por esta causa; y qué decir de otro efecto de la corrupción: una gestión y administración recargada y paralizada, con funcionarios temerosos de ser denunciados que hacen solo lo mínimo indispensable. En síntesis: un ejercicio presupuestal que ha perdido su destino y dejado de lado a sus destinatarios. Creemos que es hora de recobrar finalidad y ponerle rostro a lo que hacemos.

Para terminar con ese mismo espíritu de reencontrar los sentidos y ver la eficiencia del gasto educativo, recogemos un gran reclamo de maestras y maestros que están hastiados y cansados por dedicarse a las tareas administrativas que compiten y se ponen por encima de las propiamente pedagógicas, tomándoles mucho tiempo. Estamos frente a una gestión basada en el control y la verificación del cumplimiento que obliga a los docentes al llenado de fichas, reportes, informes, envíos de evidencias y resta atención para la cercanía con la problemática de sus alumnos, el trabajo en equipo, las iniciativas innovadoras o la formación. La virtualidad del tiempo de pandemia, agudizó estas formas que se quedaron instaladas. Es un sistema que no respeta la calidad de los docentes como profesionales, su autonomía y tiene más bien como fundamento la desconfianza. La gran pregunta es ¿se ha cuantificado en soles el tiempo destinado a este trabajo administrativo en todos sus niveles, desde la Institución Educativa pasando por la unidad de gestión educativa local (UGEL), la Dirección Regional de Educación hasta el Ministerio de Educación?, ¿qué se hace con la información que se recoge de los maestros?, ¿cuál es su destino y procesamiento? Y, sobre todo para el tema que nos ocupa ¿cuánto del presupuesto del Sector Educación está asignado a pagar por las horas que se emplean en estas actividades? El artículo 64 de la Ley General de Educación señala con claridad como uno de los objetivos de la gestión educativa “el asegurar la coherencia entre las acciones administrativas y las pedagógicas, y la subordinación de éstas a las decisiones de carácter pedagógico”. Es tiempo de, junto con el derecho de percibir justas remuneraciones, reivindicar el respeto que merecemos los docentes como profesionales. La Carrera Docente significaba eso también. Es tiempo de recuperar el sentido y destino de los presupuestos, centrándolos en la tarea pedagógica, en lograr los aprendizajes y el desarrollo de nuestros niños y niñas.
Escribe: Profesora Mirtha Villanueva Rodríguez, Coordinadora Comisión de Educación de RPA.
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