50 AÑOS DE TAREA. Celebración y desafíos político-pedagógicos
Celebrar el 50 aniversario de Tarea en favor de la educación liberadora nos conmueve. ¡Cómo hemos alcanzado tantos años! ¡A cuántas personas e instituciones debemos agradecerles, pues han hecho posible nuestra la continuidad! ¡Y cómo hemos logrado reinventarnos en momentos cruciales de la vida nacional!
Tarea surge como una iniciativa de educación popular, respaldando la organización y el protagonismo popular en espacios urbanos; y también como un espacio de pensamiento político-pedagógico a través de su editorial y su boletín de educación popular. Nace como parte de movimientos de pensamiento social, político y pedagógico latinoamericano en respuesta a circunstancias de opresión, dictaduras militares y luchas de liberación.
Para la celebración de este aniversario, Tarea organizó las Jornadas de Educación Intercultural Bilingüe y Educación Ciudadana. A estos ejes temáticos se sumaron otros como la igualdad de género, la secundaria rural, la formación docente, la importancia de la Asociación de Alcaldes, Regidores y Líderes Estudiantiles (AARLE) y la trayectoria de la Revista Tarea. No es un dato accesorio que estas jornadas se realizaran en Ayacucho, un ámbito donde Tarea ha sostenido una experiencia significativa a lo largo de su historia.
La política educativa de la coalición
El Perú está en un período crucial, caracterizado por la demolición de los avances democráticos, la captura del Estado, la represión de la participación social, el aumento de la pobreza y la desnutrición, y el favorecimiento de la delincuencia, manteniendo las formalidades de la institucionalidad. Entre las medidas más preocupantes está la ley de la impunidad frente a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el gobierno de Alberto Fujimori, la misma que pretende aplicarse a los crímenes extrajudiciales cometidos durante la insurgencia del período 2022-2023, ante los cuales el mensaje fue «pidan obras, no hagan política».
A esto se le suma la política que atenta contra la alternancia en el gobierno para el proceso electoral del 2026. «Ir en contra de todo espíritu y sentimiento humanitario» podría ser la síntesis de la política dominante.
Frente a esta situación, se siguen generando disputas y resistencias defensivas, protestas en movimientos sociales e instituciones con autonomía.
Antes de considerar la política educativa explícita, importa el significado antipedagógico de esas prácticas políticas de la actual coalición gobernante. La política dominante actúa como contraejemplo de una educación ética y cívica.
La educación ciudadana es hacernos parte de los aún dispersos impulsos democratizadores de la sociedad, actuar con los movimientos y las organizaciones ciudadanas contra la pobreza, el racismo, la xenofobia y la impunidad, siempre en favor del ejercicio de la política y la construcción de la memoria histórica.
La política educativa autoritaria desconoce las políticas de Estado, como fue notorio en el mensaje presidencial del 28 de julio reciente: retrocede pasos en la carrera magisterial y la reforma universitaria, y mantiene en el congelador políticas de educación rural, educación intercultural bilingüe, educación sexual integral, educación especial, y educación de jóvenes y adultos, junto con mantener las estructuras reproductoras de un sistema educativo de escuelas diferenciadas. Sistema criticado como, segregado en el Proyecto Educativo Nacional al 2036. Mediante iniciativas espurias, busca legitimar la coalición conservadora hasta el 2026 y mantenerla vigente en el largo plazo.
Para seguir pensando y discutiendo
En este marco, planteamos algunos desafíos con la idea de nutrir una discusión que contribuya a impulsar la profundización democrática.
Una educación vinculada con la «Visión del Perú al 2050»
La «Visión del Perú al 2050» fue aprobada el 2019 por el Acuerdo Nacional. Ignorarlo significa desconectar la política educativa de los sentidos, valores y fines democráticos. Significa dejar de lado un proyecto nacional que aboga por la dignidad de las personas, la democracia sustantiva, el aprecio a las diversidades, y el trabajo digno como parte de un desarrollo productivo sostenible y cuidadoso de la vida en el planeta.
El Proyecto Educativo Nacional (PEN), como marco estratégico para el desarrollo de la educación a largo plazo y como política de Estado, es vinculante. Surge de la Ley General de Educación y exige, como lo planteó el Consejo Nacional de Educación en el 2019, que los ministros del sector lo apliquen en sus planes de corto plazo, engarzando las urgencias con los cambios estructurales.
Es más cómodo, sin embargo, para un gobierno que actúa con un estilo de «lista de lavandería» —pasando por alto incluso planes regionales y comunitarios—, anunciar un pacto social sin pluralidad. En este sentido, entre los varios incumplimientos se encuentra también la falta de informes anuales del Ministerio de Educación al Congreso sobre los avances en la aplicación del PEN, tal como lo exige la ley.
Una educación a lo largo de la vida y en diversos espacios sociales
Acercarse a este tema implica reconocer y articular los diferentes aprendizajes, para que aquellos considerados como informales o no formales se integren al ámbito escolar y, recíprocamente, los aprendizajes escolares se apliquen en la sociedad.
Si bien la educación formal es más intensiva, nos educamos más prolongadamente —durante toda la vida— en las formas experienciales y no formales. Importa recordar que ya desde la reforma de 1972 se asumía que la sociedad es la que educa.
La educación comunitaria
Entendemos la educación comunitaria como aquella no formal que se genera en movimientos y organizaciones sociales, considerando que, al construirse como entes democráticos vivos, cumplen una función pedagógica entre sus participantes. Su diversidad es enorme y muchas se renuevan constantemente: organizaciones de mujeres, de feministas, de pueblos originarios, de afrodescendientes, de derechos humanos, gremiales o ambientales, por mencionar algunas. A todas ellas las desafía, particularmente, la defensa de su memoria histórica frente al terruqueo, la homofobia y el racismo. Asimismo, es un reto superar la débil articulación y la falta de convergencia en plataformas.
Educación en la actuación política
Los aprendizajes experienciales o informales, que incluyen una diversidad de prácticas en partidos y movimientos políticos, en el ejercicio de la función pública estatal y en los medios de comunicación, forman parte del educar(se) en los espacios públicos y tienen la posibilidad de contribuir a la construcción de una democracia sustantiva.
Sin embargo, el ejercicio de la función pública ha alcanzado niveles catastróficos de descrédito e ineficacia, lo que dificulta cualquier orientación consciente del futuro del país. Al mismo tiempo, la crisis de representación política impide que se recojan adecuadamente los asuntos y demandas de las organizaciones sociales referidos a aspectos críticos de la sociedad.
Crear un cambio favorable a la participación en la política pública es una urgencia frente al apoliticismo en una sociedad en la que, al decir del ministro del Interior, Juan Santiváñez, «para ascender todo vale».
Toca también insistir en la transversalización del enfoque de igualdad de género y de interculturalidad en la gestión pública, como parte de la prevención de la violencia de género.
Educación escolar de igual calidad para todos
Educación para la libertad, la igualdad y la interculturalidad para todos: la Ley General de Educación establece como fines de la educación la formación para la realización personal integral y para su contribución al desarrollo de la democracia. Esto se especifica en sendos capítulos sobre la calidad de la educación y la equidad.
La disputa sobre el conocimiento se intensifica en la actualidad, valorando su consideración como bien público en la sociedad de la información. Esto contrasta radicalmente con la censura de contenidos en cinco áreas curriculares, que genera una privatización del conocimiento por parte de grupos sectarios, a menudo bajo formas encubiertas.
Necesitamos libertad de conciencia y pensamiento ante el adoctrinamiento integrista que pide que le cedan escuelas estatales, no obstante su cerrazón ante la libertad de conciencia y pensamiento, a los bienes públicos al servicio de todos y al goce de las diversidades humanas. Esa postura, que pretende ser hegemónica, está en clara contradicción con la educación cívica.
La educación pública renovada
En la tendencia dominante, la educación pública en las áreas urbanas es un sucedáneo de la educación privada y no el eje del sistema educativo.
La cesión de escuelas tiene hoy señalados voceros contrarios a la educación como bien público disponible para todos, transparente y plural, tales como los congresistas Alejandro Cavero y, más recientemente, Milagros Aguayo. La construcción de la educación pública sigue siendo, en gran medida, un proyecto.
Por la escuela pública presencial completa
Hace falta impulsar la escuela presencial y pedagógicamente innovadora, con uso intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación —las TIC—, y atendiendo los temas de la actualidad. Asimismo, promover o activar las escuelas articuladas en redes, retomar la jornada escolar completa (JEC) e integrar los colegios de alto rendimiento —los COAR— al sistema educativo público.
La docencia, labor de ciudadanos
La docencia, entendida como una profesión ética, dialógica y en escuelas colegiadas, es insustituible. En el periodo actual, es necesario lograr que se retiren los dos proyectos de ley presentados por el Poder Ejecutivo que refuerzan la censura y el adoctrinamiento.
Además, el clientelismo, asociado con el ingreso automático a la carrera pública magisterial, interfiere con el concurso en marcha y desvincula los derechos de los estudiantes de los derechos de los docentes.
Así cincuenta años de iniciado el camino de Tarea, nos continúa convocando la necesidad de consolidar un sistema educativo que fortalezca el ámbito de lo público, el derecho a una educación de calidad para todas y todos , promueva y afiance la participación consciente del estudiantado y reconozca la dignidad de la profesión docente. Con la alegría de siempre y sin bajar la guardia, enfrentemos el desafío de asegurar que la educación sea realmente un pilar fundamental en la construcción de una sociedad más justa y democrática.
Escribe: Manuel Iguiñiz, asociado a Tarea
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