En instituciones educativas públicas de educación básica regular. El inicio del año escolar 2024
El pasado lunes 11 de marzo inició el año escolar en instituciones educativas (II.EE.) públicas, conforme a lo establecido en la norma de desarrollo del año escolar 2024 aprobada por el Ministerio de Educación. En general, tanto en colegios privados como públicos, más de 8 millones 345 mil estudiantes[1] en el sistema educativo peruano desarrollan el proceso de aprendizaje para formarse como personas.
La población escolar en las instituciones educativas públicas tiene derecho reconocido constitucionalmente a recibir educación de manera gratuita, a su vez este derecho comprende la prestación de servicios complementarios de alimentación y salud, así como la entrega de materiales educativos. Sin embargo, en el contexto del inicio y el desarrollo del año escolar, el derecho a la educación también comprende otros elementos que deben ser garantizados por el Estado.
En efecto, las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que el Estado garantice las condiciones para que se desarrolle un adecuado servicio educativo y que sea de calidad. Así, se debe asegurar la disponibilidad de personal docente capacitado y en cantidad suficiente, la distribución de los materiales y recursos educativos de manera oportuna para que las y los estudiantes complementen los aprendizajes en el aula, así como locales escolares mínimamente seguros y salubres.
No obstante, a pesar de los esfuerzos que se realizan desde el Ministerio de Educación y las demás instancias de gestión educativa local en el país, aún persisten algunas deficiencias en la gestión de los procesos destinados a asegurar las condiciones para un buen inicio y desarrollo del año escolar. Ello se puede concluir a partir de los hallazgos de una supervisión a 1688 instituciones educativas públicas de educación básica regular, ejecutada por la Defensoría del Pueblo el pasado 11 y 12 de marzo, y cuyos resultados fueron presentados públicamente este miércoles 27 de marzo.
Los hallazgos de la supervisión nacional a 1688 escuelas públicas
La referida supervisión muestra que persiste el problema de la falta de personal docente contratado cuando se produce el inicio del año escolar, situación que, como señalamos previamente, forma parte del derecho de los estudiantes y debe ser garantizado por el Estado. De las 1202 instituciones educativas supervisadas que requirieron contratar personal docente para el año 2024, el 32,3 % (388) reportó que aún faltaban por contratar 900 docentes.
Asimismo, con relación a la entrega de los materiales y recursos educativos, se encontró que hay instituciones educativas que no recibieron materiales educativos, y, las que sí los recibieron, reportaron problemas respecto a la cantidad entregada, así como demoras en la entrega por deficiencia en la contratación de servicio de transporte, a cargo de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL).
Así, 67 II.EE. no recibieron materiales educativos; de las 1617 II.EE. que los recibieron: el 16,3 % (263) reportó que llegaron materiales educativos incompletos; el 25,8 % (417), llegó en cantidad insuficiente; el 7,3 % (118), la UGEL no tenía recursos para contratar el servicio de transporte de los materiales educativos.
Por otra parte, una de las principales intervenciones del Estado para asegurar que la población escolar reciba el servicio educativo en condiciones adecuadas es la ejecución del programa de mantenimiento, que se ejecuta cada año en más de 52 mil locales educativos públicos y con recursos transferidos y programados desde la Ley de presupuesto del sector público. Para el año 2024, se ha destinado 295 millones de soles para atender más de 55 mil locales escolares.
Al respecto de la ejecución del programa de mantenimiento, la supervisión de la Defensoría del Pueblo mostró que, de las 1688 instituciones educativas supervisadas, en el 41,4 % (698) de ellas, el personal directivo aún no había recibido la transferencia de los recursos para ejecutar las acciones del mantenimiento de la infraestructura de locales escolares. Si bien la norma que regula la ejecución de dicho programa establece plazos que llegan hasta medio año, debería procurarse que dichos recursos sean transferidos en un periodo que permita ejecutar las acciones de mantenimiento que asegure a la población escolar desarrollar sus clases en las mejores condiciones posibles.
Estos datos recabados por la Defensoría del Pueblo son importantes porque demuestra que aún debe mejorarse los procesos para contratar docentes, distribuir materiales educativos, y ejecutar los recursos para el mantenimiento de locales. Este esfuerzo debe redundar en hacer realidad y cumplir con el derecho fundamental a la educación de millones de estudiantes en nuestro país, asegurándoles el desarrollo del proceso educativo en condiciones que puedan calificarse de calidad.
[1] Minedu – Escale. Datos de la matrícula de estudiantes en educación básica regular del año 2023. Ver: https://escale.minedu.gob.pe/inicio
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Escribe: Renzo Deza. Comisionado de la Defensoría del Pueblo
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