Desafíos de la emergencia del sistema educativo

En este artículo abordamos la emergencia de la educación peruana desde la perspectiva del cumplimiento del derecho a la educación, y el fortalecimiento de la educación pública, interrogándonos sobre algunos de los desafíos de la política pública y la sociedad, de cara a la formulación de Plan de Emergencia del Sistema Educativo Peruano.

La pandemia como hecho social global y la educación

La educación en su conjunto: escolar, superior y extraescolar, está inmersa en la situación derivada de la Declaración de Emergencia Nacional del 2020 y en la Emergencia Sanitaria para enfrentar la contención del Covid-19. Es una mega emergencia que moviliza a toda la sociedad. Como recordó Jorge Bruce (2021), siguiendo al sociólogo Marcel Mauss, “estamos ante un hecho social global” hecho que ponen en juego a la totalidad de la sociedad y sus instituciones. Ventura y otros (2020), analizando las configuraciones propias que adquirió la pandemia en los pueblos indígenas en Brasil, encuentran significativa esta caracterización sintética y global de Mauss e indica: “se trata de fenómenos (…) simultáneamente, jurídicos, económicos, religiosos, e incluso estéticos. (…) En ella se manifiesta un amplio abanico de dimensiones (economía, religión, legislación, moralidad, estética, ciencia), en articulaciones altamente complejas.”. A esto, no es difícil agregar que son también fenómenos de naturaleza educativa.

Siendo la pandemia de carácter mundial y de larga duración, trastoca la vida cotidiana en muchas formas, con grados de afectación diferentes según nivel socio-económico, condición de género, ámbito territorial, pertenencia étnico-cultural. Enunciamos muy someramente algunos efectos: en primer lugar, destacan las condiciones adversas para la educación, producto de la mayor pobreza, inseguridad, violencia, ansiedad en el confinamiento y brecha digital. En segundo lugar, se producen dinamismos distintos de solidaridad, así como nuevos aprendizajes y más oportunidades habilitadoras, en particular, para los que tienen buen acceso a la expandida digitalización en algunas actividades. Finalmente, nos está llevando a replantearnos los sentidos, visiones sobre la sociedad, su relación con la naturaleza, así como las condiciones éticas de convivencia.

Por lo señalado, es evidente la dimensión sustantivamente educativa de este proceso social que tiene a la pandemia como principal eje movilizador y, a la vez, como tal es un desafío cognitivo, siendo un acicate para la renovación de los sentidos de la educación, así como de las orientaciones pedagógicas.

La educación en emergencia y la garantía del derecho a la educación

Todos los sujetos de la educación, la cultura, los deportes y otras actividades sociales presenciales son incorporados al confinamiento para contener los contagios. Correspondió al Ministerio de Educación (Minedu), la más radical de las medidas: suspender las actividades presenciales y rápidamente emprender la educación a distancia para garantizar la continuidad en la provisión del servicio educativo formal, como bien público que el Estado está en la obligación de proveer.

La política principal, asegurar la continuidad educativa

La educación formal se adecuo prontamente con profusas acciones del Minedu, direcciones regionales de educación (DRE), unidades de gestión educativa local (UGEL), escuelas, estudiantes, docentes y padres. El Estado, en general y a la educación se le suspendió, en forma “temporal y excepcional”, de las reglas fiscales, aumentando, asimismo, el déficit público. La provisión de un servicio a distancia multiplataforma, con el programa Aprendo en Casa, ha sido el programa más importante para cumplir la política educativa principal de la continuidad educativa escolar el 2020 y lo sigue siendo en el segundo semestre del 2021.

En el 2020, en relación a este objetivo principal, se pueden identificar tres campos de políticas: i) Garantizar la continuidad en la educación escolar, principalmente en la modalidad a distancia. ii). Revaloración de la educación pública para garantizar el derecho a la educación y iii) El diseño de una política educativa global, en la aprobación del nuevo Proyecto Educativo Nacional al 2036, y en el diseño de propuestas de mediano plazo en educación, como parte del Pacto Perú propuesto por el Foro del Acuerdo Nacional, cuya aprobación no supero la crónica debilidad vinculante de los acuerdos nacionales.

La declaración de emergencia y el encargo de formular el Plan de emergencia educativa

Casi año y medio después de la Emergencia Nacional, el 19 de agosto, el nuevo Gobierno Nacional ha decidido declarar en emergencia del Sistema Educativo Peruano debido a los efectos negativos producidos en la educación, como consecuencia del Covid-19 y las medidas sanitarias asociadas. La Declaratoria encarga al Minedu la aprobación de un Plan de Emergencia (en adelante Plan) que precise las medidas a adoptar en un período, en verdad muy estrecho, definido entre el segundo semestre del año 2021 y en el primer semestre del año 2022.

Sustento de la emergencia: garantizar el ejercicio del derecho a la educación

Las medidas de emergencia acentúan el escenario adverso para el derecho a la educación. Esta adversidad tiene dos expresiones: la más radical, la pérdida del acceso y la más masiva, la baja calidad de la formación integral y de los aprendizajes. En este contexto, la declaratoria de emergencia se sustenta en dos aspectos globales presentes en los considerandos del Decreto Supremo que declara la emergencia en educación:

– Primero, el Estado tiene que “garantizar el ejercicio del derecho a una educación integral y de calidad”.

– Segundo, partiendo de los efectos “negativos generados” por el Covid-19 se propone “Consolidar y lograr los aprendizajes”, atendiendo la situación emocional y el riesgo de abandono de estudios, así mismo, asume la necesidad de fortalecer la labor docente y reducir la brecha de conectividad que limita el acceso la educación.

A partir de ello, la política educativa del gobierno pasa a tener en el Plan de emergencia buena parte de las políticas y medidas de corto plazo.

Objetivo del Plan de emergencia educativa

Siguiendo los motivos de la emergencia educativa el objetivo del Plan se centró en el más extendido problema educativo: la baja calidad de la educación. Se propone consolidar y lograr aprendizajes, atendiendo a la diversidad de los territorios, cerrando brechas y dando respuesta desde la educación a la emergencia sanitaria de la Covid-19 y evitando, asimismo, la regresión en el derecho a la formación integral.

Ejes para cumplir el objetivo

Se plantean 6 ejes: 1) Recuperación y consolidación de aprendizajes y retorno a la presencialidad. 2) Desarrollo profesional docente. 3) Innovación tecnológica y competitividad educativa. 4) Educación superior. 5) Atención a poblaciones en mayores desventajas y 6) Descentralización.

Desafíos del Plan de Emergencia del Sistema Educativo Peruano

En el corto plazo que tiene el Minedu para la formulación del Plan, se presentan diversos desafíos de los cuales resaltamos los siguientes:

• Articulación del Plan con las diferentes áreas y niveles de política, en el marco del Proyecto Educativo Nacional al 2036

Es necesario articular los ejes planteados con los avances previos de política de corto plazo como el BRAE 2020-2021 (RVN N° 245-2021-Minedu) y la orientación de Aprendo en Casa, Aprendo en escuela y Aprendo en comunidad (RVM N° 211-2021-Minedu). Asimismo, siendo sustantivos estos 6 ejes, no agotan el corto plazo del Minedu, en el cual también están otras medidas como, por ejemplo, el Reglamento de Organización y Funciones (ROF), los ascensos de nivel, los nombramientos de contratados o la producción de materiales educativos, entre otros. Es necesario, por tanto, articular el Plan con esas otras acciones, para que hagan sinergia.

Por otro lado, es indispensable, articular el Plan con las políticas de largo plazo, orientándose a resolver los problemas estructurales del sistema educativo. El Proyecto Educativo Nacional (PEN) al 2036, ya tiene vigencia legal, siendo necesario reforzar sus vínculos con la actual emergencia. Un nexo clave a resaltar es el de la revalorización de la educación pública, ligeramente puesta de manifiesto en el contexto de la pandemia. El PEN al 36 señala que es uno de los pivotes de la superación de la segregación educativa, es la educación estatal gratuita. A su vez, otro problema a enfrentar en esta articulación de políticas es que el Minedu no tiene el Plan de Mediano Plazo (PESEM) actualizado que facilite la navegación ordenada desde lo más específico de la emergencia con metas y estrategias de más largo plazo enfrentando las estructuras reproductoras de desigualdades.

• Conducción y gestión unificada y descentralizada del Plan

El encargo de formular el Plan plantea el asunto de quienes estarán involucrados para llevarlo a buen puerto. Estamos frente a la oportunidad de concretar la voluntad política nacional, asumiendo su carácter intersectorial e intergubernamental. Es necesario activar las instancias intergubernamentales e intersectoriales ya existentes. Con ello, conjugar la voluntad y el Plan Nacional y la diversificación de planes territoriales. La diversidad de los territorios nos muestra, que donde hay mayores exclusiones, se cuenta con menos capacidades y recursos para resolver las necesidades específicas para garantizar este derecho.

Asimismo, es necesario involucrar a los órganos de participación de las escuelas, los órganos del nivel local y del nivel regional, con los existente en el nivel nacional como el “Directorio de Alta Dirección” con Gerentes de Desarrollo Social y Directores de Educación regionales.

Por otro lado, es necesario fortalecer la participación de la sociedad civil en la que existen multitud de organizaciones involucradas, así como instancias de coordinación con el Estado. Resulta de especial interés la coordinación con las organizaciones de niños, niñas y adolescentes. Un total de 30 de estas organizaciones han solicitado crear una Comisión Especial Multipartidaria de Protección de la Infancia en el contexto de emergencia, con el fin de monitorear las políticas, programas y servicios destinados a la protección de sus derechos. Finalmente, es indispensable fortalecer las alianzas en el Congreso de la República, pues algunas medidas importantes suponen su aprobación.

• La recuperación y consolidación de los aprendizajes y el retorno a las aulas

El desarrollo de la principal política educativa, consistente en asegurar la continuidad educativa, en las actuales circunstancias implica combinar, las mejoras en Aprendo en Casa, la ampliación de la conectividad e impulsar la imprescindible presencialidad, partiendo de la expansión de la semipresencialidad.

Se impone expandir la semipresencialidad este semestre, pues si bien se cuenta, en cifras actualizadas del Minedu, a la última semana de agosto, indicando que hay 68,127 escuelas habilitadas en el área rural y también urbana, solo 5,683, (330 más que la semana anterior) ofrecen el servicio semipresencial.

Asimismo, en la recuperación y consolidación de los aprendizajes, es necesario darle la adecuada centralidad a las diversas experiencias y desafíos planteados en el contexto de la pandemia. En los grupos y los horarios posibles, podría ponerse como tarea intercambiar sobre las experiencias y aprendizajes logrados en y sobre la pandemia y los acontecimientos desarrollados. En cada área curricular se han puesto en dialogo los contenidos aprendidos en la experiencia en familia, en la comunidad, en los medios de comunicación con los propuestos por el currículo, siendo clave el componente emocional y la escucha sobre la experiencia vivida. Bien decía J.A. Encinas (1932) “Las materias no deben ser reunidas para responder a una artificial división administrativa de la escuela: han de girar en torno de problemas relacionados con la vida social.” En la situación actual, el conocimiento del Covid-19, el cuidado, la vacunación, entre otros, son importantes movilizadores de los aprendizajes.

• El desafío del acceso

La problemática más grave, aunque no la más extendida, es la falta de acceso. La pandemia agudizo las dificultades de acceso al servicio educativo. Es urgente precisar el diagnóstico de los retiros y la exclusión (la mal llamada deserción) escolares para fijar las metas de la emergencia.

Podemos identificar las siguientes situaciones de falta de acceso que es necesario atender: 1) Los déficits de cobertura que persistían con anterioridad a la pandemia. 2) Los procesos de retiro y exclusión en el 2020 y 2021 y 3) Los que han dejado la educación privada y deberán ser incorporados en la pública (fueron 110,000 el 2020 y podría ser más el 2021). Asimismo, es necesario considerar a niñas, niños y adolescentes en extra edad, entre los 9 y 13 años (aproximadamente 125,000), que desde el año 2012, por disposiciones reglamentarias, fueron excluidos de la EBA y solo pueden ingresar a la modalidad al cumplir 14 años.

• Profundizar la descentralización del sistema educativo

La emergencia educativa, se ha señalado, tiene políticas nacionales y desarrollos específicos en los territorios, tanto para atender las diversas características territoriales de la emergencia, como para realizar transformaciones sostenibles. El que esta estrategia acompañe la implementación del Plan tiene una importancia particular, ya que frecuentemente las emergencias tienden a reforzar al Estado Central, en desmedro de la toma de decisiones descentralizadas y cooperación. En esa dirección es sustantiva la apuesta por la descentralización reiterada por el presidente Pedro Castillo. Se ha dialogado con los gobiernos regionales y locales y se ha planteado trasferir unidades ejecutoras de presupuesto que duplican funciones, haciéndose referencia en educación a los casos del PRONIED, del programa Cuna Más y su retorno a las UGEL.

En esta dirección, un desafío específico a resaltar, es la recentralización que se dio por las intervenciones pedagógicas que realiza el Minedu en el ámbito de los gobiernos regionales. Por ejemplo, el Minedu contrata directamente personal que trabaja en las regiones como en los casos de las escuelas de Jornada Escolar Completa, de la enseñanza de inglés, en Educación Física, así como en Centros Rurales de Formación en Alternancia y en acompañamiento pedagógico.

Referencias bibliográficas
Acuerdo Nacional. Consensos por el Perú. Entrega de los resultados del Acuerdos del Pacto Perú.2020.
BRUCE, Jorge. Exhaustos. La Republica 19 de julio, 2021.
DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Retos para mejorar la educación a distancia y cautelar el regreso gradual a las clases presenciales. Serie de Informes Especiales Nº 034-2020-DP.
ENCINAS, José Antonio (1932). Un Ensayo de Escuela Nueva en el Perú. Lima- Minerva.
VENTURA SANTOS, Ricardo; Ana Lucia PONTES y Carlos E. A. COIMBRA Jr. (2020) Un “hecho social total”: Covid-19 y pueblos indígenas en Brasil. Revista Scielo Brasil. Caderrnos de Saúde Pública 36.
https://www.scielo.br/j/csp/a/qxqxzwVDGCwT8pTtvCRf5fx/?format=pdf&lang=es
Escribe: Manuel Iguiñiz E.
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