Los váuchers… Un intento más de reducir la responsabilidad del Estado y el derecho a la educación

Detrás del debate sobre los váuchers[1] como forma de financiamiento y de gestión de la educación en el Perú se plantean importantes temas que sugiero podamos seguir analizando, más allá de los intereses particulares que lo promueven y el grave riesgo de aumentar la desigualdad en el acceso a una educación de calidad para niños, niñas y adolescentes a lo largo y ancho del país.

Lo que hay que discutir es, cuál es el tipo de sociedad que estamos promoviendo o forjando y, cuál es el rol de la educación pública y del Estado en la responsabilidad de garantizar el pleno ejercicio del derecho a la educación.

En efecto, dar pase un sistema de váuchers es aceptar que el mercado es un buen asignador de recursos en la sociedad y ya sabemos que no lo es; hay mucha evidencia en salud, educación, seguridad, que nos muestra que en los últimos 30 años en que se dejó abierta la puerta para que el sector privado se haga cargo de estos servicios, los resultados son que el que puede pagar es quien tiene acceso.

Pero más aún, la oferta privada no sólo no ha sido capaz de cubrir, ya no digamos las necesidades en estos campos, sino apenas la demanda, por el contrario, ha provocado terribles distorsiones, que para el caso de educación las hemos visto en múltiples formas de estafa a las familias en razón, hay que decirlo, de garantizar la sustentabilidad y ganancias de las empresas educativas.

Son conocidos los numerosos casos de escuelas, institutos y universidades que funcionaban en garajes o casas de familia, improvisando aulas de cualquier manera y usando los parques de los barrios para los recreos o actividades físicas; aquellas que indican a sus docentes que hay que “Aprobar nomás”, porque no se puede “perder” estudiantes, sino que hay que captar a más “clientes” o, situaciones más dramáticas como alterar los objetivos y programas curriculares con ese mismo objetivo, jardines de infancia que ofrecen enseñar a leer o escribir, cuando ello no corresponde al grado de desarrollo socio emocional y neurológico de los niños y niñas de 3, 4 o 5 años o “distorsionar” el trabajo en la secundaria y reducirla al “entrenamiento” para tener éxito en los exámenes de ingreso a la educación superior, cuando su finalidad es formarle de manera integral en lo cognitivo, lo ciudadano, lo ético; claro luego nos preguntamos por qué los y las jóvenes de hoy no tienen valores…

Pero la dinámica del mercado no sólo favorece los negocios educativos, provoca mayor desigualdad educativa al limitar el acceso a la educación a quien puede pagarla y alimenta una sociedad que implica la “normalización” de ideas y comportamientos asociados al individualismo y la competencia entre las personas; “todo depende de tu esfuerzo” (y el de tu familia…) tienes que ser el primero, no “ser bueno” o “hacer las cosas bien”, de lo que se trata es que cada quien “salga adelante” por sus “méritos”, sin tener en cuenta que las posibilidades de los individuos está decididamente condicionadas por las características de su contexto.

El punto de partida para la competencia NO es igual para todos y todas, quien nace en una familia pobre, o con una lengua originaria, o vive lejos de las ciudades, entra a la competencia con enormes desventajas, así pues, NO se le puede responsabilizar porque no llegue a la meta; cualquier régimen meritocrático, será injusto para ellos y ellas, pues están muy lejos, no sólo de las clases privilegiadas, sino incluso, del promedio en el país.

Así pues, entregar los recursos del Estado a “operadores” privados, además de profundizar los efectos de los problemas arriba señalados, tiene otra idea fuerza propia del neoliberalismo: el Estado “no puede… lo hace mal… no sabe hacer…”, entonces sustituyamos al Estado.

Se trata pues de la discusión acerca del rol de Estado y, con ello, la discusión acerca de si la ciudadanía tiene “derechos” o son “usuarios o clientes”. En efecto, si la educación no se le reconoce como un derecho, entonces la sociedad no tiene la obligación de organizarse de tal manera que el conjunto de la ciudadanía acceda a la educación y menos aún financiar que esa educación sea de calidad y con pertinencia cultural, desaparece las obligaciones con quienes por razones estructurales e históricas han quedado en situación de exclusión, de muchas maneras, de una buena alimentación o de acceso a servicios básicos incluidos la información y la conectividad, pero también de reconocimiento de sus territorios y sus culturas.

El tener derechos, por el contrario, implica la exigibilidad y con ello el rechazo a todo tipo de indiferencia abierta o velada, en este caso, a que ningún ciudadano o ciudadana queden fuera del acceso a la educación que se merecen en su condición de personas.

En tal situación, queda claro que a quien le corresponde esta responsabilidad es al Estado, para lo cual puede organizarse de muchas maneras, siempre y cuando le permita actuar de manera democrática, incluyente y con enfoque de derechos, lo cual, en nuestro país, implica una mirada al territorio y, en función de ello a la descentralización como herramienta y a los actores como contraparte indispensable.

Pero, dirán algunos, el Estado ha probado, históricamente, su ineficiencia… la decisión de obviar al Estado y entregarles la responsabilidad y el presupuesto público a operadores privados es optar por debilitarlo y, consecuentemente fortalecer la dinámica del mercado y los problemas antes descritos.

La alternativa es “fortalecer el Estado”, pero hacerlo en serio, trabajando en sus arreglos institucionales y su capacidad de ser más eficiente y efectivo y ello se puede hacer, es revisar normas, procedimientos, sistemas de información, conectividad, financiamiento; es revisar la claridad y pertinencia de sus objetivos, estrategias e instrumentos de políticas y por supuesto capacitar y mejorar las condiciones de trabajo de los servidores públicos, pero no es suficiente.

Hay que recuperar el Estado como el espacio de la política, del debate ciudadano, donde los actores sociales son reconocidos y encuentran el espacio para plantear sus necesidades, expectativas e intereses, para que conozcamos sus perspectivas y comprensiones de lo que debe ser el desarrollo de las personas y de la sociedad peruana. Reconocer que hay intereses y que existe el bien común

No se puede criticar y pensar en “desaparecer” una institución sólo porque nos da pereza el pensar cómo fortalecerla o porque queremos echar mano a sus recursos, a través de los váuchers, por ejemplo. Esto vale para pensar el rol del Estado y de la escuela pública

[1] Váucher es un sistema de financiamiento a la educación por el cual el Estado renuncia a la gestión de las escuelas estatales y entrega el presupuesto público a operadores privados. Sobre este tema hay evidencia en varios países que dan cuenta que los resultados no son los deseados y que se aumenta la desigualdad en educación.

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Escribe: Patricia Salas O´Brien, Universidad Nacional de San Agustín
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