Y volver, volver ¿Volver a la desigualdad?

Y volver, volver ¿Volver a la desigualdad?

Un artículo reciente de dos profesionales de la Universidad del Altiplano (Puno)[1] señala entre sus conclusiones que:

La educación virtual en el Perú ha aumentado las debilidades que el sistema educativo ya tenía, sobre todo ampliando las brechas de desigualdad social y digital (…) Así, se han conformado niveles de acceso a la educación, y son privilegiados aquellos grupos de estudiantes que cuentan con todos los recursos tecnológicos necesarios para este sistema de educación virtual; relegando a otros grupos a recibir un servicio educativo de baja o muy baja calidad, ya que cuentan con escasos recursos económicos y tecnológicos que les permiten acceder irregularmente a los programas educativos implementados a nivel nacional; y, excluyendo completamente a otros grupos vulnerables, obligándolos a retirarse del sistema al no contar con ningún recurso tecnológico y muy pocos recursos económicos.

Lo que aprendemos de esta afirmación es que la opción de una política por una educación virtual en el contexto de pandemia en condiciones de desigualdad social estructural sin otras medidas que combatan la precariedad lo que harían es reproducirla y profundizarla.

No hay duda de que es necesario y urgente volver a la presencialidad porque la acción educativa es una experiencia de vínculo humano. No podemos prescindir de esta realidad. Cuando se señala que la tecnología digital vino para quedarse me parece una afirmación tardía y con el sesgo de apostarle todo a la tecnología. Tardía, porque los cambios tecnológicos en la educación como en otros ámbitos de la vida se vienen dando desde siempre, y en el caso de la tecnología digital, no es reciente. Los esfuerzos de los Estados en el mundo y en América Latina no son nuevos, lo podemos ver en la distribución de laptop en diversos países. Pero el punto de Gómez Arteta y Escobar Mamani, es que la desigualdad social también está presente en el acceso, uso y conocimiento de dicha tecnología. Por ello, pretender salidas meramente tecnológicas es insuficiente y contraproducente respecto a la función democratizadora de la educación.

¿Las medidas que en el Perú se están tomando para el retorno están tomando en cuenta el problema de la desigualdad? Una breve digresión aquí. El entorno político afecta duramente la deliberación ciudadana y la implementación de propuestas respecto a la crisis educativa. La acción obtusa de los actores políticos, principalmente del Congreso de la República ha generado una inestabilidad política en los últimos seis años y que parecen tener intenciones de continuar afectando la capacidad de respuesta del Estado. No es que las varias gestiones que se han sucedido en el Ejecutivo puedan ser objeto de un Oscar o Nobel educativo, pero la gestión pública requiere de duración y maduración de equipos de trabajo para formular políticas y poner en marcha políticas. Este es un factor que limita, particularmente, la gestión en educación que incorpora a su cultura decisional el factor “ruido político” en desmedro de criterio del derecho educativo.

En ese contexto, podemos entender las posibilidades y limitaciones de las medidas tomadas, tanto en su formulación como en su implementación. Con el tiempo en contra y con la debilidad de no haberse realizado la evaluación docente en base a la cual se les nombraba y contrataba para el 2022, nuestro tercer ministro de educación del actual gobierno está buscando configurar una estructura que nos permita llegar al 28 de marzo con la totalidad de escuelas funcionando presencialmente. La norma prescribe que la modalidad a distancia es excepcional y deberá justificarse. Es un esfuerzo que hay que saludar y entiendo que todos y todas queremos que tenga éxito en esta meta.

Pero este es un tiempo denso, donde corto y largo plazo deben tener respuestas. De otro modo, persistirá la escandalosa desigualdad que nos enrostra a gritos. Por ello, hay que evaluar el conjunto de medidas con relación a su efecto en la desigualdad educativa. Un ejemplo emblemático de esto es el caso de la contratación de becarios y de docentes de educación intercultural bilingüe. El Estado ha avanzado en la formulación de políticas, pero a su vez, esto no ha transformado la cultura institucional de un estado crónicamente excluyente. Por ello, aún se limita y reduce la contratación de becarios EIB que tienen además un compromiso suscrito para laborar en plazas de IIEE de este modelo de servicio. Ocurre algo similar cuando se busca desconocer el requisito de dominio de lengua originaria para ocupar tales plazas. Hay un fuerte conservadurismo colonial frente a esto. Pongan ustedes a un formador hablante de, digamos finés, frente a un aula de especialistas y docentes (aquellos que insisten en que el dominio de lengua originaria no es necesario) y veamos si pueden entenderse con su formador finés, quien, además creería que la lengua castellana es un rezago del pasado condenado a desaparecer.

La desigualdad tiene su opuesto en la justicia educativa que se basa en el derecho a la educación, felizmente consagrada en la vigente Ley General de Educación. Por ello quien gestione la educación, a nivel nacional, regional o local, en cada escuela, tiene que basar sus decisiones en la consideración de este derecho de los y las estudiantes. Sírvanos el ejemplo de la EIB, para mirar otros tópicos de la desigualdad educativa, en relación con el enfoque género, con otras modalidades que requieren fortalecerse como la Educación Básica Alternativa, la Educación Básica Especial, la Educación Comunitaria.
En fin, hace mucho que en la educación “una voz clama en el desierto” para hacer cambios de fondo, sobre todo desde los lugares de la patria más recónditos y con mayores vulnerabilidades. Ya es tiempo de escucharla y de actuar.
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Escribe: Severo Cuba Marmanillo. Educador investigador, asociado de Tarea. Actualmente presidente de Foro Educativo

[1] Gómez-Arteta, I., & Escobar-Mamani, F. (2021). Educación virtual en tiempos de pandemia: incremento de la desigualdad social en el Perú. Chakiñan, Revista De Ciencias Sociales y Humanidades, (15), 152–165. https://doi.org/10.37135/chk.002.15.10

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