Política de atención educativa para la población del ámbito rural. Una apuesta urgente y necesaria
No
son pocos los avances en mejora de la educación para ámbitos rurales en los últimos años. Son sin duda insuficientes y, probablemente, desarticulados entre sí, pero eso no hace menos cierto que se hayan desarrollado o mejorado líneas de intervención pensadas para la educación rural. Por poner algunos ejemplos, la re orientación del acompañamiento pedagógico a docentes rurales, sostenida en la convicción de que era para esos docentes que dicha estrategia formativa tenía sentido; el desarrollo de la política de Educación Intercultural Bilingüe (EIB) en sus distintos componentes (docente, materiales, vínculo con las familias y las comunidades), siendo que un porcentaje significativo de sus beneficiarios vive en ámbitos rurales; la ampliación de matrícula en el nivel inicial a través de la ampliación de algunos programas y de la inversión en infraestructura; el ordenamiento de algunas formas de atención para la secundaria rural dispersa a través del establecimiento de modelos de servicios y de lineamientos para dichos modelos; la implementación de mejoras para la modernización de las unidades de gestión educativa local (UGEL) rurales, etc.
Estas líneas, a veces organizadas en intervenciones focalizadas, en estrategias más generales o incluso en algunos programas del sector educación, además de muchas otras iniciativas de organizaciones de sociedad civil, cooperación internacional o sector privado, han intentado resolver problemas complejos, estructurales, históricos, que afectan la calidad, equidad y pertinencia de la educación rural. No obstante estos avances (que se evidencian, por ejemplo, en mejoras progresivas —aunque aún lentas— en los logros obtenidos por los estudiantes de Primaria en pruebas censales), lo cierto es que como país no hemos logrado formular una política educativa integral para la población de ámbitos rurales. Queda claro que al plantear la exigencia de una política educativa integral, sabemos que será una que demandará transformaciones al conjunto del sistema y que incluso irá más allá de lo estrictamente educativo, exigiendo de otros sectores del estado y de otros actores sociales, actuaciones decididas, priorizadas en programas, planes y sus consecuentes presupuestos, sostenibles y que vayan demostrando efectividad.
A lo largo del 2017 y por iniciativa del Ministerio de Educación (Minedu), la Dirección de Servicios Educativos Rurales (Diser) fue comisionada como Secretaría Técnica de una Comisión Sectorial a la que se encargó construir tal política. El equipo del Minedu abrió las puertas a la colaboración de otros actores que desde sociedad civil participaron del diseño y conducción de un proceso de construcción participativa de una política que parte de un claro enfoque de derechos, equidad y cierre de brechas y que tiene una perspectiva de desarrollo humano, cuyo objetivo final es garantizar para todos los ciudadanos, iguales oportunidades, concentrando esfuerzos allí donde una mayor vulnerabilidad pone en riesgo a los sujetos.
Los avances, construidos en grupos de trabajo conformados por representantes de prácticamente todas las direcciones y oficinas del Minedu (quien portan los saberes de sus experiencias previas, muchas de ellas en largas trayectorias y recorridos personales y profesionales por la educación rural peruana), fueron puestos a discusión con otros múltiples y diversos actores e instituciones: representantes de organizaciones de sociedad civil que trabajan en ámbitos rurales –tanto en educación como en proyectos de desarrollo, sociales, productivos, etc., representantes de otros sectores del estado como el Ministerio de Salud (Minsa), (Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Ministerio de Cultura (Mincul), representantes de las Direcciones Regionales de Educación y UGEL del país, instituciones como el Consejo Nacional de Educación y la Defensoría del Pueblo, directores, docentes, madres y padres de familia y estudiantes de escuelas ubicadas en distritos eminentemente rurales en regiones como Ayacucho, Huancavelica, Loreto y Ucayali, docentes y estudiantes de institutos de formación docente, expertos en ruralidades, desarrollo rural y educación rural, etc.
Todas estas oportunidades de deliberación sobre los avances de la política, sus retos, sus riesgos y sus ausencias, permitieron ir afinando una propuesta que si bien es perfectible y aun debe y puede mejorarse, evidenciará sus bondades en su progresiva pero decidida implementación. Y es allí entonces donde debemos dirigir la mirada y la exigencia: una política de atención educativa para la población de ámbitos rurales es impostergable. El avance en la propuesta existe. Se debe difundir y debatir más ampliamente, pero con el norte de aprobarla e iniciar su implementación.
Tres elementos centrales de esta propuesta, que expresan sus mayores apuestas y sus desafíos: lo rural ha cambiado sustantivamente en las últimas décadas y sigue cambiando, por tanto la política parte de un presupuesto de necesaria flexibilidad, evita la concepción binaria urbano-rural, adopta un sentido del continuo de la ruralidad y reconoce la necesidad de partir de un enfoque territorial; la apuesta está colocada en los sujetos, busca responder a sus necesidades, demandas y aspiraciones, así como poner en valor sus potencialidades y apunta al logro de sus competencias y a su desarrollo integral y pleno a lo largo del ciclo de vida, por tanto la política se pregunta qué necesitan recibir los sujetos para alcanzar dichos resultados y define los servicios que el Estado ha de brindar para lograrlo (nota no menor: en tanto se trata de asegurar las competencias básicas de todo ciudadano, esta política piensa tanto en quienes están en edad normativa dentro del sistema, como en aquellos que no están o quienes están más allá de la edad normativa y no completaron los niveles o no alcanzaron los logros esperados); en tanto se reconoce la necesidad de una atención integral (que procure el bienestar de los sujetos de la política, partiendo de sus necesidades y derechos), se evidencia que esto transciende lo educativo y requiere de articulación intersectorial e intergubernamental, por tanto esta política declara que cuestiones como la alimentación, salud, prevención de violencia en sus distintas manifestaciones, transporte escolar donde se requiera, vivienda docente y otras mejoras a sus condiciones de vida y trabajo, son servicios constitutivos que el Estado deberá garantizar.
Podemos discutir cómo lograr estas apuestas, cuándo (reconociendo que la implementación habrá de ser gradual y progresiva), usando qué recursos (que no serán pocos y habrá que pelearlos), etc., pero no debemos dejar pasar la oportunidad, como país, de apostar por una política integral que aunque exigente y retadora, nos está expresando con decisión y evidencia, que la deuda histórica con las poblaciones de ámbitos rurales no puede soslayarse ni atenderse de modo parcial y fragmentado. La política de atención educativa para la población de ámbitos rurales es una apuesta urgente y necesaria.
Escribe: Verónica Villarán, coordinadora del Componente Participación y Vigilancia del Proyecto FORGE
