La escuela no es una isla
El título de este artículo parafrasea al de Luis Alberto Sánchez, “La Universidad no es una isla”.
Los próximos cuatro años seguirán vigentes el Proyecto Educativo Nacional al 2021 (PEN), La educación que queremos para el Perú, y las políticas de Estado del Acuerdo Nacional (AN), ambos de carácter vinculante, de modo que la reforma educativa debe necesariamente tomarlos en cuenta. A la vez, el Ministerio de Educación encargó al Consejo Nacional de Educación (CNE), de manera madrugadora, la sugestiva tarea de evaluar el PEN al 2021 y la preparación del PEN al 2036.
A raíz de la importante huelga magisterial, el Gobierno ha reiterado que la caída del Gabinete Zavala se produjo por su defensa de la política de Estado en Educación, que comprometía al Ejecutivo en su conjunto. La política educativa ha sido muy importante en el debate político –y nos alegramos por ello–, pero el pedido de confianza se debió a una negociación entre los poderes del Estado electos.
El PEN, la conjunción de cambios sociales y educativos
Nos permitimos recordar que una reforma educativa se inserta en un marco de transformación social. El PEN establece claramente el vínculo del cambio social en el “horizonte del desarrollo humano” y una “educación renovada, que genera cambios”.
Para el Proyecto Educativo Nacional, la educación no es una isla sectorial con poder suficiente para, por sí mismo, hacer más justo nuestro país. Recordarlo es sumar argumentos para redoblar, hoy, los tres compromisos de implementación del PEN y su balance, así como para iniciar el proceso de formulación del nuevo PEN al 2036.
El PEN al 2021 contiene dos grandes partes. La primera expone los rasgos de la educación peruana, el enfoque del desarrollo humano y las transformaciones que el Perú requiere emprender con la colaboración de la educación renovada. Y reitera que la educación reproduce las desigualdades sociales. Por ello, el PEN expresa que las transformaciones de la educación tienen que “entrelazarse creativamente con los demás cambios institucionales necesarios en el Perú”.
La segunda parte incluye la visión y los seis objetivos estratégicos (OE) en educación.
La prescindencia y la desconexión del PEN
Dos son las preocupaciones que exponemos. Una, la prescindencia del PEN en la política educativa oficial y, dos, la desconexión de las dos partes del PEN en los balances anuales del CNE.
Es notorio que el Gobierno prescinde del vínculo entre las transformaciones sociales y las educativas. A la base está la exclusión del PEN en la política educativa oficial, enunciada en los espacios públicos, dirigida a la ciudadanía y al Congreso. Baste para comprobarlo los mensajes presidenciales a la Nación, los programas de cada presidente del Consejo de Ministros, los planes de los ministros de Educación, las presentaciones ante el Congreso, que han incluido maratónicas interpelaciones a ministros del sector. Ese fenómeno debilita las mejores medidas existentes y provoca que se atribuya al sector Educación un poder independientemente de las políticas nacionales de derechos, equidad social, inclusión y redistribución.
El seguimiento a los seis OE realizado por el CNE, en los importantes balances y recomendaciones anuales, prescinde de la primera parte del PEN. Analiza cada OE sin relación con el dinamismo social, económico, cultural y político del país, y el tipo de educación deseada.
En esos balances los OE carecen de sinergias y articulación, pues no se toma en cuenta el proceso nacional, la visión de la educación que les da sentido y direccionalidad.
Programas con continuidad
Estas desconexiones debilitan los mejores programas que, por distintos caminos y factores, están en ejecución masiva y cuentan con potencialidades mayores, de modo que es preciso mejorarlos y sostenerlos articulándolos en un programa que siga el PEN. Encargo que deberá continuar el nuevo ministro de Educación Idel Vexler, quien conoce ampliamente el sector.
Se trata de medidas como la Jornada Escolar Completa, la Educación Intercultural Bilingüe, la Educación Básica Alternativa, la Ley de Reforma Magisterial, el acompañamiento pedagógico entre pares, la Ley Universitaria. Programas que no han estado articulados, en los cuatro pilares, en las gestiones de Jaime Saavedra y Marilú Martens. Serían parte de una reforma para ofrecer un modelo que suprima la segmentación educativa, la discriminación socioeducativa y la subinversión. Es importante que se haya decidido elaborar un plan de educación en ámbitos rurales, componente para la equidad.
Los propios OE se necesitan entre sí para avanzar sostenidamente; así, la interculturalidad es inseparable de la formación docente y la descentralización que desarrolle capacidades locales de innovación.
Gabinete y Congreso, más que una formalidad
El Consejo de Ministros está obligado a exponer su programa de gobierno considerando el AN y otros acuerdos nacionales y, específicamente en educación, el PEN. Identificar puntos débilmente tratados en este ayuda a avanzar al unísono en cuidado del medio ambiente, seguridad ciudadana, inclusión, educación en el trabajo, memoria colectiva, empoderamiento de las escuelas, lucha contra la corrupción para hacer una sociedad educadora. A esa visión unificada de la política contribuye la descentralización y participación ciudadana que visiones tecnocráticas consideran prescindibles.
El Congreso y el Gabinete no pueden despreciar la alerta que produjo la huelga y dejar languidecer la Ley de Reforma Magisterial, reduciéndola a la meritocracia. Las actas de la huelga docente (inclusive una no suscrita) fungen de piso, pero se necesita mucho más si lo que se quiere es una política sostenida para la educación pública, con consulta y compromisos recíprocos de todos los actores, en la revaloración de la profesión docente, con formación en ejercicio, nombramientos, evaluación, incremento de sueldos al 2021 y pensiones dignas.
Escribe: Manuel Iguiñiz Echeverría, profesor de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM) y asociado de TAREA
