La lucha contra la corrupción como educación
Es frecuente recordar que la educación se realiza a lo largo de la vida en diversos espacios y situaciones. Sin embargo, la práctica educativa tiende a identificarse con la educación formal y, en menor medida, con la comunitaria, con lo que resulta difuso el aprendizaje informal, experiencial.
Los significados formativos de los procesos sociales y políticos son más difíciles de identificar y seguir, no obstante que están normados. Según la Ley General de Educación (LGE), la sociedad tiene una función educadora. Por una parte, “se convierte en sociedad educadora al desarrollar la cultura y los valores democráticos” (artículo 22). Por otra, le corresponde, entre otras cosas, “promover la creación de un entorno social favorable al aprendizaje y cuidado de sus miembros, desarrollando una cultura de responsabilidad y vigilancia ciudadana que garantice la calidad educativa y la ética pública”. Según el comportamiento de los actores, la sociedad puede devenir educadora en tanto estimule la formación de los ciudadanos.
El Proyecto Educativo Nacional al 2021 (PEN al 2021) parte de criticar la realidad del país y postular transformaciones con la mirada del desarrollo humano como un “proceso de expansión de capacidades y derechos, dentro de un marco de igualdad de oportunidades, en el cual todos pueden progresar en libertad”.
Escogemos del PEN al 2021 (p. 27) una de las maneras sintéticas de ver los cambios en el país. Dice: “El Estado debe cambiar su acercamiento a los ciudadanos y desterrar prácticas centralistas, el desigual tratamiento jurídico a la población, las decisiones opacas e inequitativas del gasto público y otros usos de vieja data que han terminado por dibujar una sociedad de grandes privilegios y grandes exclusiones”.
Se mantiene vigente en el actual contexto político la clara comprensión del aprendizaje experiencial:
Se suele perder de vista que la acción de los municipios, empresas, partidos políticos, de las mismas familias y los medios de comunicación son lugares de aprendizaje que, de converger en propósitos comunes, podrían llegar a constituir una Sociedad Educadora.
Señalar las responsabilidades educativas de la sociedad remite a una tendencia mundial por asumir el espacio público y las diversas relaciones sociales que allí se producen como modelos de formación democrática. (PEN al 2021, p. 129)
La corrupción y la lucha en su contra atraviesan la política en los más altos niveles del gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos municipales; repercuten en la cultura, la educación ciudadana, la comunicación social.
La realidad de la educación peruana demanda preguntarse por el sexto Objetivo Estratégico del PEN al 2021: “Una sociedad que educa a sus ciudadanos y los compromete con su comunidad”.
De ahí que sea preciso ir más allá: ¿qué de lo educativo, en el sentido que le asigna el PEN al 2021, tiene la situación actual del país?; ¿podremos superar de forma significativa el desafecto con la democracia peruana?
La lucha ampliada contra la corrupción y Lava Jato
La continuidad y ampliación de la lucha contra la corrupción, ligada sobre todo a Lava Jato, se va asentando en nuestras instituciones de justicia y el periodismo. Así, la investigación sobre la megacorrupción perpetrada por las empresas brasileñas deja de ser sobre todo reactiva a los destapes del periodismo de investigación, en especial de IDL Reporteros.
Esa corrupción nos duele cuando se reproduce a gran escala en un periodo democrático e involucra a gobiernos nacionales, regionales y locales elegidos libremente. Para quienes encabezan esos gobiernos, la política se concentra en artilugios para evitar la prisión. Su relativo fracaso se grafica en dos hitos: la detención preliminar de Keiko Fujimori y el pedido de asilo “político” de Alan García. Las movilizaciones callejeras, aunque no multitudinarias, han tenido el valor de resaltar el rechazo a la corrupción, la prepotencia y también la violencia contra la mujer. El amplio interés y reconocimiento de la actuación de algunos fiscales y jueces ha expresado un enganche comunicacional impresionante. Fueron muchos los que se interesaron en el proceso a Keiko Fujimori y su organización criminal. La popularidad de ciertos jueces y fiscales ha ascendido al ritmo de los allanamientos, investigaciones, detenciones preliminares e impedimentos de salida del país de investigados, personas importantes de la política, la judicatura y las constructoras consorciadas.
Muchos se ilusionan y podemos encontrar reacciones esperanzadoras. Dice Gonzalo Portocarrero:
[…] lo peor que nos deja García es haberse convertido en un modelo exitoso de sinvergüenza, en un ejemplo inspirador para miles –sino millones– de peruanos. […] Pero lo ocurrido en las elecciones del 2016 hace vislumbrar entre nosotros aprendizajes que para muchos han resultado inesperados. Me refiero al hartazgo con la corrupción como modo de gobernabilidad y al anhelo de contar con políticos honrados que puedan ser mucho más eficaces, aun con menos recursos […]. Su caída representaría un evento auspicioso para el Perú.[1]
A su turno, Claudia Cisneros[2] ve que está pasando algo que es “inspirador y alentador en varios sentidos: cívico, moral, institucional y jurisprudencial. Ante nuestros ojos se despliega lo que podría ser el inicio de una etapa de resane de los tejidos políticos, judiciales y sociales infectados por la corrupción”. También expresa expectativas Rocío Silva Santisteban:
No es fácil luchar contra un mal endémico, enquistado como un cáncer, carcomiendo desde lo más profundo las instituciones y nuestras esperanzas. Pero gracias a algunos jueces y fiscales, hombres y mujeres que realmente creen en la justicia, y a varios periodistas que se afanan en la investigación en serio, estamos siendo testigos y actores de un cambio. Un poderoso cambio.[3]
Hay historia por hacer, aun en circunstancias restringidas; parafraseando a Freire, si el futuro está dado, no hay lugar para la educación.
Como no podía ser de otra forma, la resistencia a los avances de la justicia provoca la reacción embozada y también la descarada. Sobre la primera comenta acertadamente Saúl Peña:
No se puede practicar una pseudo bondad que, en el fondo, sería la perpetuación de arreglos y acomodos vergonzosos. Es decir, permitir la impunidad y el olvido bajo el pretexto de la “unión de los peruanos” perpetuaría lo previo. Hay que utilizar pues todos los “antibióticos psíquicos y cívicos” para curar esta complicidad con la corruptela y el peligro de su adicción.[4]
Destaca el negacionismo ultraconservador contrario a una lucha contra la corrupción, postulando una supuesta persecución y judicialización de la política y de la empresa privada. El rechazo al compromiso del presidente Vizcarra en la lucha contra la corrupción está en su mira.
La situación del país da razones para abrigar esperanza en una mayor justicia. Tomar en serio las expectativas surgidas en amplios sectores de la ciudadanía nos demanda un involucramiento masivo por otra democracia: pasar de buscar día a día el espectáculo de revelaciones de lo oprobioso a la actividad en las iniciativas políticas, sociales y artísticas que construyan propósitos comunes, impulsen cambios estructurales de radicalización de la democracia, actualizando creativamente las promesas de la transición democrática.
[1] Portocarrero, Gonzalo. ¿Caída de García? El Comercio, Lima, 22.11.2018.
[2] Cisneros, Claudia. Perú: una revolución está sucediendo. La República, Lima, 25.11.2018.
[3] Silva Santisteban, Rocío. Lucha contra la corrupción desde afuera. La República, Lima, 13 .11.2018.
[4] Peña, Saúl. Una patología mental, social, ética y política. El Dominical de El Comercio, Lima, 13.11.2018.
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Escribe: Manuel Iguiñiz, asociado de Tarea y Foro Educativo. Docente en la UARM
