Las políticas educativas en el marco del bicentenario
La historia republicana estuvo marcada durante el primer siglo de la República por una tensión respecto a si todos los peruanos tenían derecho a educación, con polémicas sobre “el problema de los indios”, tendencias reivindicativas y de innovación como las del movimiento indigenista liderado, en educación por José Antonio Encinas.
Es recién en la década de los 60, y más por movilización de la población que por una decisión del Estado que se reconoce el derecho universal a una educación pública gratuita, mientras que la mayoría de países de América Latina lo hicieron a inicios del siglo XX. Así, a partir de los años 60 se produce una expansión de la matrícula educativa la que ha llevado a que, en la actualidad, en términos de cobertura educativa el Perú esté entre los más adelantados de la región.
Esta expansión de la educación básica tiene como hitos a la Reforma Educativa del gobierno militar de Juan Velasco Alvarado que bajo el lema de “un hombre nuevo para una sociedad nueva” planteó una serie de cambios de vanguardia que aún hoy tienen una huella significativa en la educación peruana. La década de los 90 estuvo marcada por un retroceso en el reconocimiento universal al derecho a la educación con políticas, originadas en la Constitución del 93 que reduce el rol del Estado y abre un espacio a la inversión privada con fines de lucro que crecientemente ocupó el espacio de lo público en educación.
El inicio del siglo XXI, marcado por la transición democrática marcó una nueva etapa que se plasma en la Ley General de Educación del año 2004 y el Proyecto Educativo Nacional al 2021 del año 2007. Se empiezan a implementar rutas de continuidad educativa orientadas al logro de aprendizajes, el desarrollo profesional docente, la modernización y descentralización de la educación.
El proceso que hemos descrito permitió avances en varios aspectos, pero dejó una gran deuda: la desigualdad educativa. Aunque la educación rural y de pueblos indígenas mejoró y ha tenido políticas que la han respaldado y priorizado, las brechas con la educación urbana no lograron disminuir. La segmentación entre educación pública y privada también se ha mantenido, marcando trayectorias de éxito educativo diferenciados según el nivel económico de una familia.
El proyecto Educativo Nacional 2036 es una política pública concertada aprobada, en este contexto ¿de qué manera se puede garantizar su implementación en un país marcado por la inequidad, la desigualdad, la exclusión y la violencia?
El desafío hacia adelante, enmarcado en el Proyecto Educativo Nacional al 2036 y atravesado por la crisis educativa post pandemia, es el de constituir un sistema público de educación que permita que toda persona, independientemente del lugar en el que viva o de su origen económico, racial, de sexo o religión reciba una educación equivalente. Ello no significa que esta sea una educación homogénea, por el contrario, fortaleciendo la autonomía de las instituciones educativas en un contexto de mayor capacidad de decisión de los territorios para responder a la variedad de contextos del país se trata de diversificar las respuestas educativas, involucrando, además, a la familia, la comunidad y haciendo uso del potencial de los entornos digitales que hoy forman parte constitutiva del derecho a la educación.
Este sistema público renovado y diversificado requiere de una creciente inversión en educación, desde un cálculo del gasto por alumno y una gestión orientada a resultados lo que obliga a un pacto tributario que permita incrementar la inversión en educación. El primer paso debe darse en la educación rural, que será el principal mandato del gobierno del presidente Pedro Castillo. Sus resultados se medirán en la mejora que ocurra en los estudiantes del ámbito rural y de sus docentes.
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¿Qué implica formar en ciudadanía desde la escuela? ¿Cómo formar
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Escribe: José Martín Vegas Torres
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