Boletín Mensual

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Lima, 29 de agosto del 2005

Año 4, Nº 41

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Reflexión y pistas para políticas inclusivas

Severo Cuba, educador de Tarea.

La exclusión social es también un mecanismo instalado en la cultura, nosotros no estamos exentos de ella. De uno modo u otro, la exclusión se práctica en la vida social, en el mercado, en la familia, en la administración de justicia, en la atención hospitalaria y, cómo no, en la educación, en la gestión de las instituciones educativas y en las prácticas de enseñanza. Se basa en la creencia de que la educación puede ser un bien de consumo, una mercancía, un objeto del cual sacar provecho personal. Se basa en una perdida del sentido original de la educación, la antigua paideia, que es un acto de acogimiento e incorporación de las nuevas generaciones al patrimonio social y cultural de la sociedad; constituye un abandono de la responsabilidad que tenemos con los otros.

La exclusión se expresa en la cultura del sálvese quien pueda. Expresa, en suma, un proyecto de humanidad donde la excelencia humana esta signada por el éxito personal, un mecanismo de seducción muy fuerte. Lo contrario es un proyecto de humanidad basado en la ciudadanía y el derecho de todos y cada uno. La exclusión es la negación de la ciudadanía para la mayoría, y con ello, la ausencia de un proyecto de país compartido y construido desde la diversidad, desde el ejercicio de la democracia.

¿Por donde avanzar en la superación de la exclusión social? Apuntamos aquí algunas consideraciones que se pusieron en diálogo con docentes y autoridades en la Foro Regional Exclusión y Políticas Educativas Regionales, recientemente realizado en Ayacucho.

Necesitamos pensar las políticas globalmente, esto es, articulando debidamente las políticas educativas con las de desarrollo regional. Esto supone que el campo educativo sea espacio de programas de acción que involucren la atención de otras dimensiones del desarrollo, como el derecho a la atención en salud, o la promoción de la cultura de productividad y emprendimiento. También necesitamos pensar la educación globalmente. Por ejemplo, frente a la situación de ser una sociedad bilingüe, las respuestas educativas no deben limitarse a implementar un enfoque y una metodología intercultural bilingüe en el espacio de la escuela. La respuesta educativa debe tener correspondencia con el proyecto cultural que la sociedad regional se plantea. Y esto involucra ciertamente al sistema escolar y a los maestros y maestras ayacuchanas, pero se extiende también a todos los agentes educativos de Ayacucho: la universidad, los institutos superiores pedagógicos, la educación privada, los medios de comunicación local, y profesionales y líderes de la región.

Hay que pensar la inclusión como objetivo de la sociedad y la educación regional. Un proyecto de desarrollo regional que nítidamente establece la equidad social, la construcción de una sociedad inclusiva, es un buen punto de partida y un contexto necesario para el desarrollo de una educación inclusiva.

Esto pasa por identificar los mecanismos macro y micro de exclusión educativa, y plantear alternativas para superarlos. Un mecanismo macro puede ser la limitada inversión en la educación rural. Hay que tender, entonces, a políticas encaminadas al desarrollo de las escuelas en este ámbito, que impliquen programas con incentivos para atraer a los mejores maestros, mejora de las condiciones de enseñanza (casas - escuela), y formación docente para el trabajo en el área rural. Asimismo, atención a las condiciones de educabilidad: programas educativos para las familias, extensión de servicios de salud y nutrición, entre otros aspectos.

Una forma de enfrentar mecanismos micro de exclusión puede ser, por ejemplo, la identificación de niños y niñas en riesgo de abandonar su educación en las escuelas urbanas y rurales. Esto puede permitir acciones desde la propia escuela y la comunidad educativa. Por supuesto, las acciones macro y micro debieran estar articuladas entre sí.

Tal vez es necesaria una fuerte campaña cultural en torno a la exclusión, a la educación como derecho, y a favor de una escuela inclusiva, dirigida a la opinión pública, y particularmente a los profesionales de la educación.

Es necesario también realizar una labor educativa entre quienes tienen a su cargo los servicios y programas estatales: desde bancos hasta postas de salud, involucrando tanto a funcionarios de alto nivel como al portero de una escuela. Los funcionarios públicos tienen la obligación contractual de garantizar la articulación social y el acceso a los servicios que garantizan los derechos sociales.

Finalmente, hay que destacar la vocación por el desarrollo, la paz y la justicia presente en la cultura del pueblo ayacuchano, que cuenta con líderes sociales, profesionales y estudiantes interesados en aportar a una apuesta. Hay que hacer uso de todos los espacios posibles para que esta participación se haga efectiva y garantice una ejecutoria de buen gobierno y de ejercicio real de la ciudadanía. (Tomado del artículo “Exclusión social y políticas educativas”, Severo Cuba Marmanillo. Revista Tarea Nº 61, agosto 2005).