Revista TAREA

Editorial TAREA Edición 101

Lo público se refiere a los bienes y servicios que son comunes para todos, de los que no se discrimina ni excluye a nadie, aquellos que todos tenemos igual derecho de disfrutar: el aire, plazas y parques, la infraestructura vial, los servicios de salud, la educación. El Estado vela por los bienes y servicios públicos, los gestiona y debe garantizar que no se impida a nadie participar de lo común, de lo que nos pertenece a todos. Las fronteras entre lo público y lo privado se han ido transformando a través del tiempo, y siguen siendo materia de debate político en el mundo. ¿El conocimiento es un bien público del que nadie debe ser excluido? ¿O es un bien que puede ser patentado y comercializado para obtener beneficios económicos, lo que excluirá a sectores de la población? Dada la evidente relación entre educación y conocimiento, este es un tema cuyo análisis y discusión es relevante en nuestro medio.

Excluir a las personas del acceso a la educación básica resulta costoso para la cohesión social, la productividad y el desarrollo general de una sociedad; por ello, en la mayoría de países, incluido el nuestro, la educación básica es obligatoria, gratuita y universal. Es en la escuela pública donde aprendemos a convivir con personas distintas, a construir un sentido de lo público, a compartir valores comunes y a velar por el bien común de la sociedad de la que formamos parte.

Períodos de crisis como el que vivimos hacen más patente la importancia del acceso universal a bienes y servicios públicos como la salud y la educación. En este largo período de emergencia —del que aún no logramos salir— hemos atestiguado los inmensos esfuerzos desplegados por servidores públicos de la salud, la educación y las telecomunicaciones, así como los realizados por alcaldes y autoridades regionales y nacionales para atender la emergencia, en medio de la precariedad e insuficiencia de nuestros sistemas públicos; por mencionar un dato, solo 40,1 % de hogares tienen conexión a Internet, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Las cifras son elocuentes: según fuentes oficiales, tenemos más de 42 000 personas fallecidas (Ministerio de Salud) desde marzo del 2020. Asimismo, 2,9 millones de personas perdieron su trabajo (Banco Central de Reserva del Perú) y 174 544 estudiantes interrumpieron sus estudios universitarios el año que pasó.

Estamos muy lejos de ver materializado el derecho a la salud y a la educación de millones de peruanas y peruanos. Es prioritario ampliar la oferta de educación pública donde se requiera, así como trabajar por la mejora de la calidad y pertinencia de los servicios públicos en todo el país. Ad portas de las elecciones la generales, es imperativo revisar las propuestas de los partidos políticos en contienda, para conocer sus propuestas respecto a la educación básica y superior pública.

En la presente edición de la revista Tarea, participantes nacionales y de otros países de Latinoamérica aportan experiencias y reflexiones sobre la gestión y el rol de la educación pública en la formación de ciudadanas y ciudadanos y en la construcción del bien común, y comparten planteamientos para fortalecerla con el objetivo de garantizar el acceso al conocimiento. Contiene un recuento de iniciativas de política pública promovidas por el Estado peruano y otros Estados latinoamericanos, así como propuestas de la sociedad civil organizada, para mejorar el acceso, el financiamiento público y la calidad de la educación básica y superior públicas.

Conociendo los límites de una gestión centralizada de servicios educativos pertinentes para las diversas necesidades educativas de las poblaciones que conviven en los territorios, recogimos testimonios e iniciativas de autoridades de gobiernos regionales y de sus instancias de gestión educativa, que resultan ilustrativas de lo que queda por hacer para fortalecer la gestión regional y local de la educación pública.

Necesitamos avanzar en inclusión y equidad en la educación pública. Si la educación y el conocimiento son bienes públicos, las instituciones educativas del Estado no pueden seleccionar, bajo ningún criterio socioeconómico, religioso, de “normalidad” ni de género al estudiantado al que sirve. La educación pública debe estar abierta a quienes lo necesitan y ser el espacio en el que aprendemos a apreciar las diferencias entre las personas, a convivir en la diversidad humana. Fortalecer la educación pública, en lugar de empobrecerla y marginarla, debe ser uno de los propósitos más importantes de nuestra sociedad; esto, porque incentivará la convivencia democrática, el desarrollo del conocimiento, la adquisición de valores ciudadanos y la profundización de la democracia.

María Amelia Palacios