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Proyectos con enfoque de derecho

Oposición a la cultura del favor y la caridad

José Luis Carbajo, presidente de Tarea

Un tema de preocupación de las agencias de cooperación, es identificar con claridad las transformaciones que van a producir los proyectos una vez culminado la intervención, en la vida de las personas, en las instituciones publicas y privadas, en las condiciones de vida de las comunidades, para atender y salir de la pobreza y para ejercer su ciudadanía.
Estos cambios en los últimos años han sido concertados para ser evaluados con indicadores que son parte de un marco lógico que tiene como referencia la línea de base de los proyectos y en marco de los acuerdos internacionales como son los Objetivos de Desarrollo del Milenio, Educación Para Todos EPT, etc.
Los indicadores y el marco lógico, son importantes para evaluar los proyectos, sin embargo estos proyectos se enfrentan a desafíos más complejos, porque se desarrollan en contextos políticos y sociales que se resisten a cambios más estructurales, lo que limita la sostenibilidad de los resultados en el mediano y largo plazo.
Estamos de acuerdo que los proyectos deben tener sus enfoques, metodologías e instrumentos y referentes de políticas internacionales para medir sus logros de proceso, resultado e impacto. Pero estos tienen que hacerse a su vez en deliberación con el contexto, con las políticas públicas, con las relaciones de poder, para que la incidencia del cambio trascienda los proyectos.

Incidencia e impacto en las políticas
En el 2005 un Grupo de Interagencias Británicas, promovió en tres países, Perú, Malawi y Bangladesh, estudios de casos comparativos de aplicación de proyectos con enfoque de desarrollo basado en derechos, con el propósito de producir evidencias sobre el valor agregado que éstos aportan a los procesos de desarrollo para dialogar con sus políticas de financiamiento y evaluación de los proyectos que vienen implementando en los países llamados en proceso de desarrollo.
En el caso peruano se estudiaron dos experiencias: PROPILAS, proyecto piloto de agua y saneamiento, conducido por CARE en Cajamarca y Promoción de la Participación Estudiantil para una Educación Democrática, conducida por Tarea en la Región Ayacucho.
Los proyectos estudiados están centrados en la formación ciudadana de líderes estudiantiles y el acceso al servicio del agua. Aparentemente son proyectos sectoriales que buscan atender a un sector social; los jóvenes y adolescentes y a las comunidades que no cuentan con el servicio de agua. Sin embargo, las propuestas han involucrado a gobiernos locales, a los adultos, a los medios de comunicación, a las autoridades de la escuela para poder conseguir sus resultados.
Un proyecto con enfoque de derecho tiene una intervención integral. Si hay la necesidad de formular proyectos con resultados concretos sectoriales como por ejemplo mejorar la calidad educativa o que la comunidad tenga agua, las estrategias de intervención tienen que ser, holísticas, en dialogo con los contextos locales y nacionales, para incidir no solo en el cambio de las personas, también en la comunidad política, para interpelar a las autoridades del gobierno y a la sociedad civil para que los derechos sean parte del estado y prácticas de la cultura y de las políticas públicas intersectoriales.
La incidencia de los proyectos en la vida de la gente y en las políticas, permite ir institucionalizando los cambios para darle sostenibilidad a los resultados en el mediano y largo plazo. Colocar los cambios en el campo de las políticas públicas permite visibilizar con mayor claridad los factores de exclusión y la voluntad que tiene los gobiernos para atenderlos, es colocar el tema de los derechos en un marco de justicia y equidad en el país.

Cambios en las personas y en las instituciones
Un proyecto con enfoque de derechos se plantea retos para incidir en los cambios de las personas, no solo en sus condiciones de vida, sino también en sus capacidades para que enfrente diversos desafíos, que lo haga participe de la construcción de una cultura democrática y de una ciudadanía activa para el ejercicio de sus demandas, estos aprendizajes que fueron señalados como impacto en las personas están vinculados a: la relación equitativa de genero, capacidad de asociarse y participar en las redes sociales, diversificación de sus medios de vida, capacidades técnicas, participación en la reducción de la discriminación, capacidad para tomar decisiones, e incremento de la voluntad para asumir riesgos.
Esta claro que si los proyectos se proponen modificar la lógica de gestión de las instituciones públicas y privadas, incidir en las políticas, tienen que impactar en las personas, empoderarlas en el ejercicio de su ciudadanía, pero también en el quehacer concreto para mejorar sus condiciones de vida. Si las personas están convencidas de sus derechos hay muchas mas posibilidades que los cambios sean sostenibles en el largo plazo.
La participación en el ejercicio de sus demandas en los espacios públicos, la movilización de los diferentes agentes de la comunidad, la concertación con las autoridades locales del estado, han sido claves en los resultados de los proyecto estudiados. La formación ciudadana ha sido un componente sustantivo para el ejercicio de los derechos.

Compromiso político en los resultados
Los proyectos necesitan un compromiso político. No se trata de opciones partidarias presentes en cada una de ellos. Un proyecto que tiene un enfoque de derecho, se compromete en el cambio de las personas y de la comunidad política, para garantizar una ciudadanía activa fundada en la cultura de los derechos, en la solidaridad, la justicia en oposición a la cultura excluyente del favor y la caridad.
Se busca el compromiso político, de los partidos del estado y la sociedad en la transformación del país, que los problemas sean vistos no solo como dificultades de la persona, de la familia, de la comunidad, de los líderes estudiantiles, sino como un problema social, de convivencia para construir un país democrático. Para ello ha sido clave que los dirigentes, las familias y los líderes estudiantiles se conviertan en un actor social con capacidad de movilización y voz pública, que interpela el poder político y a los distintos niveles de decisión del gobierno para el cumplimiento de sus demandas.
Los estudios de caso me han permitido remirar nuestra praxis, para ordenar los temas de agenda, o levantar interrogantes que siempre nos lo hacemos cuando elaboramos y evaluamos un proyecto, que busca establecer un diálogo transparente con los donantes y destinatarios para hacer mas inclusivo este país. Tal vez en esta búsqueda tenemos que abrirnos a la posibilidad de hacer más explicito el sentido de nuestro proyecto, para interpelar los proyectos políticos en curso que van en contra corriente con nuestras apuestas de cambio. (José Luis Carbajo, presidente de Tarea).