Ley N° 31498. Norma conservadora que va en contra de derechos adquiridos
Según estimaciones de la ONU hasta abril del 2022, en el Perú cada día 16 niñas y adolescentes son víctimas de violencia sexual. De acuerdo al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), solo en el 2021, se registraron 10251 casos de violación sexual. De los cuales el 67,6 % fueron niños, niñas o adolescentes de 0 a 17 años. El 70 % de estas violaciones ocurrieron dentro de sus hogares. Por otro lado, entre el 2020 y el 2021 la maternidad adolescente en menores de 15 años se incrementó de 1150 a 1438. Según el Fondo de población de las Naciones Unidas (UNFPA), para América Latina y el Caribe, la mortalidad materna es una de las principales causas de muerte en las adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años.
De espaldas a esta realidad y a la opinión de más del 82 % de peruanos y peruanas que se han manifestado a favor de que la Educación Sexual Integral (ESI) sea impartida en los colegios,[1] el 07 de diciembre del 2021 y bajo el liderazgo del congresista Esdras Ricardo Medina Minaya, se presentó el Proyecto de Ley Nº 904/2021-CR, “Que impulsa la calidad de los materiales y recursos educativos en el Perú”.
El proceso para la elaboración y aprobación de la norma, no solo fue rápido, sino que al igual que otras iniciativas contrarias a los derechos, fue redactada sin tomar en cuenta la opinión técnica del Ministerio de Educación, como ente rector en materia educativa, así como tampoco de otras instituciones como la Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional de Educación, los organismos de Cooperación Internacional, la Alianza por la Educación Sexual Integral ¡Sí Podemos!, la Mesa de Vigilancia por los Derechos Sexuales y Reproductivos, entre otras. Pero sí acogió las opiniones de organizaciones confesionales contrarias al enfoque de género y la ESI tales como la Coordinadora Nacional Pro Familia, la Coordinadora Regional, etc.
Es importante entender que la ahora Ley N° 31498, aprobada por insistencia por el Congreso de la República, al igual que otros proyectos en la misma línea conservadora, no son hechos aislados, forman parte de un movimiento global que promueve discursos que apelan al miedo y la culpa, que van en contra de derechos adquiridos, generando iniciativas legales que limitan su acceso o generan retrocesos.
La Ley N° 31498 “Que impulsa la calidad de los materiales educativos en el Perú”, otorga a madres y padres de familia la facultad de evaluar y elaborar los materiales educativos de sus hijas e hijos a través de los consejos educativos institucionales, los comités y asociaciones civiles de padres de familia, debidamente reconocidos como la asociación civil “Con mis hijos no te metas”. Otorgándoles también la atribución de impugnar cualquier decisión del Ministerio de Educación (Minedu) con la que estén en desacuerdo, incluso pudiendo suspenderse la distribución de los materiales hasta que el Poder Judicial se pronuncie. Así mismo desconoce los mecanismos de participación de las familias ya existentes, como las Asociación de Padres de Familia (APAFA), los Consejos Educativos Institucionales, los Consejos Participativos Locales de Educación y los Consejos Participativos Regionales de Educación, debilitando el marco legal e institucional vigente.
Respecto de la participación de las madres y padres de familia en el proceso educativo de sus hijas e hijos, que es un derecho consagrado en el artículo 13 de la Constitución, así como en la sentencia del Tribunal Constitucional, en la que se define la participación de madres y padres de familia como “la atribución de intervenir activamente en el desarrollo del proceso educativo de su prole”. Pero al mismo tiempo, se establece el límite de esa participación, al precisar que “no implica que los padres puedan reemplazar al Estado en sus funciones y competencias constitucionales”. Tras la aparente preocupación de estos legisladores y movimientos confesionales de promover la participación de madres y padres de familia en el proceso educativo, lo que realmente pretende esta norma es eliminar el enfoque de género y la Educación Sexual Integral del Currículo Nacional de Educación Básica, al considerarla un “instrumento de adoctrinamiento ideológico” contrario a sus creencias religiosas y convicciones morales.
La aprobación de esta norma implica un grave retroceso en la garantía del derecho humano a la educación de calidad y libre de discriminación, con contenidos educativos destinados a desarrollar competencias basadas en ciencia y evidencias, que promuevan soluciones sostenibles para prevenir la violencia basada en género, los embarazos en adolescentes, la violencia en las instituciones educativas y la mortalidad materna de niñas y adolescentes. Y así mismo que contribuyan a transformar prácticas culturales arraigadas que profundizan las desigualdades y obstaculizan el desarrollo integral y pleno de la niñez y adolescencias sobre todo de las zonas rurales y amazónicas de nuestro país.
La Educación Sexual Integral con enfoque de género, interculturalidad, y derechos humanos, es una herramienta que ofrece materiales y recursos educativos que estimulan el pensamiento crítico, el ejercicio de una ciudadanía plena y responsable, consciente y comprometida con sus deberes y derechos, que rechaza todo tipo de violencias y valoran la diversidad en un contexto de convivencia democrática y respetuosa de los derechos humanos de todas las personas, esperando así, contribuir a la formación de estudiantes con criterio, con conciencia de sí mismos, capaces de discernir, de tomar decisiones informadas y reflexionadas; cuidándose y cuidando a los demás en el ejercicio de sus derechos, ponderando el bien común y siendo coprotagonistas de sus proyectos de vida.
Esta Ley ha generado un rotundo rechazo en instituciones como la Defensoría del Pueblo, el Foro Educativo, el Consejo Nacional de Educación, así como en diversas organizaciones de la sociedad civil. A nivel internacional la Organización de los Estados Americanos, expresa su preocupación al considerar “que supone un grave revés para el derecho de niñas, niños y adolescentes recibir una educación básica de calidad, libre de discriminación y de estereotipos de género“. En esa líneaAmnistía Internacional calificacomounagrave amenaza al derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir una educación basada en la igualdad, que garantice su derecho a la educación sexual integral“.
