Reglamento para una ley con otra puntería
Los educadores y educadoras sabemos bien cuánto requerimos la participación de las familias en la educación y en la marcha de las escuelas. La modalidad a distancia durante la pandemia nos mostró dolorosamente la importancia de esta unión. A través de las llamadas telefónicas y wasaps, “entrábamos” cada día a las casas y en muchos casos nos volvimos paño de lágrimas de situaciones de hospitalización y muerte. Aprendo en Casa, Aprendo en Comunidad, fueron valiosas experiencias solidarias en tiempos de emergencia, que deben preservarse.
También sabemos que la participación de padres y madres no es fácil. La crisis económica, la lucha por la supervivencia, los ritmos de trabajo actuales son tiranos y por ello muchos están ausentes. Cuesta contar con su presencia para tratar temas urgentes en el desarrollo de sus hijos y organizar diversas acciones. Esto debe ser tomado en cuenta, a la hora de enfrentar las amenazar contra la educación.
La Ley 31498, que impulsa la calidad de los materiales y recursos educativos en el Perú, emitida en enero, en su título y primeros artículos, nos señala algo que desde siempre era materia de responsabilidad del estado a través del órgano rector de la educación, el Ministerio de Educación (Minedu): la vigilancia de la calidad de los recursos que llegan a los y las estudiantes bajo una serie de parámetros y principios “imperativos”. Como muchas de las iniciativas actuales del Congreso, la puntería de la ley tiene un objetivo diferente: la censura de contenidos de los materiales educativos por parte de grupos conservadores que ejercen este control a través de organizaciones de padres y madres de familia como, por ejemplo, “Con mis hijos no te metas”.
Algo semejante sucede con el Proyecto de ley 2951 “que crea el sistema de vouchers y mejora la calidad educativa nacional”. Su puntería se dirige a derivar dinero de la escuela pública a las escuelas privadas. El término “calidad educativa” es manipulado y vaciado de contenido.
Regresemos a nuestro tema, desde el mes de septiembre, esta Ley 31498 de materiales educativos tiene ya su reglamento. En él podemos ver con claridad cuál es su propósito, pues no se abunda en su finalidad o los criterios de calidad de los materiales, sino que se centra principalmente en la supervisión que ejercerán las organizaciones de familiares sobre el contenido de los materiales.
¿Cómo sería esa participación? El reglamento señala que la supervisión la pueden hacer las organizaciones de padres de familia, ya sean Asociaciones de Padres de Familia (APAFA) y asociaciones civiles de padres, inscritos en Registros Públicos. La única condición es que tengan hijos matriculados en la escuela. Estas organizaciones nombran un “representante designado” que es registrado en la Dirección Regional de Educación (DRE) o unidades de gestión educativa local (UGEL). El reglamento señala una ruta burocrática complicada con opinión de especialistas, donde lo único sencillo es que los padres presenten su comentario de censura y su propuesta. La participación de maestros es facultativa (o sea no es obligatoria) y lo pueden hacer a través de sus organizaciones registradas.
Se señala que un material que no cuente con supervisión de padres no será publicado y aquel que sea observado, debe ser dejado de usar mientras dura la evaluación. Esto solo entorpecerá y complicará aún más la gestión de las escuelas y de los procesos educativos, también dejará a los estudiantes sin materiales distribuidos oportunamente. ¿Cuánto más de tiempo requerirán las escuelas más alejadas para recibir su dotación? Sabemos que, iniciado el año escolar, no se llega ni al 50 % del reparto y entrega de los materiales, sobre todo de las escuelas altoandinas y amazónicas, que son aquellas que requieren más apoyo y recursos.
Recordemos que la puntería esta puesta en los materiales de las áreas de Personal Social; Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica; Ciencias Sociales; Descubrimiento del mundo; y Ciencia y Tecnología. Son áreas fundamentales para el desarrollo de los enfoques transversales que señala el currículo como el de derechos, interculturalidad, inclusión y atención a la diversidad, el de igualdad de género, el de orientación al Bien Común… Es decir, enfoques que colaboran en el desarrollo del pensamiento y de una visión crítica de la realidad. Suponen una Educación Sexual Integral (ESI) y una formación ciudadana ejercitada en la convivencia y la cultura escolar. Ya se han visto intentos de reescribir la historia y es explícita la vocación de estos grupos de desmontar lo avanzado en ESI. Desvelemos de una vez el propósito de esta ley y preparémonos para preservar lo que es derecho de nuestros estudiantes y necesario en nuestro país.
Los textos y materiales son solo ayudas. Son importantes, sí, pero maestras y maestros somos profesionales de las ciencias de la educación, formados en las estrategias y métodos adecuados para favorecer los aprendizajes. Pero también y muy importante, el establecimiento de relaciones, de vínculos, que generan respeto, afecto, seguridad, protección, entre otros, propiciando el clima adecuado para aprender. Sin embargo, queda claro que los aprendizajes fundamentales señalados en el párrafo anterior, están en la mira de algunos grupos que están en el poder y emiten este tipo de leyes. Nos queda claro también que censuran y rechazan con necedad, pero con propósito, aspectos fundamentales que ayudarían en la solución de problemas graves en el Perú como la discriminación, violencia, desigualdad, a través de la igualdad de género, la atención a las diferencias, la formación en derechos…
Lo más seguro es que la mayor parte de los padres y madres de familia de la escuela pública, no participarán en esta supervisión, principalmente porque no cuentan con el conocimiento especializado en los temas de las áreas elegidas, pero sobre todo porque no tienen el tiempo para hacer el proceso que señala el reglamento. Y también lo más probable es que los padres y madres que sí participen sean promovidos y asesorados por los promotores de esta ley.
Como vemos, el reglamento de la ley de calidad de los materiales, apunta a un blanco sensible utilizando a grupos de padres y madres de familia. Este desperdicio de tiempo, esfuerzos y recursos, es un escándalo en un contexto de emergencia donde la anemia y desnutrición infantil, hipotecan el futuro y un Niño Global pondrá en peligro el inicio de clases 2024…
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Escribe: Profesora Mirtha Villanueva
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