Nuevas amenazas al derecho a la educación de calidad
El acceso de niñas/os y adolescentes a la educación se ha ampliado significativamente, aun cuando a causa de la covid-29, muchas/os estudiantes han abandonado los estudios, especialmente mujeres que debieron hacerse cargo de las labores del hogar, ante la necesidad de madres y padres de salir a trabajar. Si bien se ha ganado en acceso, el desafío pendiente es mejorar la calidad. Surge la pregunta, entonces, ¿un proyecto de ley como el 904/2021-CR ayudaría en este sentido?
Este proyecto, que ya fue aprobado en la Comisión de Educación, según su autor, el congresista Esdras Medina de Renovación Popular, busca que madres y padres de familia contribuyan a la calidad de los contenidos educativos. Sin embargo, no ha convocado al Ministerio de Educación (Minedu), sí a la Coordinadora Nacional Profamilia, la Coordinadora por la Vida de Arequipa, la Asociación Origen, entre otras. El congresista es un rostro conocido del grupo conservador “Con mis hijos no te metas”.
Veamos, en primer lugar, los problemas concretos que representa llevar a la práctica esta propuesta:
Por un lado, se presentarían dificultades técnicas. Los textos son elaborados por técnicos de la educación del Minedu y consultados a la academia y a expertos. El Perú es un país complejo, y un gran problema es la diferencia educacional entre madres y padres, lo que llevaría a que, finalmente, sea un pequeño grupo el que decida, y no precisamente impulsado por motivos pedagógicos sino ideológicos.
En la práctica, la propuesta estaría despojando al Minedu de su capacidad de decidir, como señala la Defensoría del Pueblo, y se estaría implantando el “derecho de veto”, contrario a lo que dice la Constitución Política del Perú, “porque la imposición unilateral de la opinión de un sector de la ciudadanía sobre las decisiones de una autoridad no está amparada por nuestro marco jurídico…” (Comunicado n.° 05/DP/2022 del 31 de enero). Además, funcionaria/o que no atienda a cada uno de los comentarios de madres o padres sería sancionado, incluso con el despido.
Por otro lado, está el problema de cómo efectuar en la práctica esta consulta. Hay tantas asociaciones de padres de familia (APAFA) como instituciones educativas existen en el país. ¿Cómo se haría esta consulta? Serían, una vez más, las organizaciones que cumplan con todos los requisitos de inscripción y con el tiempo y el objetivo de influenciar en los contenidos educativos.
Esto nos lleva al verdadero sentido de este proyecto de ley: eliminar de los textos escolares el enfoque de género y la educación sexual integral. Hay que resaltar que es una estrategia que están desarrollando los sectores fundamentalistas, pues en distintos países se han planteado estas propuestas, aunque varíen en la forma de presentación.
El congresista Esdras acusa al Minedu de introducir “ideologías cuestionables”, y es claro que se refiere al enfoque de género, que no tiene otro objetivo que enseñar a niñas y niños, desde pequeños, que mujeres y hombres tienen los mismos derechos y, por consiguiente, la violencia de género contra las mujeres es una violación a su derecho a la dignidad, a la libertad, a vivir sin violencia, viola su derecho a la salud e integridad física. Propone una sociedad en que todas las personas gocen plenamente de sus derechos ciudadanos y a tener las mismas oportunidades de realización.
El argumento que sostienen grupos como “Con mis hijos no te metas” es que el enfoque de género busca la homosexualización de las personas. Con ello, se sigue viendo como algo inmoral una condición que se da en la persona humana, condenando de esa forma a que continúe la discriminación y agresión contra niñas, niños y adolescentes que viven esa condición.
Su otro objetivo es erradicar la educación sexual integral que es una necesidad urgente: el país vive problemas a los que hay que responder, uno es el embarazo adolescente y se propone enseñar a niñas y niños cómo proteger su cuerpo frente a las agresiones y a las y los adolescentes cómo asumir una sexualidad con responsabilidad. Están las cifras: se triplicó el número de niñas-madres menores de diez años (26 en 2020), de acuerdo al Certificado de Nacido Vivo (Ministerio de Salud), producto de la violación de agresores mayores de edad; si estas niñas hubieran sido informadas habrían tenido la oportunidad de avisar a un familiar más cercano del acoso o de la agresión, que hubiera posibilitado protegerlas y tomar las medidas indispensables.
Si el dictamen busca que madres y padres o las personas que desempeñen este rol tengan una mayor participación en el proceso educativo, por el carácter de la propuesta no estaría cumpliendo este fin; sino, al contrario, fortalecería la intervención de un sector que no tiene una visión laica y científica de la educación, aspectos que, en la década de 1870, demandaban mujeres como Mercedes Cabello. Al contrario, se estaría regresando a tiempos anteriores, cuando las ideologías religiosas, protectoras del patriarcado y de sus propios intereses, mantenían una educación que era privilegio de determinados grupos. Por ello, hay que oponerse a este proyecto que significa para el Perú retroceder todo lo avanzado con relación al derecho a la educación y al acceso a toda información que signifique bienestar y protección para niñas/os y adolescentes.
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