Revista TAREA

EDITORIAL TAREA Nº 96

El destape del soborno de funcionarios del gobierno a cambio de la concesión de grandes obras públicas a la empresa Odebrecht y el indulto presidencial a Alberto Fujimori –sentenciado a prisión por malversación de fondos públicos y delitos de lesa humanidad– indignaron a la población y precipitaron la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski a la Presidencia de la República el 21 de marzo de este año. Hechos tan flagrantes de corrupción en el poder estarían modificando la percepción ciudadana sobre los principales problemas que el Estado necesita enfrentar hoy. Según la X Encuesta Nacional sobre Percepción de la Corrupción en el Perú 2016/17 (Proética, 2017), la corrupción de funcionarios y la delincuencia son actualmente percibidos como los más importantes problemas públicos. Si bien el rechazo a la corrupción en la política se habría incrementado respecto a la medición del 2015, este avance se relativiza cuando conocemos que nuestra tolerancia a la microcorrupción sigue siendo significativa. Dos de cada tres encuestados piensan que los sobornos para acelerar trámites o evitar una multa no son negativos, porque si no se pagan “las cosas no funcionan”.

La corrupción es la negación de la ética pública. Estamos envueltos en una crisis de ética pública en nuestro país, pero ésta, como toda crisis, nos está haciendo bruscamente conscientes de la urgencia de dedicar esfuerzo, tiempo y recursos a la formación ética y ciudadana de la población. Lograr que la gruesa mayoría de ciudadanos considere inaceptable el uso de recursos públicos en beneficio privado no es una tarea de corto plazo. Exige la implementación de programas sostenidos de formación ética y ciudadana en todos los niveles de la educación y la participación de otras instituciones como la familia, los medios de comunicación, los juzgados, entre otros. Voluntad política y un plan concertado de formación para la ciudadanía son necesarios.

Esta edición contiene reflexiones de José Carlos Requena, Verónica Alvarado y Juan Carlos Pasco sobre esfuerzos por institucionalizar la lucha contra la corrupción en el sector Educación, de los que formaron parte. Yina Rivera, a partir de un caso de microcorrupción en una escuela rural, subraya la urgencia de tomar en cuenta los contextos culturales en la lucha contra la corrupción, y Rosario Jaramillo nos introduce en el Programa de Competencias Ciudadanas implementado por el Ministerio de Educación de Colombia.

Complementan el número estudios, propuestas y experiencias de educación ciudadana en el Perú. Fernando Llanos analiza los resultados de un estudio internacional sobre conocimientos y actitudes cívicas y ciudadanas de estudiantes de Secundaria. Lilia Calmet, Darío Ugarte y Eduardo León dialogan críticamente sobre las prácticas, enfoques y cambios requeridos en la formación ciudadana en la escuela. Leonardo Piscoya examina los aciertos y limitaciones de las Rutas del Aprendizaje en Ciudadanía, y Gustavo Shujman nos recuerda que formar subjetividades éticas y autónomas es una de las principales finalidades y tareas dela educación. Por último, Killa Miranda, Natalia Iguiñiz y Anabelí Pajuelo nos hacen partícipes de experiencias ciudadanas con niñas, niños, personas jóvenes y adultas realizadas en el ámbito de la escuela y fuera de ella, que han tenido éxito en propiciar la convivencia y el emprendimiento social, promover la deliberación y acción frente a problemas comunes y despertar la conciencia y solidaridad con las personas que sufren violencia y discriminación por razones de género.

El número también incluye un artículo de Nathan Nadramija que resume los hallazgos de una evaluación del diseño e implementación del Programa de Acompañamiento Pedagógico en escuelas multigrado, estrategia que se implementa en el país hace diez años y cuya continuidad viene siendo cuestionada por algunos actores en el sector.

La corrupción pone en riesgo los cambios que desde distintos sectores del Estado y la sociedad peruana se vienen impulsando en la educación pública –con marchas y contramarcas, es verdad– desde hace más de una década, cambios que son necesarios para acompañar otros como el fortalecimiento de la democracia y la lucha contra la pobreza y la desigualdad en nuestro país. De ahí la necesidad de implementar acciones y políticas públicas coordinadas para la lucha contra la corrupción y la educación ética y cívica dela población desde la familia, la escuela y todos los espacios públicos que se presten para este fin.