Revista TAREA

EDITORIAL TAREA N° 66

En el presente año se ha constatado que la economía del país ha seguido creciendo gracias al alza de los precios de los minerales, el petróleo, el gas, y al dinamismo de sectores no tradicionales en el país. Sin embargo, esta bonanza no ha contribuido a enfrentar con decisión la inequidad social, ya que amplios sectores de nuestra población, especialmente en las zonas rurales y barrios marginales siguen viviendo en la pobreza y pobreza extrema. A ello se han debido las recientes luchas sociales de diversos sectores sociales y gobiernos regionales que, en lo fundamental, exigían la redistribución de los beneficios del crecimiento económico. En relación a la lucha contra la corrupción poco se ha hecho y sigue vigente enfrentar este problema con políticas públicas coherentes.

En este contexto, el derecho a la educación también se ha visto vulnerado. Anteriormente, haciendo un balance de la política educativa a los seis meses de gestión del gobierno del Presidente García señalamos que nunca otro régimen encontró tan buenas condiciones para avanzar hacia la consecución de este derecho. Una economía a favor, una sociedad que valora el mejoramiento de la calidad de la educación, así como una legislación, acuerdos y proyectos sustentados y consensuados, junto a compromisos de estado como el Plan Nacional de la Infancia, los Acuerdos de Dakar, las Políticas del Acuerdo Nacional para enfrentar la inequidad, la baja calidad educativa y los avances de la democratización del estado y la sociedad con la descentralización, y principalmente el Proyecto Educativo Nacional.

Este panorama exigía firmeza para avanzar en la implementación de todos estos acuerdos. Lamentablemente, incluso ante el propio Plan de Gobierno presentado en la campaña electoral por el APRA, sólo se abordaron la alfabetización y el aumento de una hora de clases. La evaluación censal docente, la municipalización de la educación, y la propuesta al Congreso de la Ley de Carrera Pública Magisterial (CPM), fueron planteadas en el camino. Cada una de estas medidas se caracterizó por su creciente improvisación. En el caso de la CPM se recogieron propuestas presentadas con anterioridad pero sin convocar al magisterio.

En relación a la evaluación censal, se hizo oídos sordos a diversos pronunciamientos de instituciones y especialistas peruanos, así como a las recomendaciones de una misión de la UNESCO especialmente contratada para entregar pistas de cómo garantizar su pertinencia. En relación a la municipalización de la educación, nació como producto de la improvisación y su puesta en marcha de forma inconsulta a los municipios, generó una lógica contradictoria entre municipalización de la educación y descentralización educativa. Se conoce a nivel nacional e internacional que esta estrategia no resuelve la inequidad educativa, ni garantiza éxito en la mejora de la calidad. Lo que enseña la experiencia vivida en Chile cuestiona el modelo porque ha generado mayor inequidad.

En relación al Proyecto Educativo Nacional (PEN) nos parece importante su reconocimiento como política de estado con la Resolución Suprema Nº 001-2007-ED del 6 de enero del 2007. El Consejo Nacional de Educación ha trabajado el PEN utilizando una estrategia que ha comprometido a vastos sectores sociales, magisteriales, estudiantes y padres de familia, a autoridades municipales y regionales, especialistas en diversos temas, confirmando que los asuntos públicos —como el derecho a la educación— se construyen con la participación de la población. Este proceso es democrático y crea mayor democracia. Es urgente su implementación programática, así como los recursos que se requieren para viabilizar una propuesta que ha implicado el compromiso de grandes recursos humanos. Podría pasar lo mismo que viene ocurriendo con el Plan de Educación Para Todos (EPT) que no involucra cambios efectivos en la programación del Ministerio de Educación (MED).

Respecto al PEN, es un gran reto hoy conjugar no sólo en el papel sino en la acción efectiva lo que se viene efectuando en diversas instancias. Un ejemplo de esto es el Plan Estratégico Sectorial Multianual 2007-2011 que el ministerio ha presentado, el cual no puede limitarse a darle un orden lógico a los profusos planes previamente elaborados por las diversas oficinas del sector. Lo que exige el desarrollo del PEN es un cambio sustantivo en la organización y planeamiento del MED.

Si se habla de una gran revolución educativa, hay que ser coherentes. Implica alterar decisiones, evaluar instancias y programas existentes; así como una fuerte articulación con los procesos regionales, donde hoy se cuenta con Proyectos Educativos Regionales. No es una tarea fácil, más sí urgente y necesaria. En este sentido es un importante avance que la Asamblea de presidentes regionales haya concertado una agenda de política educativa con el Consejo Nacional de Educación en puntos prioritarios, tales como: a) Primera infancia con financiamiento oportuno; b) Desarrollo de capacidades docentes; c) Reforma de las instancias de gestión; c) Institucionalización de la función de vigilancia ciudadana que corresponde al COPARE; d) Currículo regional construido participativamente, definiendo aprendizajes pertinentes a las realidades sociales, culturales, económicas de cada región; e) Promoción ambiental desde las escuelas, comunidad y autoridades. La tarea actual requiere mirar los cambios de manera articulada dando importancia a la concertación, pues hay que potenciar estos procesos en marcha ya señalados.

Acerca de la Carrera Pública Magisterial, señalamos cuánto se empobrece su impacto sino se construye en diálogo con el gremio y se la limita al tema de la evaluación docente. Hay puntos sustantivos que abordar en este momento de elaboración del reglamento de la Ley de CPM.

En el documento de Aportes al diálogo educativo, hemos planteado la necesidad de realizar un debate serio y con amplia participación del magisterio. La participación y construcción de lo público implican contar con la fuerza del magisterio que avance hacia un nuevo contrato social basado en el respeto y no en la confrontación. En evaluación, la transparencia, la definición de mecanismos, la diversidad, los estándares concertados, así como la rigurosidad pedagógica deben acompañar este proceso. Los docentes no pueden ser excluidos de la evaluación y junto a los directores y padres deben participar en este proceso. En relación al financiamiento hemos señalado que se requiere claridad acerca del presupuesto que se destinará al financiamiento de la CPM y una mirada específica al tratamiento de maestros que trabajan en zonas de frontera, rural y en contextos bilingües. Así como, precisar los criterios para definir el piso salarial docente. En la formación en servicio urge discutir el sentido de la formación, las instituciones responsables, junto a las competencias del docente. La concepción del docente como un profesional de la educación tiene que ubicarse adecuadamente en la sociedad revirtiendo su satanización. Especificar los mecanismos de ascenso y las metas concretas sobre cómo se llevará adelante la incorporación de los maestros en el plazo establecido, y de la pirámide de docentes por cada nivel.

En este número de la revista presentamos propuestas en relación a la CPM desde diversos puntos de vista. Sobre el financiamiento de la educación entregamos dos artículos, uno primero sobre la situación del FONDEP, expresión de los problemas en el financiamiento de una política pública. Un segundo tema es la nueva propuesta de gestión financiera por resultados planteada para la efectividad de los programas sociales en los que se encuentra la salud, la educación y la atención a la primera infancia.

En relación a políticas regionales presentamos la Agenda de Educación Inclusiva en Ayacucho y la experiencia del proyecto AprenDes, una experiencia peruana de escuelas activas para mejorar los aprendizajes de los estudiantes de la educación primaria rural del país, acompañada del fortalecimiento de la autonomía escolar a través del apoyo a la descentralización educativa.

Así mismo, encontrarán una valiosa reflexión acerca de un estudio de caso denominado “Aprendiendo a leer y escribir desde el saber andino” que presenta la experiencia de aprendizaje que vivieron los estudiantes de la comunidad de Paropata en la provincia de Canchis de la Región Cusco.

A propósito del 08 de Septiembre, día Internacional de la Alfabetización, entregamos una experiencia de Alfabetización de Adultos en Educación Intercultural Bilingüe en una zona urbana.

La interrogante de ¿cómo devolverle a las fiestas patrias su dimensión ciudadana versus un evento castrense?, es respondida por la institución Transparencia con valiosas reflexiones y retos. La Educación comunitaria, modalidad educativa presente en la Ley General de Educación es presentada como un componente obligado de todo sistema democrático y como concreción de la responsabilidad ciudadana de individuos y colectivos sociales.

Insistimos, hay un gran dinamismo en la sociedad, hay múltiples propuestas que deben constituirse en componentes esenciales de los cambios educativos y que dialogan con el PEN y EPT y que constituyen parte de la riqueza educativa que aportan a la construcción y viabilidad del derecho a la educación.

Nélida Céspedes Rossel