Educación: Posibilidades de presupuesto y gasto 2021

A inicios del 2021, en el Perú, la incertidumbre y la desesperanza caracterizan el ánimo del ciudadano de a pie. La pandemia tiene “contra las cuerdas” al Estado peruano. La inoperancia del sistema sanitario se ha puesto de manifiesto.

La débil respuesta del aparato público frente a la crisis se expresa en una cantidad “oceánica” de trámites absurdos e inútiles, asimismo, a la actitud medrosa y timorata de funcionarios y directivos públicos que temen tomar decisiones que, a futuro los lleve a enfrentar procesos administrativos, y porque no, lleguen hasta el poder judicial.

Mientras tanto el Perú se encuentra entre los diez países con mayor nivel de mortandad producto del covid-19. En la actualidad, y ante el ascenso de la “segunda ola”, ya no hay disponibilidad de camas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), asimismo, no se cuenta con personal asistencial disponible, fundamentalmente médicos intensivistas.

En lo que a educación se refiere, la respuesta a la crisis se enfrentó mediante diferentes medios de la educación a distancia, sumada al esfuerzo de maestras, maestros y padres de familia que, dentro de sus limitaciones enfrentaron las dificultades poniendo de manifiesto su identificación y compromiso con los aprendizajes de niñas y niños.

De otro lado, el Ministerio de Educación, ha puesto en marcha diversas estrategias, como la más visible “Aprendo en casa”, que con sus limitaciones se ha constituido sólo en un paliativo ante la imposibilidad de desarrollar actividades de aprendizaje de manera presencial. Asimismo, la distribución de las tabletas aún no se ha concretado en su totalidad, lo cual se suma a las limitaciones de las escuelas y los hogares para enfrentar, desde la educación, las dificultades que surgirán durante el desarrollo de la pandemia.

Evidentemente, que toda estrategia requiere de recursos y, sobre todo, de una buena gestión pública de la educación que considere la integración intersistémica, es decir, el alineamiento de los procesos y sistemas administrativos, de igual manera la integración intrasistémica, esto es, la articulación de los procesos y procedimientos al interior del sistema educativo.

Lo anterior implica un diálogo entre los niveles de gobierno y las instancias de gestión educativa descentralizada que rompa los “compartimentos estancos” que implica la organización por funciones.

Los recursos del tesoro público destinados a la educación, para el año 2021 no difieren de manera sustantiva de los presupuestos del año anterior, en que la pandemia en su “primera ola” se puso de manifiesto.

Cabe resaltar que, el presupuesto de la función educación para el año 2020 (Presupuesto Institucional de Apertura -PIA-) fue de 31 mil millones de soles, luego en el proceso de ejecución, se realizaron modificaciones a nivel institucional y funcional programático, lo que resultó en 33 mil millones de soles (Presupuesto Institucional Modificado -PIM-). Sin embargo, la ejecución (devengado) fue apenas del 87%, es decir 28 mil millones de soles.

Perú: gasto público en educación según niveles de gobierno (millones de s/)

Nivel de Gobierno

2020

2021

PIA

PIM

Ejecución

PIA

Gobierno Nacional

14,987

12,375

10,084

15,181

Gobiernos Locales

781

2,674

1,366

860

Gobiernos Regionales

15,560

18,139

17,535

17,091

Total

31,328

33,188

28,985

33,132

Fuente: www.mef.gob.pe

En un escenario de escases, no se ha dispuesto de la totalidad de recursos. Un poco más de 4 mil millones de soles quedaron pendientes de ejecución: s/ 2 291 millones del gobierno nacional, fundamentalmente el Ministerio de Educación; s/ 1 308 millones de los gobiernos locales; y, s/ 604 millones de los gobiernos regionales. Como vemos, la mayor eficiencia en la ejecución del gasto la registran los gobiernos regionales con 97 %, debido a la mayor carga de gastos de operación.

El presupuesto para el 2021 (PIA) asciende a s/ 33 mil millones, esto es, 5,8 % mayor que el PIA 2020, aproximadamente s/ 1 804 millones, más. Desde otra perspectiva, si comparamos el presupuesto disponible (PIM) en el año 2020 versus el previsto para el 2021 (PIA) veremos que este apenas ha variado (-0,2 %).

Es importante señalar que, entre los diferentes niveles de gobierno: nacional, regional y local, se registran aproximadamente 303 unidades ejecutoras, entre direcciones regionales de educación, unidades de gestión educativa local, universidades públicas, entre otras; lo que hace complicado el seguimiento y monitoreo de la eficiencia del gasto, más aún de la aplicación de insumos, procesos, productos y resultados. El Ministerio de Educación sólo ha previsto medidas para mejorar el gasto sólo al nivel del sector (Ministerio de Educación, organismos públicos adscritos y universidades públicas) y específicamente al interior del pliego (010) que incluye 20 unidades ejecutoras: DRELM y UGEL de Lima, escuelas, sede central, entre otras.

Cabe aclarar que la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021, Ley N° 31084, en su capítulo VI, disposiciones especiales en materia de educación, prevé modificaciones presupuestarias para la mejora de intervenciones pedagógicas, entre otras que favorecen la calidad y eficiencia del gasto.

En los últimos 20 años en gasto público en educación como porcentaje del gasto público total se ha mantenido alrededor del 17 %, asimismo, respecto del producto bruto interno, cerca del 4 %, de otro lado, en términos reales se ha duplicado. Sin embargo, la mayor disponibilidad de recursos no se ha expresado en mayores y mejores aprendizajes de los estudiantes.

En resumen, el contexto poco favorable para el desarrollo de las actividades educativas, representa una oportunidad para mejorar procesos y procedimientos al interior del sistema educativo que resulten en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes, en ese sentido, el periodo de transición democrática que se realizará el presente año, debe considerar una transferencia seria y ordenada que garantice la continuidad de las políticas educativas que aseguren la actividad pedagógica en un entorno de pandemia.

Escribe: Arturo Miranda Blanco. Es Economista y Magister en Economía con mención en Política de Económica por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
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