Proyecto Educativo Nacional al 2036. Un proceso en medio de la tormenta

La formulación del Proyecto Educativo Nacional al 2021, se realiza en un contexto político caracterizado por la transición democrática de fines de los ’90 e inicios de los años 2000.

Recordemos que luego de la caída del Gobierno de Fujimori, tenemos un breve gobierno de transición liderado por Paniagua y la posterior elección del presidente Toledo; en este proceso la participación de la sociedad civil es intensa así como la confluencia de voluntades en torno a la tarea de recomponer en Estado Peruano y su relación con el conjunto de la Sociedad. Para ese efecto se planteó la necesidad de tener políticas de Estado y no solo de gobierno a través de la construcción de consensos y de espacios de articulación y concertación que permitiera la activa participación de la sociedad civil conjuntamente con las instituciones políticas y el Estado.

Para educación ello se hizo realidad a través de la constitución del Consejo Nacional de Educación y de la formulación del Proyecto Educativo Nacional. Fueron momentos en los que se propició el encuentro, en los que predominó el discurso acerca de los derechos, la participación, la equidad, fueron tiempos de esperanza.

El contexto actual es muy diferente, es la cuarta ocasión en que se desarrollan elecciones generales desde la transición democrática, es la cuarta vez que el fujimorismo no alcanza la presidencia de la República, pero esta vez, logra una aplastante mayoría en el Congreso.

Y es desde esa posición que se desencadena un hostigamiento al Ejecutivo, al punto de generar una crisis política tras otra que lleva incluso la caída del presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski, y de cinco ministros de Educación; no es pues tiempo de consensos, por el contrario, la confrontación, el desafío y el abuso del poder caracterizan la política actual.

En medio de esas pugnas por el poder, explota una encarnizada oposición al enfoque de género del currículo escolar para lo cual moviliza a padres y madres de familia y se despliega una campaña mediática muy agresiva y llena de mentiras, medias verdades que buscan desatar pasiones en la población.

Este es el escenario en el cual se debate el Proyecto Educativo Nacional para el 2036, un escenario de discordia, de compulsa de fuerzas, donde se alimentan miedos infundados y se pone en tela de juicio, nociones básicas como los derechos humanos, el respeto al otro, la aceptación de lo diverso; donde se pone en evidencia la debilidad institucional del Estado y de la sociedad civil y se cuestiona el rol de la escuela en la formación de los valores que propicien el bien común y la convivencia en la diversidad.

Así pues, el Consejo Nacional de Educación se encuentra en la encrucijada de intentar construir consensos, cuando la tendencia es la ruptura y de provocar un debate ordenado y abierto sobre políticas educativas en medio de una gran disputa nacional donde posturas fundamentalistas están intentando ganar posiciones, desde la propia institucionalidad democrática.

Si bien la agenda mediática sobre educación gira en torno a la eliminación del enfoque de género, la inestabilidad política es creciente por los escándalos de corrupción que ocupan las primeras planas, mientras van pasando desapercibidos los esfuerzos por borrar de la memoria de la sociedad los sucesos de violación de derechos humanos de parte del Estado en la lucha contra el terrorismo y quedan fuera del debate los temas trascendentes, como los altos niveles de desigualdad en el acceso a una educación de calidad, o la necesidad de garantizar mejores condiciones para el ejercicio del magisterio, o de modelar las instituciones educativas como espacios creativos, estimulantes y seguros para el desarrollo de los estudiantes.

La agenda para el Proyecto Educativo Nacional, está pues marcada porque en la escena pública se está debatiendo aspectos que ya se daban por sentado y se está poniendo en riesgo la noción de una educación que aporta al desarrollo de los derechos humanos y a la construcción de una sociedad más justa y tolerante y todo ello con prácticas abiertamente hostiles al diálogo y a la búsqueda del bien común.

 
Escribe: Patricia Salas O´Brien, docente, EP Sociología, Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA)
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