El 2009 termina con conflictos sociales irresueltos. En los casos en los que el Gobierno intentó afrontarlos, lo hizo de forma autoritaria, como en la tragedia de Bagua —con 33 fallecidos y asilo político de algunos líderes amazónicos—. Persisten los discursos que califican de “antisistema” toda protesta social; que fomentan acciones discriminadoras y que, en el fondo, defienden un modelo de desarrollo basado en la extracción de recursos naturales, que no cuida el medio ambiente y que ahonda la desigual distribución del crecimiento económico. Acompaña a esta política una alianza que va consolidando una clase conservadora con poder económico, ideológico y militar que actúa con impunidad ante la ausencia de una oposición política, pues los dirigentes sociales pueden ser detenidos y acusados porque el Gobierno, amparándose en decretos legislativos que criminalizan la protesta, puede encarcelarlos por defender sus derechos. El Gobierno ha olvidado que el conflicto, la diversidad y la diferencia son constitutivos de la convivencia democrática.

En otro escenario, los congresistas continúan debilitando la confianza y la credibilidad del Congreso, haciendo noticia no por las iniciativas legislativas sino por sus actos deshonestos y de defensa de intereses particulares, como se puede ver en el caso de la Universidad Alas Peruanas.

A los escandalosos comportamientos de los legisladores se suma el del Presidente de la República con el indulto concedido al empresario José Enrique Crousillat, ex dueño de América Televisión que vendió la línea editorial de ese canal por varios millones de dólares a la dictadura fujimontesinista. Estos hechos debilitan el sistema democrático y la lucha contra la corrupción; a decir del filósofo colombiano José Bernardo Toro: “La democracia es para todos. Para la democracia lo público es aquello que conviene a todos, de la misma manera, para su dignidad”.

En educación terminamos el año con políticas a las que se quiere dar continuidad sin una evaluación seria, como ocurre con la municipalización. Ratificamos nuestro desacuerdo con la municipalización de la educación en marcha y nos sumamos a la propuesta de conformar una instancia intergubernamental de descentralización en educación para que el papel de las municipalidades y los modelos de gestión local no se vean aislados del Gobierno Regional y del Gobierno Nacional. Otro tema urgente, y al que no presta atención el Gobierno, es la demanda de la sociedad civil para cambiar la nota 14 exigida para el ingreso a los institutos pedagógicos, pues impide que indígenas se formen como docentes especializados en educación intercultural bilingüe y puedan atender a las comunidades amazónicas y rurales a las que pertenecen.

Por otro lado, la implementación de la nueva Carrera Pública Magisterial (CPM) “ha sido un proceso enormemente accidentado, con una serie de inexplicables errores de procedimiento que han llevado a varias marchas y contramarchas en la confección del listado de postulantes aptos y a una desorientación total de muchos profesores”, como dice Hugo Díaz, vicepresidente del Consejo Nacional de Educación; además, se constata también incongruencia entre la remuneración ofrecida y la que se paga al docente que ya fue incorporado a la CPM. Urge encontrar puntos de encuentro para que la CPM tenga efectos positivos sobre los derechos de los docentes y la calidad de la educación.

En el tema del presupuesto del 2010, las municipalidades y regiones van a recibir el 20% menos que de lo que recibieron el 2009, mientras que Educación mantiene el 3% del PBI, pese a que la meta del Acuerdo Nacional y del Proyecto Educativo Nacional es del 6%.

Es en las regiones donde vemos avances en los Proyectos Educativos Regionales, como en Puno, que ha elaborado su Proyecto Curricular para la región y el presupuesto por resultados para mejorar aprendizajes, se ha movilizado para la contratación oportuna de docentes y para obtener una mayor inversión de los gobiernos locales en educación, entre otras medidas.

Finalmente, en relación con lo que queda del Gobierno aprista, las organizaciones e instituciones comprometidas con la educación necesitamos tomar una posición más firme respecto de las políticas educativas en marcha —como el Gran Colegio Mayor que empezará a funcionar el 2010 en Lima para estudiantes destacados de todo el país, que promueve el centralismo y desarraiga a los estudiantes de sus familias y comunidades—, y revisar los consensos políticos ya alcanzados para fijar metas concretas.

José Luis Carbajo