El gobierno sigue dando muestra de su poco interés por la situación educativa de las mayorías, y por un programa de largo plazo en educación. Los decretos legislativos sobre educación (Nº 699, 700, 726 y 739) promulgados en noviembre, revelan que la perspectiva que parece guiar las propuestas de gobierno en este campo: es la de hacer funcional el sistema educativo a la política de liberalización de la economía, reducción de las responsabilidades del Estado y política de seguridad.

El D.L más polémico fue el 699, bautizado como el de la “privatización de la educación”, porque pretendía ceder en uso temporal escuelas del Estado (con infraestructura, mobiliario, plazas de personal docente y administrativo) a promotores privados. En su momento opinamos que no tendría efectos prácticos sobre los problemas que pretendían resolver, a saber; el financiamiento de la educación pública con la participación de la comunidad organizada, para ampliar la cobertura educativa y mejorar la calidad del servicio educativo; y la pacificación nacional, contrarrestando el adoctrinamiento ideológico del terrorismo en la educación básica y superior. Si bien compartimos los enunciados sobre cobertura y calidad, juzgamos que estas medidas no contribuirían a lograrlas. Las vías elegidas no eran las más adecuadas e incluso podrían ser contraproducentes.

La opinión pública no se adhirió a esta propuesta. Argumentos diversos y hasta antagónicos, fueron dados a conocer a través de entrevistas a especialistas (no así a padres de familia), editoriales en diarios, revistas, televisión y radio, y pronunciamientos públicos de diversas instituciones civiles como la Conferencia Episcopal, el SUTEP, las Universidades, la Federación de Estudiantes del Perú, el Foro Educativo, entre otros.

Las Cámaras Legislativas derogaron el D.L 699 y facultaron al Ejecutivo para elaborar un nuevo Anteproyecto de Ley de Participación de la Comunidad Organizada en el Servicio Educativo y Promoción de la Educación No Estatal, que norme los aspectos técnico pedagógico y financiero de la educacional nacional. Por ello consideramos útil analizar a esta iniciativa de privatización colectiva de la educación.

Las razones de los pobres
La población en situación de pobreza extrema en el país (12 millones de personas) sabe que sin el apoyo económico del Estado la educación de sus hijos se hace una responsabilidad difícil de sobrellevar. Aún estando la escuela pública muy desprestigiada, las mayorías mantienen la convicción de que es una vía necesaria para el progreso personal y social. Exigen por ello su acceso a la misma, pero carecen de criterios técnicos y políticos para demandar mejor educación al Estado. Frente a iniciativas como la que comentamos son una mayoría silenciosa.

A su búsqueda de igualdad y justicia los sectores populares han añadido, después de la experiencia del gobierno de García, una búsqueda de orden, pero dentro del marco de su lucha por igualdad y democracia. El orden pues para ser aceptado no debe traer aparejado la exclusión de las mayorías pobres de su acceso a los servicios públicos. Esta exclusión que puede pasar desapercibida en el terreno de la economía, es muy visible en el caso de la educación: significa quedarse fuera de la escuela primaria y secundaria, derecho que han demostrado saber defender. Recuérdese por ejemplo como en las últimas elecciones generales, el FREDEMO perdió respaldo cuando anunció como parte de su programa de gobierno la reducción de la gratuidad de la enseñanza al tercer grado de secundaria.

La cesión en uso de escuelas del Estado significaría creer que las asociaciones de padres de familia, cooperativas u organizaciones comunales podían demostrar la solvencia económica, exigida por el D.L, para administrar escuelas en condiciones de deterioro severas. Descontando a los padres de familia pudientes, que de seguro no optarían por hacerse cargo de alumnos y maestros no seleccionados de acuerdo a su marco axiológico, muy pocos padres de familia de sectores populares estarían en condiciones de convertirse en promotores, asumir los costos de una escuela y responsabilizarse de “la calidad de la prestación del servicio educativo” (Artículo 14, Título V del D.L 699). El entusiasmo inicial que surgió legítimamente entre algunos padres de familia de bajos recursos económicos, se basaba en la posibilidad de participar en las decisiones sobre la orientación de la escuela y poner orden el ella.

Los gobiernos locales ¿podrían entonces ser los promotores? Es por todos conocida la debilidad actual del Estado peruano en sus niveles central, regional y local. Los municipios de distritos populares no cuentan con los recursos necesarios para cumplir con las funciones educativas que la Ley de Municipalidades les asigna, ¿Cómo entonces podrían asumir las responsabilidades que implica tomar a su cargo escuelas en sus jurisdicciones?

La posibilidad que APAFAS y/o a gobiernos locales asuman progresivamente una parte significativa de los costos de la educación pública son pues mínimas.

Elevar, aunque mínimamente, la calidad del servicio educativo requiere de una fuerte inversión y por lo tanto, en primer lugar, de una firme voluntad del Estado para hacerla. Para un número creciente de padres de familia es claro que no es posible sustituir el gasto educativo que el país entero debe hacer en la formación básica de su población.

Tampoco existen bases objetivas para creer que surgiría una contingente importante de otro tipo de promotores (empresarios, cooperativas, colegios profesionales) dispuestas a heredar escuelas en mal estado. Quizás podría interesar a maestros cesantes o en ejercicio, que convertidos en empresarios educativos y organizados como personas jurídicas privadas, se decidieran a administrar estas escuelas.

Las razones de los empresarios
Desde un enfoque empresarial de la educación se esgrimieron otras razones para oponerse al decreto que lograron influir en la decisión del Senado de la Cámara de Diputados para pronunciarse por la derogatoria del D.L 699. La principal de ellas fue que el D.L no liberalizaba lo suficiente la educación, porque no entregaba a los promotores privados ni la propiedad de las escuelas ni la autonomía suficiente.

Las razones de los educadores
La principal inquietud de los educadores fue respecto a las mayores diferenciaciones que provocaría, en un sistema educativo ya bastante segmentado, la aplicación del D.L 699. Los más pobres serán desplazados a las escuelas más abandonadas del Estado, las que no aceptarían los promotores. Se propiciaba así una mayor elitización, profundizando las marcadas desigualdades que existen en la calidad y condiciones materiales de aprendizaje entre estudiantes de escuelas públicas y los de escuelas de gestión privada o no estatal pero subsidiadas por el Estado.

Al no estar en capacidad de pagar más altas pensiones de enseñanza –principal fuente de generación de ingresos para muchos de los posibles promotores- se excluiría a los más pobres, de las supuestas mejores a hacerse en las escuelas cedidas en uso ¿Más exclusiones en un país que es ya uno de los más desiguales del mundo?

Una segunda preocupación de los educadores fue que el D.L 699 considerase como candidatos a promotores a las Fuerzas Armadas. De hacerlo, la lógica militar de seguro impregnaría la práctica pedagógica de las escuelas bajo su administración (“las órdenes se cumplen sin dudas ni murmuraciones”). Esta lógica militar se contrapone a la pedagogía participativa y democrática que propiciamos muchos educadores como base para renovar la escuela pública y elevar su calidad y no aportaría al proceso de pacificación nacional.

En tercer lugar, el D.L no garantizaba el respeto irrestricto a la gratuidad de la enseñanza. Todos conocemos la incapacidad del actual Estado para supervisar a las escuelas públicas, ¿por qué confiar entonces que lo podría hacer con las escuelas “cedidas”?. Especialmente cuando el D.L no definía mecanismos para eliminar el ánimo de lucro que podría surgir en algunos promotores.

Por último surgieron dudas sobre la magnitud del ahorro que provocaría la medida en el presupuesto del Sector. En consecuencia el D.L no resolvía el problema de la cobertura de atención, equidad ni calidad en el servicio.

Responsabilidades del Estado y la Sociedad Civil
En conclusión, el gobierno no se había preocupado de presentar una propuesta de financiamiento de las escuelas bajo responsabilidad del Estado, principal promotor de la educación en el país. Sabiendo además que la educación pública es la única alternativa educativa para millones de niños y jóvenes, el ejecutivo había buscado una salida que no los consideraba, o por lo menos no especificaba cómo serían beneficiados con esta medida los que necesitan del apoyo estatal para educarse.

En el Perú como en la mayoría de países pobres y desarrollados, el Estado seguirá siendo el principal promotor de la educación. Esto no significa dejar de alentar la iniciativa no estatal en sus diversas formas. Lo que queremos decir es que en países como el nuestro con una economía débil, en recesión, un programa de ajuste estructural que ha deteriorado las condiciones de vida de las mayorías, y empresarios que no confían en el Estado, una iniciativa como la del D.L 699, no hubiera logrado voltear la tortilla, es decir modificar la proporción actual de participación no estatal en la educación básica (15% de gestión privada, 75% de gestión pública).

Debemos preocuparnos pues de formular alternativas en diálogo con autoridades y padres de familia, buscando vías que consideren la realidad de carencia de la mayoría de estudiantes.

Las posibilidades actuales de superar el estado de abandono de la escuela pública, dependen de una mayor y mejor participación del Estado y la sociedad civil organizada. Discutamos las implicancias de ceder la administración de escuelas del Estado a entidades privadas, reflexionemos con padres de familia y docentes ¿por qué el Estado de continua siendo el principal promotor de la educación pública? ¿qué relación existe entre una educación de calidad, el desarrollo sostenido y la democracia? y ¿cuáles son alternativas viable para financiar la educación con participación del Estado y de la ciudadanía?

Algunas propuestas para atender los problemas de financiamiento de la educación pública y contribuir a la pacificación desde la escuela, han sido lanzadas. TAREA publicó una ellas: “Derogatoria con Propuesta” elaborada por Gloria Helfer y un grupo de profesionales. Otros sectores de opinión también tienen propuestas.

Hay consensos que merecen destacarse y sobre los que debemos trabajar. La necesidad de reducir la evasión tributaria es uno de ellos. La meta de educación para todos a la que se ha comprometido el gobierno peruano, sólo tendrá viabilidad si el Estado dispone de fondos para sustentar la educación de los más pobres e iniciar la reducción de injustas y antidemocráticas desigualdades actualmente existentes. Todos los peruanos deberán tributar y más los que tienen. Esta medidas acompañada de una política de reactivación de la producción, puede ayudar a que las empresas se conviertan en fuentes de financiamiento de la educación pública. Que estas y otras políticas se apliquen en el país, es parte de nuestra lucha por democratizar la educación peruana.

María Amelia Palacios