Formación ciudadana a lo largo de la vida ¿por qué y para qué?
Las protestas, con distintos matices políticos, y la violencia desmedida del Estado como respuesta, han teñido de sangre el país, principalmente las regiones del sur andino donde perdieron la vida ciudadanas y ciudadanos, muchos de ellos/as jóvenes, que pertenecen a hogares humildes, tras ejercer su derecho a la protesta, a manifestarse en contra del gobierno y del congreso.
Lo vivido las últimas semanas nos recuerda la historia del conflicto armado de las décadas de 1980-2000, período en que según la Comisión de la Verdad y Reconciliación fallecieron 70,000 personas: el 56 % campesinos, 75 % quechua-hablantes y el 68 % pobres. Los muertos de entonces y de hoy tienen rostros de peruanos y peruanas, que por muchos años han sido discriminados, impidiéndoles ejercer su ciudadanía por un Estado cuya responsabilidad es garantizar todos los derechos a sus ciudadanos y ciudadanas, y una sociedad que los toma en cuenta sólo cuando se hacen visibles sus protestas. Esta situación, se reproduce con distintos sectores de la población, con lo cual aprendemos que hacer realidad los derechos que nos corresponden sólo es posible mediante la protesta, muchas veces con actos violentos en el afán de ser visibilizados, con las consecuencias negativas que generan las prácticas violentistas, no sólo materiales y físicas sino en el entramado social nacional, pues se agudizan las contradicciones, las desigualdades, la discriminación y el descontento generalizado.
En tal sentido, hemos visto con asombro cómo se ha buscado restar importancia a la actual protesta, responsabilizado de las movilizaciones a líderes bolivianos, grupos terroristas, a los mineros ilegales y el narcotráfico. De esta manera se pone en duda la capacidad de agencia de las comunidades para tomar iniciativa como venir a Lima, lo cual refuerza un estereotipo respecto a esta población, en un país de más de 70 % de economía informal y de autoempleo que más bien muestra lo contrario.
Quienes hoy ostentan el poder y los medios de comunicación que los representan, comparten una postura negacionista frente a las protestas y el descontento popular. Sin embargo, la encuesta del IEP, realizada en diciembre del 2022, informa que un “83 % de las personas encuestadas considera que lo más conveniente es adelantar las elecciones generales y renovar a las autoridades actuales, mientras que solo un 13 % piensa que Dina Boluarte debe mantenerse y finalizar su gestión en el 2026”. (https://data.larepublica.pe/encuesta-iep-aprobacion-desaprobacion-peru-presidente-congreso-de-la-republica/) La situación del país está muy compleja, no hay salida en el corto plazo, el movimiento social y las protestas con ira va en crecimiento, se han deteriorado los argumentos y hemos perdido la capacidad de escucha.
Ante la magnitud y complejidad de la crisis social, económica y política actual que se expresa en las protestas y sus demandas explícitas, ante la actitud de la ciudadanía, cabe preguntarnos, ¿cómo y dónde aprendemos a ser ciudadanas y ciudadanos? ¿cómo y dónde aprendemos a ejercer una ciudadanía plena? ¿Por qué y para qué es importante la formación ciudadana? Consideramos que el actual contexto es una oportunidad para reflexionar y buscar respuestas razonables a estas interrogantes.
Al respecto, el presidente del Consejo de Ministros, el 10 de enero, planteó el tema de la educación ciudadana en la escuela durante el pedido del voto de confianza, dijo: “Va a regresar el curso de Educación Cívica, nuestros alumnos deben ser formados en valores ciudadanos y en el respeto y conocimiento de la constitución”. Un día después del discurso, aumentó la intensidad de la protesta en Puno donde murieron 18 manifestantes. Se sumó al pedido del premier el ministro de Educación, quien dijo que el civismo se inculcaría al estudiantado con “cosas sencillas” pero “significativas” como izar la bandera y cantar el himno nacional el lunes antes de clase. Si visitamos una escuela, veremos que dichas prácticas se realizan, pero ¿garantizan la formación ciudadana? ¿retomar el curso de educación cívica es la salida más pertinente?
Es más, el Proyecto Educativo Nacional al 2036: El reto de la ciudadanía plena (2020), plantea como primer propósito el siguiente: 1. asegurar que la educación de las personas en todas las etapas de la vida contribuya a construir una vida ciudadana, es decir, contribuya a la convivencia de sujetos que en una comunidad democrática ejercen con responsabilidad su libertad, de modo que logren vidas plenas y contribuyan a lograr un país justo y próspero; (p. 25).
Es decir que, los documentos educativos vigentes incluyen orientaciones para la formación ciudadana, no obstante, creemos que la educación ciudadana no se logra por decreto, ni puede reducirse a un curso o prácticas aisladas en la escuela. Es fundamental –entre otros– que cada persona desde su infancia y a lo largo de su vida experimente ser acogido no sólo por su familia sino por su comunidad local, regional y nacional para sentirse parte de la misma y desarrollar su sentido de pertenencia e identidad.
La educación ciudadana se aprende en las relaciones de convivencia, conociendo el sentido de las normas, participando de manera crítica, ejerciendo los derechos propios y respetando los derechos de los demás, ejercitando la capacidad de escucha, argumentando y deliberando los problemas y propuestas, promoviendo y ejerciendo los valores democráticos en la escuela y en la comunidad.
La escuela –como parte del desarrollo de esta educación ciudadana– tiene que involucrase en los asuntos públicos, por ejemplo, dialogar con los/as jóvenes sobre la postura de un sector de partidos políticos y medios de comunicación que no reconocieron el resultado electoral a la presidencia el 2021 y buscaron vacar a su contendor a menos de un año de gobierno. Igualmente es posible aprender derechos humanos, desde los sucesos de las protestas o sobre la experiencia del expresidente Pedro Castillo, que intento dar un golpe de Estado. Los jóvenes tienen que experimentar que dar un golpe de Estado y vivir en dictadura de derecha o de izquierda, es un delito que ciudadanos y ciudadanas no podemos tolerar.
Una condición importante para el ejercicio de la ciudadanía plena es que, las personas se sientan parte de la comunidad política, parte de la comunidad de la escuela y de la sociedad peruana. Otra condición es poder ejercer su ciudadanía en igualdad de condiciones de acceso que todas y todos tengan las mismas oportunidades de partida y que la diferencia social, económica, cultural y el lugar de origen no signifiquen desventajas.
Lamentablemente, somos una sociedad fragmentada, con un importante nivel de desigualdad de acceso a los servicios básicos, una sociedad que discrimina, que no ha sido capaz de otorgar un reconocimiento histórico a las comunidades andinas y amazónicas, una sociedad que mantiene aún privilegios para el acceso a la justicia y otros derechos.
Por lo tanto, tenemos el desafío de construir el sentido de pertenecía a una comunidad política que incluya a todos los peruanos y las peruanas para que la actuación ciudadana busque el bien común nacional.
Escribe: José Luis Carbajo, coordinador de TAREA en Ayacucho
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