¿Qué significa la demanda en contra del MINEDU por incluir la igualdad de género en el nuevo currículo nacional?
Como es por todos conocidos, en febrero de este año, una asociación de padres de familia autodenominados “Padres en Acción” presentó una insólita demanda contra el Ministerio de Educación (Minedu) ante el Poder Judicial para abrir un proceso de acción popular constitucional con el fin de detener la implementación del nuevo currículo y eliminar la palabra “género” de él. Se acusa al Minedu de haber incluido el término “género” en el currículo sin haber consultado a padres de familia y entidades privadas que ofrecen servicios educativos.
Con su demanda, “Padres en Acción” hace evidente su total desconocimiento de una copiosa base legal nacional e internacional que hace mucho incluye el enfoque de género en todo tipo de relaciones humanas. La equidad de género está presente en el Reglamento de la Educación Básica Regular (EBR) (Art.5º) de la Ley General de Educación (2003); se reconoce como principio en la Ley de Igualdad de Oportunidades (2007), en el Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021 y el Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-2017[1].
Asimismo, desconocen instrumentos jurídicos internacionales como la Convención contra la Violencia contra las Mujeres, la Convención para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia contra la Mujer y la Convención de los Derechos del Niño, que tienen rango constitucional en nuestro país, pues apuntan a luchar contra todo tipo de discriminación y violencia expresada de múltiples formas en Perú y en el mundo. Una de ellas es la violencia por género, concepto que reconoce otras identificaciones sexuales como el de las personas LGBTIQ, además de las tradicionalmente reconocidas como hombre y mujer. Es este concepto —no simple “término”— lo que grupos conservadores como Padres en Acción rechazan fuertemente, sin mayor reflexión sobre la actitud altamente discriminatoria que ese rechazo conlleva: la negación de derechos a un grupo de personas por su orientación sexual.
La demanda ante el Poder Judicial fue, desde su inicio, acompañada de una campaña nacional con el lema «No te metas con mis hijos” en diferentes medios de comunicación, así como visitas a las escuelas estatales en los distritos populares presentando sus equivocadas interpretaciones de lo que pretende el currículo al incluir la equidad e igualdad de género, como el que les van a enseñar a ser maricas o lesbianas.
Las falsedades de esa nociva campaña se pueden combatir con argumentos sólidos que se desprenden del enfoque de derechos presente en todo el currículo. Esto le ha valido al Minedu el apoyo y defensa de las Naciones Unidas y de organizaciones civiles nacionales e internacionales, como la Campaña Peruana por el Derecho a la Educación y la Campaña Mundial por la Educación. Citamos solo dos de los rasgos del perfil del estudiante egresado de EBR que se espera con la implementación del currículo:
“Asume la interculturalidad, la equidad de género y la inclusión como formas de convivencia para un enriquecimiento y aprendizaje mutuo».
“El estudiante comprende la trascendencia que tiene la dimensión espiritual y religiosa en la vida moral, cultural y social de las personas. Esto le permite reflexionar sobre el sentido de su vida, el compromiso ético y existencial en la construcción de un mundo más justo, solidario y fraterno”.
De otro lado, el Estado peruano se ha comprometido a implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) adoptado por las Naciones Unidas en 2015. El ODS 4 es lograr una educación de calidad, inclusiva y equitativa; el ODS 5 apunta a lograr la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas.
¿Pedirán los Padres en Acción que no se cumplan estos y otros compromisos del Perú porque reconocen la equidad e igualdad de género? A ellos y grupos conservadores como Padres en Acción y sus seguidores —al parecer— solo les molesta que se incluya “género”, esto es, quieren reconocer solo a hombre y mujer como personas, sin reflexionar que sus acciones —como la demanda y la campaña mencionada— refuerzan comportamientos discriminatorios, propios de una sociedad injusta, nada solidaria ni fraterna.
Con certeza las posiciones conservadoras también existen al interior del magisterio y en todos los sectores de nuestra sociedad, pero encuestas serias como las de Ipsos Apoyo encontraron que el 94 % de peruanos están de acuerdo con la promoción de la igualdad de género en las escuelas.
Lo que ha hecho falta hasta el momento, es la voz de los docentes que niegue las falsedades de esa nociva campaña, con fundamentos enraizados en los principios de la educación peruana que ellos intentan plasmar en sus aulas. Es posible que su silencio (o quizás voz baja no difundida) se debe a no sentir que tienen la preparación suficiente para enfrentar los largos discursos en alta voz de quienes han demandado al Minedu. Los docentes de escuelas estatales, especialmente en zonas vulnerables, saben lo que es violencia de género y cómo está en la base del preocupante porcentaje de embarazos adolescentes, violencia que se combate educando a hombres y mujeres en el respeto por el otro en el marco de una educación sexual integrada que debería darse en la escuela, pero para lo que no se los prepara. El silencio del magisterio expresa la necesidad urgente de una formación inicial docente en el que se concreten los principios impregnados en el nuevo currículo.
Sin maestros que en su desempeño docente propicien experiencias a través de las cuales se viva la interculturalidad, la igualdad de género, la conciencia ambiental, el comportamiento democrático, y se conozca cómo está su entorno y el propio país con relación a esos principios, no se cumplirán los ODS en general ni se logrará el perfil de ser humano que aspiramos formar con el nuevo currículo nacional.
Escribe: Madeleine Zuñiga Coordinadora de la Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE)
