Discurso presidencial: Mucho ruido y pocas nueces
Un discurso presidencial de más de tres horas, con un gran listado de acciones que repitió en varias oportunidades, y que contó con el entusiasmo de la mayoría congresal. Al inicio del discurso, la presidenta Dina Boluarte, tomó distancia del gobierno del expresidente Pedro Castillo, señalando que fue un gobierno corrupto y que acrecentó la crisis política. No fue autocrítica con el partido que la llevo al gobierno, con quien convivio en la campaña electoral por la presidencia ni por los 16 meses que acompañó a Castillo como vicepresidenta e integrante del poder ejecutivo.
Una presidenta que tiene menos del 20 % de aprobación de la ciudadanía, que pide perdón a nombre del Estado por las muertes en las protestas al inicio de su gobierno, convoca al Acuerdo Nacional, para trabajar un pacto por la vida, la paz la igualdad y la justicia, que asegura que no habrá impunidad y que su gestión cumplirá con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero sin ningún gesto político, porque mantiene a su premier Luis Alberto Otárola, quien fue ministro de Defensa, en el periodo donde sucedieron las muertes. Para Amnistía Internacional la muerte de 49 manifestantes peruanos en choques con las fuerzas del orden durante las protestas antigubernamentales muestra que “lejos de tratarse de incidentes aislados de excesos policiales y militares individuales, el uso ilegítimo de la fuerza letal por parte de los cuerpos de seguridad peruanos apuntaría a una respuesta estatal deliberada y coordinada”.[1]
En el discurso se evidenció la falta de propuestas concretas para dar salida a la crisis política y de legitimidad de su rol como presidenta de la República y de los congresistas, en contrapeso, se hicieron promesas de muchas obras, de gastos en políticas sociales y otros para prevenir el fenómeno del niño, así como el anuncio del posible ingreso del Perú en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), organización que agrupa a los países que han logrado altos niveles de desarrollo.
Esta iniciativa se da en un contexto de frágil crecimiento económico, aumento de la pobreza, donde las políticas públicas como salud, educación, bienestar social, transparencia y lucha contra la corrupción, están en retroceso por la aprobación de políticas conservadoras y con espíritu mercantil sobre todo en educación superior. Una gestión ineficiente que se ha aliado para el copamiento de instituciones responsables del equilibrio de poderes como el Tribunal Constitucional y con claras intenciones de capturar el Jurado Nacional de Elecciones.
Durante el discurso, Dina Boluarte, leyó que en educación no habrá municipalización ni privatización de la educación, habló de recuperar los aprendizajes, de promover la campaña “El Perú lee” y que se continuará con Beca 18. Hablo también de un “sistema educativo sólido y de calidad: donde incluye a la revaloración docente, la mejor infraestructura y la presencia del Ministerio de Educación (Minedu) en todo el país. Mencionó la revisión del currículo nacional para dotar de competencias a los estudiantes como ciudadanos del mundo. Así también, anunció que la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) en 16 lenguas originarias será mejorada y serán elaborados títulos de bibliotecas en 43 lenguas originarias”. Lo que no dijo es que, en su gobierno se intentó vulnerar el derecho de niñas y niños de aprender en su lengua, colocando en las escuelas de EIB a docentes que no conocen la lengua originaria y que en educación superior se liquidó la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), para favorecer los negocios de quienes hoy le dan sostenibilidad a su gobierno.
Fue un discurso que buscó empatía con la ciudadanía a través de sus promesas, recuperar legitimidad y popularidad en regiones que no aprecian su gestión, el mismo que fue acompañado con el jolgorio de los congresistas que aspiran a quedarse hasta el 2026, en complicidad con los sectores conservadores que están copando las instituciones de públicas del Estado, para sacar del camino a cualquier iniciativa disidente para mantenerse en el poder.
Estamos viviendo días de incertidumbre, de protestas y movilizaciones sociales con liderazgos regionales y nacionales débiles y con agendas múltiples, difíciles de agrupar y consensuar en propuestas programáticas que nos ayuden a mirar a un país distinto con igualdad de oportunidades y justicia social. La pobreza y el desempleo obliga a muchos peruanos y peruanas a vivir en el día a día, siendo esta la principal preocupación, parece ser que corrupción y la delincuencia van ganado la partida, que el amiguismo, el pago de favores y la mediocridad es un requisito para gestionar las políticas públicas del gobierno.
Nos toca a la sociedad civil estar atentos para actuar y movilizarnos frente a cualquier iniciativa del Congreso y del ejecutivo que vaya en contra de las políticas públicas, como la igualdad de género, el fortalecimiento de la escuela pública, la atención de la salud y el respeto a los derechos humanos, debilitando más la frágil democracia que tenemos. A lideresas y líderes sociales y aquellos que buscan hacerse un espacio político como personas y partidos, les invocamos a construir una agenda común de corto y mediano plazo, que nos permita ver la luz y empezar a salir de la crisis política y no seguir cayendo más abajo.
[1] Informe. Perú: Racismo letal: Ejecuciones extrajudiciales y uso ilegítimo de la fuerza por los cuerpos de seguridad de Perú.
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Escribe: José Luis Carbajo, coordinador de TAREA en Ayacucho
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