La democracia participativa, como aspiración de la sociedad, es una de las principales rutas que se ha abierto gracias a la decidida y diversa participación de la sociedad civil y al oportuno nombramiento del gobierno de transición liderado por el ex presidente Paniagua.

En ese contexto ha sido posible que en el ámbito político arribásemos, después de 10 años, a elecciones transparentes y que florezcan importantes y necesarias iniciativas para enfrentar la pobreza y la corrupción, tales como la Comisión de la Verdad y la Mesa de Lucha contra la Pobreza.

No es casual que junto a estas instancias de la Educación, como una gran aspiración de los peruanos, se halla plasmado en la Consulta por un Acuerdo Nacional por la Educación.

Una sociedad sana que aspira al desarrollo debe poner en una sola canasta la democracia, la ética, la justicia social y la educación. No hay otra manera de pensar en un ámbito transparente y sostenido.

Los peruanos hemos vivido en nueve meses una rica experiencia de participación ciudadana, tan demandada y al mismo tiempo tan obstaculizada en el régimen anterior. El dialogo, los procesos de concertación entre la sociedad civil y el Estado, la presentación de propuestas, la necesidad de recuperar la memoria, la exigencia de justicia ante la injusticia se han ido abriendo paso y han marcado pistas que los peruanos queremos seguir con el nuevo gobierno del presidente Toledo.

En el caso de la Educación, tal como se afirma en uno de los artículos del presente número, “el dialogo en educación ha quedado instalado”. Miles de maestros, padres de familia, líderes de opinión, alcaldes, congresistas, organizaciones de base, iglesias y los propios niños, niñas y adolescentes, así como diversas instituciones de la sociedad civil, han planteados sus sentidas necesidades y aspiraciones con relación a la educación. La Educación, como factor de desarrollo personal y social, es el núcleo de tal aspiración.

A propósito de la Educación, en una última entrevista el ex presidente Paniagua señaló que “debemos ser conscientes de que vivimos en un mundo globalizado que está enfrentando una de las más grandes revoluciones de la historia en el ámbito de lo que se llama la era del conocimiento, y que, por tanto la promoción de la educación tiene una importancia capital no ya como política de gobierno sino como política de Estado.

Queda como una gran tarea soldar la brecha entre las aspiraciones de la sociedad civil y las de nuestros gobernantes. Porque para lograr la tan ansiada “Educación de Calidad para Todos y Todas” se requiere vocación política, transformada en políticas educativas de largo aliento, que articuladas a cambios en la economía y la promoción de la cultura enfrenten las inequidades, las discriminaciones y las injusticias.

Eso es lo que esperamos de las nuevas autoridades, especialmente de las autoridades educativas; del doctor Nicolás Lynch como Ministro de Educación, de los viceministros Juan Abugatas y Manuel Iguiñíz y de todo su equipo.

Las demandas realizadas por la ciudadanía con relación al legítimo derecho a la educación se expresan en el Acuerdo Nacional y plantean retos y derroteros coincidentes con los presentados en nuestra revista. Entre estos podemos señalar la urgente necesidad de mejorarla calidad de los aprendizajes para todos y todas; la equidad, la inclusión y justicia en los aprendizajes; la revalorización de la profesión docente; la participación ciudadana como una condición intrínseca en la elaboración de las políticas educativas; y, la descentralización para fortalecer las capacidades locales.

Es preciso vincular la política educativa al desarrollo de otras políticas sociales y a una Reforma Educativa como proyecto cultural. Es fundamental sincerar la participación de los organismos internacionales en concordancia con los consensos y acuerdos internacionales tales como: el Proyecto Principal de Educación y las Reuniones Interministeriales, la Convención sobre los Derechos del Niño, Educación para Todos, las Cumbres Hemisféricas, las Cumbres Iberoamericanas, las Reuniones Andinas. La base para reorientar los convenios con los organismos financieros y bancos de algunos países deben ser los acuerdos internacionales suscritos por el Perú y, principalmente, los Planes Nacionales y Locales.

Los retos y las condiciones que harán posible tales aspiraciones requieren de la descentralización de la educación, la carrera pública magisterial y un presupuesto a la altura de las necesidades diagnosticadas y coherentes con las promesas electorales.

El nuevo contexto ha mostrado que es posible que la política educativa pueda ser definida en los espacios públicos. En ese sentido, como sociedad civil debemos fortalecer y acrecentar nuestra calidad de vigilancia y propuesta.

En este número de la revista les entregamos un conjunto de artículos que permiten reafirmar los componentes sustantivos de toda Reforma Educativa. Hay un camino andado, se han abierto las puertas de las expectativas, del dialogo, de las corresponsabilidad, de la participación democrática, tan necesaria en tiempos normales como en los de emergencia, como aquella que ha dejado en el sur del Perú a miles de alumnos sin escuela.

Junto con nosotros, a las autoridades de este nuevo gobierno les compete hacer fecundos los esfuerzos realizados y, desde el rol que le compete, darle un nuevo rumbo a la Educación en el Perú.

Nélida Céspedes Rossel, directora