Urge pensar la educación del siglo XXI y la convivencia en general como parte de la construcción de una comunidad planetaria, con una nueva ética de género humano. Esta visión nos plantea que la misión espiritual de la educación es enseñar a que las personas se comprendan como condición y garantía de la solidaridad intelectual y moral de la humanidad, superando obstáculos como el egocentrismo y el etnocentrismo.

Esto cobra una mayor vigencia ante el ataque irracional ocurrido en Londres, como respuesta a políticas irracionales. Lo que queda claro es que se trata de construir un orden nacional e internacional que de uno y otro lado no atente contra la paz y la seguridad, y de un orden mundial que no se edifique con imposiciones, con políticas impuestas, como el terrorismo de Estado, ni con gobiernos que desconocen las resoluciones de la Organización de Naciones Unidas, o con poderosos que se enriquecen a costa del sufrimiento de grandes grupos humanos. Si bien estos aspectos no se resuelven únicamente con la educación, sí se requiere desarrollar una nueva educación que privilegie la equidad y la cultura de paz, dentro de un entorno de justicia y de democracia participativa con mirada local, nacional y mundial.

Así también, la educación requiere de políticas con mirada de corto, mediano y largo plazo, este es un esfuerzo donde participan diversas instituciones y actores. En tal sentido el Proyecto Educativo Nacional que propone el Consejo Nacional de Educación, debe asumirse como la gran oportunidad para generar un debate amplio sobre el país que queremos y la educación con pertinencia social y cultural a la que aspiramos. Esto constituirá para todos los sectores un gran reto. Como parte de esta iniciativa Foro Educativo impulsa el debate del plan de corto plazo, y en este marco también se da la consulta de la Carrera Publica Magisterial con el magisterio como actor principal. Implicará, entre otros aspectos, enfrentar la dispersión, la segregación entre educación, política y economía, e impulsar la exigibilidad a los acuerdos y compromisos asumidos nacional e internacionalmente. Asimismo, requerirá una gran voluntad política de quienes aspiran a llegar al gobierno, para pasar de la falacia de las promesas electorales a un compromiso real para el cumplimiento de los derechos de la población, especialmente a la educación, considerada como la llave que abre la puerta a la consecución de otros derechos y responsabilidades ciudadanas. No otra cosa plantea la Convención sobre los Derechos de la Infancia y el Plan Nacional de la Infancia.

En este marco cobran un mayor sentido las políticas de descentralización puestas en marcha en el país. Definir de mejor manera las competencias de gobiernos regionales y locales en materia de educación, y perfilar mejor las instancias de participación de la sociedad, son tareas urgentes para avanzar en el mejoramiento de la calidad educativa. Así se dará un mejor piso al debate amplio y descentralizado del Proyecto Educativo Nacional, propuesta de carácter político, educativo, cultural y ético. (Nélida Céspedes Rossel, directora)