Descentralización y continuidad de políticas educativas
Han pasado más de 15 años desde que se inició el proceso de la llamada “descentralización de la educación” en el Perú, por la cual se transfirieron competencias y recursos presupuestales a los gobiernos regionales y locales, bajo condiciones y limitaciones definidas en leyes y otras normas. Ahora el Ministerio de Educación (Minedu) ha anunciado la transferencia de los roles ejecutivos del sector a la región de Lima Metropolitana –gobernada por la alcaldía provincial–, que es la única que estaba pendiente.
El anuncio del Minedu, contenido oficialmente en el “Plan Anual de Transferencia de Competencias del Sector Educación a los Gobiernos Regionales y Locales del Año 2023” (Resolución Ministerial N°150-2023-MINEDU), ha provocado reacciones diversas en el sector: expectativas de algunos, preocupación y rechazo de otros. El interés es comprensible porque alrededor de un tercio de la matrícula escolar nacional se encuentra en Lima Metropolitana y pasará a depender de la Municipalidad Provincial, hoy liderada por un alcalde de ultraderecha, promotor de colegios privados.
Pero la transferencia anunciada es legal y responde al modelo de descentralización vigente desde el comienzo del siglo 21. Por eso, la preocupación por lo que podría hacer con la educación pública un gobierno metropolitano conservador y favorable a la privatización, debería focalizarse en ese modelo, que ha determinado la errática experiencia de gestión descentralizada en las otras regiones del país. El rechazo a la transferencia en el caso de Lima Metropolitana debe llevarnos a proponer y promover un nuevo modelo de descentralización, que asegure la continuidad de políticas de fortalecimiento y mejora de la educación pública.
La educación es un derecho humano universal y un bien público que depende de la aplicación continuada de políticas estables en períodos largos, para lograr sus objetivos de calidad con inclusión y equidad, eficiencia y eficacia. Por eso, la Ley General de Educación(LGE) prevé la existencia de un Proyecto Educativo Nacional (PEN) y Proyectos Educativos Regionales (PER) de largo plazo, construidos con amplia participación y considerados como pactos sociales y políticos, que deben ser respetados por sucesivos gobiernos.
Sin embargo, en la práctica la LGE, los PEN y los PER han cumplido una función limitada e intermitente como referentes estratégicos de largo plazo para las políticas y decisiones en la educación nacional y regional. El excesivo poder discrecional otorgado por el modelo de gestión vigente a los ministros y a los gobernadores regionales ha permitido subordinar los fines de la educación a los intereses políticos inmediatistas y particulares de las autoridades de turno. Peor aún, en algunos casos se han implementado iniciativas que contradicen las finalidades y principios de la LGE y de los Proyectos Educativos aprobados.
Además, la gran inestabilidad política y debilidad institucional de las últimas décadas también ha dificultado la continuidad. Desde 1995 hemos tenido 26 ministros de educación, y los gobiernos regionales se renuevan cada 4 años, lo que ha implicado cambios frecuentes en los equipos políticos, administrativos y técnicos, así como en las prioridades de gestión. Hemos observado cómo proyectos o programas exitosos o prometedores a nivel nacional o regional han sido abandonados o redefinidos por las nuevas autoridades de manera arbitraria, sin previa evaluación ni justificación.
Por ello, necesitamos una nueva estructura nacional y territorial de gestión de la educación que asegure la continuidad de planes y políticas de mediano y largo plazo, orientadas a lograr los propósitos del Proyecto Educativo Nacional. Una estructura descentralizada y participativa de gestión del sistema educativo que lo proteja de la discrecionalidad cambiante de las autoridades políticas, tanto en el nivel central como en las instancias de gobierno subnacionales. Ella debe ser independiente del Ministerio de Educación y de los gobiernos regionales, con una entidad nacional autónoma que conduzca el sistema educativo público en estrecha relación con las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) y las instituciones educativas, en función de metas para períodos de 10 o 15 años. El Minedu, por su parte, debe enfocarse en sus funciones de rectoría, habilitación, promoción, regulación, supervisión y evaluación.
En esa estructura será indispensable contar con verdaderas instituciones educativas completas y fortalecidas, de modo que efectivamente sean comunidades de aprendizaje y funcionen como “la primera y principal instancia de gestión del sistema educativo descentralizado”, de acuerdo con el mandato de la LGE. Para lograrlo, es indispensable “ordenar las instituciones educativas de gestión estatal bajo un enfoque territorial para superar su atomización y aislamiento (…) En particular, se debe buscar la consolidación de instituciones educativas que brinden servicios correspondientes a los tres niveles de la educación básica de modo integrado, incluso si sucediese en locales diferenciados, así como la colaboración entre instituciones educativas (bajo la forma de redes)” (PEN al 2036, p. 127).
Las instituciones educativas completas, fortalecidas e integradas en redes, podrán tener la autonomía que prescriben la LGE y el PEN. Con el respaldo pedagógico, administrativo y financiero de las UGEL y del organismo nacional autónomo de gestión del sistema, las IIEE podrán ajustar su labor a las necesidades de sus estudiantes, con participación de las familias y las comunidades, integradas a la red territorial intersectorial de servicios del Estado y alineadas con los planes y procesos de desarrollo local y regional de mediano y largo plazo. Esa será la verdadera descentralización democrática de la educación.
Escribe: Manuel Bello. Asesor del CIDE y Colegio José Antonio Encinas Franco
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