Los procesos políticos nacionales y la educación
La educación está inserta en dos procesos políticos nacionales recientes que le plantean nuevas exigencias. Por un lado, se da un proceso de fortalecimiento de la nueva coalición autoritaria y conservadora en política nacional, y por otro, se desarrolla una insurgencia popular de carácter ciudadano, contra el gobierno y el Congreso, desconociendo la representatividad de las actuales autoridades. Ambos, si bien de raíces anteriores, tiene en el reciente autogolpe fallido de Pedro Castillo, el factor impulsor.
1. Dos procesos en pugna: Autoritarismo y reclamo de ciudadanía plena
En la coalición autoritaria destaca la mayoría del Congreso, el gobierno de Dina Boluarte, el Tribunal Constitucional (TC), la concentración de medios de comunicación y la fiscal de la Nación, además de otros aliados como Perú Libre y el Bloque Magisterial, en temas decisivos, como en la elección del nuevo TC a su favor. El TC viene apoyando el debilitamiento del contrapeso de poderes en el Estado, dándoles un sobre poder al Congreso. En esa danza, se vienen eliminando instancias con autonomía para el impulso de las políticas de Estado, la defensa de derechos y la participación ciudadana, desatándose políticas represivas y violentas contra la protesta, ocasionando el asesinato de 48 personas.
Por otro lado, en reacción a esta coalición y la represión desatada por el gobierno, se desarrolla una vasta e inédita movilización ciudadana, de diferentes organizaciones que parte principalmente de las regiones fuera de Lima y particularmente desde el sur andino. La movilización no se centra esta vez en el reclamo de servicios o por las condiciones materiales adversas en calidad de vida, agudizadas por la pandemia, sino en un reclamo y exigencia política de rendición de cuentas por los asesinatos realizados por las fuerzas del orden, la renuncia del actual gobierno y nuevas elecciones, ejerciendo su ciudadanía. Muchos moradores, especialmente del sur andino, pasaron de niveles comunales de protesta a incidir en niveles provinciales, regionales y a Lima.
2. Políticas e iniciativas desde el Ministerio de Educación
Como parte de la coalición autoritaria y conservadora, el ministro de Educación viene tomando medidas orientadas a desmontar la necesaria autonomía de organismos consultivos y de supervisión de la educación, así como a desacreditar a profesionales comprometidos con las reformas educativas iniciadas de las recientes décadas, siendo objeto de críticas e impases en su implementación.
La cuestionada restructuración del Consejo Nacional de Educación (CNE)
En relación al CNE se ha reestructurado por Decreto Supremo, y destituido a sus miembros que habían sido nombrados hasta el año 2026, con el objetivo de deshacerse de un Consejo que opinaba de oficio. No obstante, tiene problemas de convocatoria para la conformación del nuevo Consejo, dado el espíritu gubernamental, sin pluralismo, que guía la reestructuración y los cuestionamientos de ilegalidad en el carácter de la medida[1].
La implementación ilegal de la Ley de restructuración de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU)
El sustento de la captura de la SUNEDU, es irónicamente la autonomía universitaria. No obstante, el allanamiento de la UNMSM, donde se hospedaban manifestantes que marcharon hacia Lima, y la detención y maltrato de decenas de personas luego liberadas, confirma un operativo de producir temor en quienes opinan críticamente sobre la crisis de la democracia peruana.
En medio de una oposición y cuestionamientos legales a la Ley 31520 de reestructuración de la SUNEDU, debido a que anula la autonomía necesaria lograda en el ente supervisor de las universidades peruanas y desecha los méritos en la elección de su Consejo Directivo que garantice la calidad de la educación superior, ésta es avalada por el TC. Sobre esta base, el Ministro de Educación se ha apurado en ejecutar la reestructuración, instalando un nuevo Consejo Directivo. Para ello ha recurrido a la violación legal de la propia ley 31520, eligiendo al Superintendente, sin completar la composición del Consejo Directivo, y forzando la elección de representantes de manera antidemocrática. La designación de representante del ministro, y de las Universidades públicas es considerada irregular por la mayoría de las universidades públicas (39).
A su vez, recientemente Foro Educativos y otras asociaciones, han presentado el 27 de febrero una acción de inconstitucionalidad contra la Ley 31520.
La campaña de desacreditación de especialistas en educación
Usar la desinformación como munición para desacreditar profesionales de la educación, amañando cifras sobre consultorías, se orienta políticamente a excluir a los ciudadanos deliberantes y calificados de las políticas de Estado. La astronómica como inventada cifra de S/728 millones en consultorías gastada por el Minedu, según el ministro Becerra, no tiene sustento. Lucas Simpé y José Luis Gargurevich y otros, han indicado que ese monto incluye costeo de evaluaciones de aprendizaje y otros gastos, entre los cuales las consultorías reales son un monto bastante menor. Se han imaginado consultorías en la SUNEDO, cuando en los últimos 5 años no se realizó ninguna. La Congresista Flor Pablo ha solicitado un informe desagregado, sin embargo, se sigue jugando con el escándalo y no se asume responsabilidad en el engaño.
Propuesta de mecanismos para favorecer a la educación privada
El ministro Becerra ha informado[2] que prepara con el Ministerio de Economía Finanzas una propuesta para que las escuelas privadas matriculen 50,000 estudiantes, por la falta de capacidad de la escuela pública. Se escogerían los colegios de menor costo por estudiante matriculado y les pagaría PRONIED. La propuesta carece de sustento. Ya el año el 2022 el Sector Educación incorporo una cantidad mucho mayor de estudiantes lo que no justifica recurrir al clásico esquema neoliberal de subsidio a la demanda, por número de alumnos, que fuera rechazado cuando lo aprobó Fujimori. Si se puede cumplir la obligación del Estado con el derecho a la accesibilidad, valorando los bienes públicos comunes y aprovechando lo ya ejecutado en el 2022. El Congreso destino más 140 millones de soles para la creación de plazas, con la Ley N° 31610 “Ley que permite garantizar la prestación del servicio educativo en las instituciones educativas públicas de Educación Básica a nivel nacional.” El Proyecto de ley fue presentado por el Minedu para cubrir el incremento de la matrícula escolar con el retorno a la presencialidad y es también importante como función pública, el traslado de 443 370 estudiantes de escuelas privadas a públicas.[3] De modo que ya se sabe cómo hacer.
3. Los cambios sociales y políticos plantean exigencias a la educación
La noción de que la educación es un proceso a lo largo de la vida y en diferentes ambientes, tiene en la insurgencia y movilización popular, desde diciembre, una clara exigencia de concreción. Dos líneas de acción para los educadores en esta orientación son, por un lado, la participación en el desarrollo de articulaciones políticas y sociales por democracia y por otro, la vinculación de una renovada educación escolar y comunitaria en la formación ciudadana de la población.
Diferentes instituciones y asociaciones educativas vienen ampliando ya su articulación con otras asociaciones que desarrollan iniciativas políticas democráticas. Es indispensable fortalecer esta articulación porque las capturas del Estado no acaban, van por más: las entidades electorales, la Defensoría del Pueblo.
En la educación formal, urge también que en las escuelas se procesen los sucesos actuales de modo crítico, sin adoctrinamiento. La ciudadanía plena, exige este análisis de los procesos actuales en las escuelas, asumiendo derechos y deberes en la sociedad. La implementación curricular tiene que propiciar el diálogo con los aprendizajes extraescolares de los estudiantes en sus relaciones directas y remotas en redes.
A su vez, estos cambios políticos y sociales que vivimos ameritan la recolocación de la educación comunitaria manteniendo el protagonismo de esta educación en las organizaciones sociales autónomas.
[1] Ver Manuel Iguiñiz: “Ilegal restructuración del Consejo Nacional de Educación” Foro Educativo.
[2] “Perú 21” (20/2/2023)
[3] MINEDU. Notas de Prensa días 7 de octubre y 9 de noviembre de 2022. El financiamiento permitió la creación de 4309 plazas docentes, 6487 plazas auxiliares, 6459 bolsas de horas de educación básica y 4196 contratos administrativos.
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Escribe: Manuel Iguiñiz
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